Sembrar la tierra, cuidar del ganado, sostener a familias enteras y garantizar que la comida llegue a las mesas de las grandes ciudades. Esa es la jornada diaria de millones de mujeres en el campo, una labor titánica que ocurre en el más absoluto anonimato. Solo cuando llega octubre, el discurso oficial se acuerda de ellas para llamarlas “guardianas de la seguridad alimentaria”. Detrás de esa narrativa romántica, se esconde una realidad sistemática de derechos vulnerados, violencias normalizadas y un aislamiento estructural que la sociedad sigue prefiriendo ignorar.

Hablar de la mujer rural es hablar de una constante transgresión a sus derechos fundamentales. El primero de ellos, y quizás el más invisible, es el derecho a la propiedad de la tierra. Aunque representan una parte sustancial de la fuerza laboral agrícola global, apenas una mínima fracción posee títulos de propiedad sobre las parcelas que siembran. Sin tierra a su nombre, se les niega el derecho al desarrollo económico, quedando excluidas de créditos bancarios, apoyos estatales y tecnologías. A esto se suma la vulneración al derecho a una remuneración justa. La brecha salarial en el campo es abismal, y gran parte de su jornada se diluye en un extenuante trabajo de cuidados y del hogar que es completamente gratuito y no reconocido.

Esta dependencia económica forzada es el caldo de cultivo ideal para que florezcan diversos tipos de violencia cotidianas que la comunidad asimila como “costumbres”. En los entornos rurales, la violencia patrimonial y económica está completamente normalizada, el hombre suele controlar los ingresos familiares, relegando a la mujer a una eterna minoría de edad financiera. Asimismo, la violencia psicológica y física intramuros encuentra complicidad en el aislamiento geográfico. Cuando la fiscalía o el centro de ayuda más cercano quedan a horas de distancia en caminos de terracería, denunciar no es una opción real, sino un peligro latente.

La falta de oportunidades perpetúa este ciclo. El destino de muchas niñas rurales parece trazado desde el nacimiento, deserción escolar temprana, matrimonios o uniones forzadas a edades precoces y una maternidad obligada. Es aquí donde la educación emerge como la única herramienta real de empoderamiento. Cuando una mujer rural accede a la educación formal, rompe el determinismo geográfico. Aprender a leer, escribir, conocer sus derechos jurídicos y adquirir habilidades técnicas no solo transforma su autoestima, sino que dinamiza la economía de su entorno directo. Una mujer educada exige sus derechos, diversifica sus ingresos y educa a sus hijas bajo una lógica de libertad, no de sumisión.

El empoderamiento es imposible si la vida misma está en riesgo. Precisamente ahora, en el marco de Octubre Rosa, el mes dedicado globalmente a la sensibilización sobre el cáncer de mama, la brecha de salud se vuelve intolerable. Mientras en las urbes se promueven mastografías y chequeos preventivos masivos, miles de mujeres rurales carecen por completo de acceso a revisiones periódicas ginecológicas.

Para ellas, la salud sexual y reproductiva es un lujo inexistente. La escasez de clínicas comunitarias equipadas, la falta de personal médico especializado y las barreras culturales, muchas veces alimentadas por el machismo de sus parejas que les prohíbe ser exploradas, las colocan en una situación de vulnerabilidad extrema. Las enfermedades no discriminan, pero las oportunidades de sobrevivir cambian drásticamente según el lugar donde se nazca. La detección en etapas avanzadas por no haber tenido nunca una consulta médica o una citología es una sentencia evitable que sufren, en silencio, las mujeres de la tierra.

Garantizar la dignidad de la mujer rural no puede seguir limitándose a la fotografía de un día al año. Exige financiamiento directo, reformas agrarias con perspectiva de género, descentralización de los servicios de salud y la destrucción de los mitos que normalizan su opresión. Hacer valer los derechos a la mujer rural no es un acto de caridad, es saldar la deuda histórica más urgente que la sociedad tiene con quienes, a pesar de todo, siguen sosteniendo la vida.

Juntas y juntos impulsemos un cambio real que transforme el aislamiento en igualdad, la vulnerabilidad en derechos y las promesas en oportunidades reales para todas las mujeres del campo.

Jennifer Islas. Política , feminista y conferencista.

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