El Golfo de México, una de las joyas ambientales del país, está en una encrucijada. El futuro del Mar de Cortés y su ecosistema depende de un megaproyecto gasero que una serie de empresas de Estados Unidos quiere desarrollar en sus costas. Las tres terminales de licuefacción planeadas se enfrentan a un grupo de organizaciones ambientales que no quieren que el “acuario del mundo” se convierta en un puente estratégico entre el gas natural de Texas y los mercados de Asia. Días después de que EL PAÍS revelara que el Gobierno federal había cedido 36 hectáreas de mar a uno de estos proyectos, Amigo LNG, otra investigación periodística, esta de N+ Focus, contó que en 2022 el Estado de Sonora les había dado otras 54 hectáreas tierra adentro en la costa de Guaymas. Un total de 90 hectáreas para una instalación que arrastra varias controversias sobre sus autorizaciones ambientales por parte de las autoridades mexicanas. Desde entonces, el Gobierno federal y el de Sonora se han enredado en quién y cuándo aprobó esta instalación y cuál de ellas es el responsable de estas cesiones para su construcción.

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