SEÑOR DIRECTOR:
Mientras avanza en el Congreso el proyecto sobre Reglas de Uso de la Fuerza y el gobierno negocia una nueva reforma constitucional en seguridad, una de las principales asociaciones criminales del continente, el Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil, es descubierto operando en Chile. Como brasileña y experta en crimen organizado, conozco de cerca el riesgo que representa. Espero que las autoridades y la sociedad chilena actúen para evitar que el PCC o variantes nacionales se arraiguen.
América Latina ofrece un mapa de errores que Chile no debería repetir: concentrar la persecución en delitos menores, como el menudeo de drogas, sin afectar el poder económico de los grupos; sostener operativos policiales cada vez más costosos y letales, sin reducir su poder territorial; y expandir la población carcelaria mientras se pierde el control de lo que ocurre dentro de las cárceles. Los liderazgos de los mayores grupos criminales de Brasil están presos, pero operan y reclutan desde la cárcel a quienes reemplazan a los que mueren.
La acción policial tampoco es el único remedio frente a grupos armados. Chile debe fortalecer la confianza social en el Estado, para que las personas sigan recurriendo a sus instituciones, y no a bandas criminales, cuando enfrentan problemas comunitarios. Tampoco se debe dar carta blanca a agentes armados del Estado: con mucho poder de fuego y sin control, pueden terminar creando sus propias organizaciones criminales, como muestran Los Zetas en México y las milicias en Río de Janeiro.
Chile tiene una ventaja: tiempo. Estos grupos aún no controlan territorios ni poblaciones, ni tienen el poder político y económico que alcanzaron en Brasil, Colombia o México. Conviene usar esa ventaja antes de que se agote.
Ana Paula Pellegrino
Profesora Asistente de la Escuela de Gobierno de la UC
