El 6 de octubre, una circular de la Conapesca informó a las federaciones de pescadores de San Felipe y el Golfo de Santa Clara que el área de protección de la vaquita marina y la totoaba pasaba de 11 mil 106 kilómetros cuadrados a mil 562. El Diario Oficial publicó después el acuerdo de la Semarnat que lo formaliza. El mar no se movió ni la vaquita se mudó, pero cambió fue el mapa, y con él la frontera entre lo que el Estado protege frente a lo permitido, convirtiendo así en legal una inmoralidad que de por sí tenía deficiencias de cumplimiento porque el personal de la Marina es limitado para la gran extensión de la zona. Se eliminó el 86 por ciento de protección del polígono, justo cuando arranca la temporada de camarón y por dinámica de pesca, las redes pueden atrapar a los pocos ejemplares que se han salvado de la extinción para finalmente, llevarlas al desenlace mortal.

Nadie sensato niega que los pescadores del Alto Golfo viven de un oficio duro, en una región donde el Estado ha ofrecido más promesas que alternativas y que de hecho, desde 2024 enfrentaron medidas desfavorables. La compensación económica, la reconversión hacia artes de pesca sin riesgo para los cetáceos y la vigilancia efectiva han sido, durante años, deudas del gobierno antes que de las comunidades. Pero que una deuda esté impaga no justifica cancelar la obligación que la originó. Si el costo de proteger a la vaquita nunca se asumió como política pública, la respuesta honesta sería asumirlo, no abolir la protección.

La vaquita se ahoga en redes de enmalle que no están hechas para ella. Es captura incidental pues en realidad nadie la busca y, por eso mismo, la red no distingue. Las agalleras, además, sirven al tráfico de la totoaba, cuya vejiga natatoria se cotiza en el mercado negro asiático que justamente, ha sido la especia que atrajo al crimen organizado para incorporarse a esta actividad. Las economías del camarón y la del contrabando comparten el mismo instrumento letal y explotan a seres vivos de maneras crueles pues las camarones hembra son mutiladas de los ojos con fines reproductivos. Reducir el área donde esas redes están prohibidas equivale a ampliar la superficie donde por ende, la pesca agresiva está permitida e implícitamente significa que el Estado renuncia a distinguir entre ambas. Los monitoreos más recientes hablan de un puñado de ejemplares, dicen que hay menos de diez. Con una población así, cada muerte puede ser la que vuelva irreversible la extinción.

Lo preocupante es que en realidad parece una declaración de darse por vencidos, como una derrota respecto de disposiciones que nunca se cumplieron a cabalidad. La prohibición vigente desde septiembre de 2020 estaba más en el papel que en el agua porque las amplias zonas sin patrullaje marino permitieron que la práctica continuara de forma clandestina. La conclusión razonable de una norma mal aplicada es aplicarla mejor, no derogarla en proporción a su incumplimiento. El hecho es que hoy se responde a la ilegalidad reconociéndole territorio legal y dejando el precedente de que la desobediencia a la ley es un extraño “método de reforma”. Es una pedagogía perversa en términos de incentivos porque enseña a cada comunidad que la regla se negocia presionando hasta que ceda y que si la ley se viola lo suficiente para hacerlo parecer costumbre, es legítimo terminar hasta con los derechos de otras especies, como con el más básico que es el derecho a existir y hacerlo en su hábitat natural.

México ratificó el Acuerdo de Escazú, que entró en vigor en 2021 y que incorpora entre sus principios la no regresión y la progresividad en materia ambiental. Un Estado que reduce más de ocho décimas partes de una zona de protección sin una justificación científica pública y robusta tiene un problema serio con ese principio. Escazú exige además información ambiental accesible y participación pública significativa en las decisiones que afectan al entorno, no un aviso a las federaciones de pescadores. Habría que saber qué evidencia respalda las nuevas coordenadas, quién la evaluó, qué voces fueron consultadas y cuáles quedaron fuera. La Constitución, por su parte, reconoce en su artículo 4 el derecho a un medio ambiente sano. Es difícil sostener que ese derecho se honra cuando se achica el santuario de una especie al borde de la desaparición. No afirmo que el acuerdo sea inválido, eso lo dirán los juzgadores (si es que admiten algún amparo con interés jurídico difuso). Afirmo que quien lo emitió debe una explicación, y que hasta ahora lo que existe es un trámite. Peor que eso, la justificación que han dado se relaciona a las condiciones que enfrentan los pescadores, siempre con esa molesta técnica de “luz de gas” (gaslighting) sugiriendo que lo que dice el acuerdo publicado en el DOF no es lo que en realidad significa, pues según el gobierno federal, aunque el acuerdo permita la pesca agresiva en zonas del Golfo de California supuestamente seguirán protegiendo a la vaquita marina.

El nuevo polígono concentra la vigilancia donde habita la mayoría de los animales supuestamente. Dicen que la prohibición se mantiene en la zona efectiva. Pero esa hipótesis exige datos de distribución, capacidad real de inspección y un plan de monitoreo que la sostenga, y nada de eso acompañó el anuncio. Una medida de conservación que llega sin evidencia, en vísperas de la temporada de pesca, se parece demasiado a una concesión. Digamos que la vaquita marina representa al pueblo de Palestina y el acuerdo del DOF es una acción típica del Estado de Israel que con un plumazo les ha quitado más del 80% de su territorio. Si es que esas vaquitas marinas se adentran en el territorio desprotegido que antes era “suyo”, morirán. En el mar no hay estrados ni prensa por lo que nadie les pudo siquiera notificar.

Cuando la última vaquita muera, nadie firmará el acta de defunción ni habrá circular que lo anuncie. Seguramente no nos vamos a enterar y en cualquier momento, la vaquita marina se convertirá en un emblema de marketing político pintado en bardas, con suerte, mascota de algún evento deportivo internacional o emblema turístico local. Ironías.