Hace 10 años, en 2016, se produjo un escándalo por una querella del Consejo de Defensa del Estado por delitos de corrupción, tras denuncias del en ese entonces diputado UDI Sergio Gahona, en contra de quien fuera secretario general de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), el abogado DC José Miguel Serrano Silva, y su jefe jurídico, Sebastián Pérez Torrejón. En marzo de este año, la Corte Suprema puso punto final al proceso absolviendo a Serrano, quien hoy ejerce como abogado. Pérez es presidente de NutreChile, la asociación gremial que agrupa a las empresas proveedoras del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la Junaeb.

En 2017, la Contraloría demandó al excoordinador de Compras y Contratos de la Junaeb, Nelson Hadad, y al ex jefe de su Departamento de Logística, Mauricio Olagnier, marido de la senadora DC Yasna Provoste, para la restitución de fondos por supuestas irregularidades con la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE).

En 2023, el exdirector nacional Cristóbal Acevedo -exDC y ex coordinador de campaña de la candidatura a diputado de Sebastián Sichel en 2009- acusó a la dirección de Junaeb de pagos irregulares a la concesionaria alimenticia Soser. En 2025, la acusación fue desestimada por la Contraloría.

Estos escándalos político-judiciales son sólo tres ejemplos de la controversia permanente que enfrenta la Junaeb, un ente bajo permanente escrutinio por acusaciones de corrupción. Las que, en general, coinciden con años especiales para el organismo: cuando debe realizar las mayores licitaciones de raciones alimenticias escolares.

Este año nuevamente se cumple la coincidencia: una acusación por corrupción que derivó en una acción penal. Tras una denuncia en mayo del actual director nacional de Junaeb, el republicano Fernando Peña, la fiscal Constanza Encina, de la Fiscalía Oriente, indaga presuntos delitos de fraude al Fisco, falsificación de instrumento privado, cohecho y lavado de activos por licitaciones en el PAE de la Región de O’Higgins adjudicadas a Soser, en una investigación que ha salpicado al ahora senador UDI Gahona, a su colega independiente Miguel Ángel Calisto, al exdiputado PC Hugo Gutiérrez y al conocido abogado Darío Calderón, expresidente de NutreChile.

Y entre septiembre y diciembre de este año deberá llevarse a cabo la mayor licitación del PAE de la historia, en la que participa Soser, y donde estarán en juego más de US$500 millones al año. Un botín que despierta apetitos empresariales y políticos.

Qué es el PAE

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) es el mayor negocio que tiene el Estado con privados, sólo comparable con el de la red de transporte público de Santiago. Le cuesta, según la Ley de Presupuestos, 1,2 billones de pesos (unos US$1.250 millones) al año al fisco.

Entrega 4,2 millones de raciones alimenticias diarias de desayuno, almuerzo, once, colación o cena, según corresponda, durante el año escolar a cerca de 2 millones de niños, niñas y adolescentes de los percentiles de vulnerabilidad 1, 2 y 3 del Registro Nacional de Hogares, que estudian en los cerca de 10 mil establecimientos educacionales adscritos al sistema, principalmente de carácter público y algunos subvencionados, desde sala cuna hasta 4° medio.

Cada licitación dura un periodo de tres años y abarca un porcentaje del total. Todos los años hay alguna licitación, con la idea de que coincida con un tercio aproximadamente de las raciones. Pero un descalce cronológico producido a fines de la década pasada obligó a que este año se licite el 50% del volumen total.

La Junaeb define en las bases de licitación las características de las comidas que pretende distribuir. Y ya adjudicada, mes a mes, aprueba una minuta de alimentación asociada a cada licitación.

Cada establecimiento, así, entrega su cocina a la empresa ganadora de la concesión por esos tres años, lo que significa que esta es responsable de utensilios, ollas, hornos, refrigeración, bandejas y bodegas para la conservación. El colegio tiene un encargado del programa PAE, normalmente un profesor designado por la dirección, quien no recibe remuneración por esta tarea.

