Un fallo de la Corte Suprema argentina, amigable con el Gobierno de Javier Milei, podría convertirse en un búmeran en su contra. El martes pasado, la máxima instancia judicial eliminó los límites para que particulares y empresas extranjeras puedan comprar tierras en el país y revivió así una discusión que el Gobierno ya había dado por perdida cuando intentó avanzar con esa iniciativa por la vía del Congreso y no lo consiguió. Ahora, la resistencia de la oposición política y de la sociedad se reactivó, pero maximizada: ya no está dirigida contra el artículo 154, que estaba suspendido por una cautelar y la justicia puso en vigencia, sino que busca voltear el decreto que lo contiene, mucho más extenso.

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