Este jueves se cumplieron exactamente dos años desde que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, tras una serie de postergaciones, formalizó a los otroras Altos Mandos de Carabineros por su presunta responsabilidad por omisión en vulneraciones a los derechos humanos durante el estallido social de 2019.
En esa ocasión, y tras cinco años de investigación, el entonces fiscal metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, junto a la fiscal jefa de Alta Complejidad, Ximena Chong, formalizaron por los eventuales delitos de apremios ilegítimos por omisión a los exgenerales directores de Carabineros, Mario Rozas y Ricardo Yáñez, además del exsubdirector Diego Olate.
Pero a dos años de aquel 1 de octubre, en dicha causa lo único que no ha variado son los imputados, querellantes y defensores, dado que ambos persecutores ya no están en la investigación en donde se imputan 229 hechos en contra de 228 víctimas.
El primero en dejar la causa, dado el término de su periodo como fiscal regional, fue Armendáriz. Pero durante los últimos días causó sorpresa entre algunos de los querellantes el hecho de que la fiscal Chong también saliera del caso.
La silenciosa salida
El pasado 9 de abril, Jacir asumió como el nuevo fiscal regional Metropolitano Centro Norte. Su llegada, como era de esperarse, generó cambios al interior de esa repartición pública. Uno de esos cambios, fue que Chong dejó de integrar el equipo de Alta Complejidad, el que ahora se denomina Fiscalía Anticorrupción e Investigación Especializada.
Tras salir de esa unidad, la persecutora se integró al equipo de la Fiscalía Local Centro Norte, repartición en la que actualmente se desempeña como adjunta y que lidera la fiscal Macarena Cañas.
El movimiento de piezas en la Centro Norte implicó que Chong ya no integre el equipo persecutor de la causa de Altos Mandos, la que por el Artículo 19º de la Ley Orgánica del Ministerio Público, está bajo la dirección de la Fiscalía Regional Centro Norte, la que radicó el trabajo en la repartición que antes encabezada Chong y que ahora está en manos de la fiscal Alicia Ascencio.
Si bien lo ocurrido ha sido visto como un movimiento natural dado el traslado de Chong, la situación ha generado sorpresa en algunos querellantes del caso, dado que no es un cambio que se esperaba a raíz de la magnitud y complejidad de la causa, más aún cuando se encuentra en su recta final.
Conocedores del asunto explican que tras la salida de Chong del equipo de Alta Complejidad, igualmente se mantuvo a cargo de la indagatoria por un tiempo acotado. Sin embargo, durante los últimos días la profesional dejó de encabezar las diligencias y a la causa solo le restan apenas 100 días de investigación antes de un posible cierre.
Fuentes del Ministerio Público explican que pese a la salida de Chong -quien encabezó desde 2019-, la indagatoria sigue radicada en el fiscal regional quien a su vez trabaja con el equipo que ahora lidera Ascencio.
La abogada querellante Karinna Fernández, comenta que “esta es una causa de especial envergadura por la violencia estatal de 2019. Tres generales en retiro están formalizados por omisiones de apremios ilegítimos perpetrados contra cientos de personas”.
“He solicitado formalmente una audiencia al nuevo fiscal regional y no he recibido respuesta alguna. Tampoco hemos sido convocados de oficio ni se nos ha informado qué fiscal adjunto y qué equipo tienen hoy la conducción operativa del caso. La debida diligencia en casos de graves violaciones de derechos humanos no es un trámite, exige un Ministerio Público que actúe de oficio, informe y dialogue con las víctimas”, añadió Fernández.
“En octubre, un mes especialmente duro para los sobrevivientes y las familias, el silencio institucional pesa más”, concluyó la abogada querellante.