El principal actor de este proceso es el manipulador/a de alimentos, aunque casi en su totalidad son mujeres. La Junaeb exige una manipuladora cada 75 almuerzos en escuelas y liceos, y una por cada 40 en los jardines infantiles de Junji.

Pero los concesionarios pasan y las manipuladoras quedan. Las bases obligan a que, aunque cambie la empresa encargada, se recontrate a las trabajadoras de la cocina. Por ello, muchas manipuladoras se sindicalizan para ejercer presión sobre las licitaciones.

Una empresa calcula que el 60% de los US$1.200 millones anuales del presupuesto corresponde a los salarios de las manipuladoras, que reciben un sueldo aproximado de $1,3 millones brutos de enero a diciembre, pese a tener vacaciones escolares en verano, dicen.

Cada establecimiento tiene una asignación de raciones según el estatus de vulnerabilidad de los niños, que por lo general equivale a un porcentaje de la matrícula. En las zonas rurales más pobres normalmente coincide con el número total de alumnos, pero en zonas urbanas corresponde a cerca del 30%.

Los establecimientos pertenecen a una zona geográfica denominada unidad territorial (UT). Existen 92 UT en Chile.

En el día a día, el profesor PAE del colegio, personaje clave del proceso, le señala a la encargada del casino el número de raciones necesarias, según la nómina de niños presentes y beneficiarios del sistema. Si quienes piden su comida son menos, la empresa asume eso como pérdida; si son más, la manipuladora debe preparar un alimento de urgencia. El encargado PAE debe al cierre de cada día registrar en un sistema informático cuántos niños asistieron al comedor.

En 2017, la Contraloría detectó deficiencias en este sistema. Ese año se intentó iniciar un plan de control biométrico en la entrega de raciones, que se exigió en las bases de las licitaciones hasta 2020. Pero nunca funcionó, pues el Consejo para la Transparencia (CPLT) y la Corte Suprema determinaron que esa obligación era ilegal, ya que vulneraba la privacidad de los menores.

El mal registro influye en otros beneficios sociales asociados al PAE: por ejemplo, hay becas o entrega de computadoras que van de acuerdo al número de niños registrados, por lo que existen incentivos perversos al sobrerregistro. Un concesionario cuenta que incluso se ha detectado en algún colegio más beneficiarios que alumnos matriculados.

Los actuales concesionarios

Actualmente, existen 22 concesionarias del PAE a nivel nacional, aunque son seis las que se llevan dos tercios del negocio, unos US$700 millones. Y todas han tenido al menos algún lío con la justicia.

La mayor es Salud y Vida S.A. (Savisa), perteneciente a Jaime Abumohor Gidi y los hermanos Andrés y Pablo Abumohor Nordenflycht, que debe servir casi 840 mil raciones diarias, el 20% del mercado. Estos Abumohor poseen también la empresa de factoring y leasing Coval Servicios Financieros, de la que fue gerente general el exdirector de Junaeb Cristóbal Acevedo.

En segundo lugar se encuentra Soser Servicios de Alimentación S.A., de Jaime Patricio Rey Cortés, que tiene a su cargo 750 mil raciones diarias (un 18% del mercado). La familia Rey Cortés está vinculada a este negocio desde 1979. Rey fue controlador del Terminal Pesquero Metropolitano y además es dueño de Inversiones y Créditos Ceres y de la exportadora de jugos de uva Jucosol. Hasta los años 90 fue socio de su hermano Juan Manuel en otra concesionaria de Junaeb llamada Distal. Soser es la empresa que está hoy en el ojo del huracán.

La tercera es Alicopsa, perteneciente a la familia Pentzke y que lleva 30 años en el rubro, debe entregar 650 mil raciones diarias (15%). Los Pentzke fueron dueños de la centenaria conservera Dos Caballos, declarada en quiebra a fines de 2019, con una deuda de US$70 millones.

Cuarto es el grupo uruguayo Fedir, con 620 mil raciones cada día (14%), que actúa bajo la denominación Merkén SpA. Pertenece al conglomerado Delibest, controlado por el uruguayo Augusto Philippe Wild Matalon y cuyo socio minoritario es el banquero estadounidense Nicolas Rohatyn. En 2018, Delibest fue objetada por las empresas del gremio Nutrechile, cuando se adjudicó el 80% de una gran licitación sin tener experiencia previa en el rubro en Chile.

Luego se ubica Hendaya Servicios de Alimentación, filial del grupo de Empresas Ipal, controlada por Kepa de Aretxabala y su familia. Entrega 450 mil raciones, o un 10%. En 2018 esta familia fue formalizada por apropiación indebida, contrato simulado y fraude procesal, luego de que un familiar que fundó Hendaya, Pedro Arrivillaga, los acusara de desviar fondos de una sociedad en común. El caso terminó en 2022 con la decisión de la fiscalía de no perseverar.

Y la sexta es Aliservice, con 350 mil raciones, o un 8%. Pertenece a Luis Alberto Yapur Nicholls, que también ha controlado a otras concesionarias como Distribuidora Las Lagunas y Tekarera, y ha protagonizado varias polémicas. En 2021, fue objeto de una querella de Fedir por falsificación y uso malicioso de instrumento privado por supuestamente haber elevado artificialmente sus estados financieros para adjudicarse la licitación de ese año. En septiembre de 2025, la fiscalía decidió no perseverar. En 2020 Las Lagunas fue sancionada y multada por la Junaeb debido a fallas críticas en la entrega del servicio alimenticio.

Los otros 16 concesionarios tienen participaciones de hasta 1,6%.

Los que pierden en la licitación

La Junaeb está esperando que la Contraloría tome razón de las bases para echar andar la megalicitación de fin de año, que reemplaza a la de 2023.

Según el director nacional, Fernando Peña, nombrado por el presidente José Antonio Kast sin pasar por Alta Dirección Pública y quien cambió a todos los jefes de programa del servicio cuando llegó, las nuevas bases contarán con algunos cambios.

“Los desafíos (del PAE) son mayor transparencia, trazabilidad y seguimiento de los contratos, mayor competencia, y fortalecimiento de los procesos de control, como certificación, cobro de multas y liquidación de contratos a tiempo”, dice Peña.

Entre los cambios previstos en las bases se pretende reforzar el proceso de certificación, es decir, de registro de las raciones servidas, y modificar el proceso de notificación de incumplimiento y el modelo de multas. Todo con el fin de ampliar la competencia y que entren nuevos actores.

Para el proceso de certificación, probarán un programa piloto de conteo de bandejas con una cámara asociada a Inteligencia Artificial, para evitar problemas de privacidad.

En cuanto a fiscalizaciones y multas, Peña reclama que es necesario un nuevo marco, dado que las empresas reciben multas, pero no las pagan. “Existen más de $200 mil millones en multas impagas a los concesionarios”, reclama.

Estos antecedentes debieran pesar en la licitación a la hora de calificar el Indice de Comportamiento Contractual (ICC) de las licitantes. Debieran, pero en las licitaciones de los últimos 10 años no han pesado tanto, pues las mismas incumbentes siguen ganándolas.

Ahora, la licitación de fin de año es tan grande que todas las incumbentes mayores tienen algo que perder.

La que más arriesga es Hendaya, del grupo Ipal, pues todas las raciones que entrega entran a la subasta. La segunda más expuesta es Salud y Vida, de los Abumohor, que tiene en juego dos tercios de su negocio. La controvertida Soser arriesga más de la mitad de sus raciones. Y Alicopsa, 4 de cada 10 servicios.

Ahora, como ocurre en cada licitación, es esperable que haya impugnaciones administrativas y recursos judiciales para revertir sus resultados, admitieron todos los consultados. Es que hay mucha plata en juego.