“18 detenidos que quizás si hubiésemos esperado cinco años más, o no nos hubiésemos percatado de esto ahora, habríamos tenido un nuevo flagelo, como nos ocurrió con el Tren de Aragua”.
Las palabras del fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, el lunes fueron claras: el Ministerio Público y la PDI atacaron una incipiente célula del Primer Comando Capital (PCC), originaria de Brasil, antes de que sus tentáculos comenzaran a expandirse.
En una actividad en conjunto, en la que también participó el ministro de Seguridad, Martín Arrau, las autoridades comunicaron que, de los detenidos, 13 estaban ya en la cárcel y otros cinco fueron aprehendidos en domicilios.
El jefe nacional contra el Crimen Organizado de la PDI, prefecto inspector Erick Menay, lo catalogó como “un procedimiento histórico”. Dicha organización criminal no solo es una de las más peligrosas en Brasil sino que también del continente y figura en el radar de los investigadores desde al menos 2022.
Fue justamente ese año cuando el OS7 de Carabineros entregó un informe al Ministerio Público con el perfilamiento de la banda. Había un grupo de imputados de los cuales se sospechaba que tenían vínculos con Brasil. De hecho, en las conclusiones del equipo investigador de drogas de Carabineros se consignó que Chile aparecía en el horizonte del PCC para abrir sus negocios ilícitos.
Eso sí, pese a la premura que aludió el fiscal regional, la banda ya estaría “bautizando” a delincuentes chilenos para ir ganando territorio ante la competencia de otras bandas. Entre ellos, está Francisco Javier Rivera Galaz, alias el Francis, imputado por el crimen del carabinero Alejandro Ortiz en Renca. El paradero del Francis hoy es desconocido pese a que sus otros dos compañeros de delitos ya cayeron presos.
El informe del OS7
Por esos años, el informe del OS7 toma como antecedente inicial la detención de nueve sujetos, chilenos y brasileños, que fueron identificados por sus nombres y apodos delictuales.
Eso sí, no en todos se logró la identificación completa: Juan Bayron Nataly Santander, alias Pelado; Eduardo Ignacio Videla Martínez, alias Nacho; Brayan Eduardo Eugenio, el Brayan; Álvaro Enrique Año Parada, el Toto; Lucas de Oliveira Santos, apodado Chileno y Neguinho Lucas; Luis Quintero, alias Luisito; Robinson Romo Varas, el Chapo; José Luis Casonis, el Cocha; Izaque Antonio, el Guatón Izaque. Y por último un sujeto que solo identificaron como “Nano”.
De acuerdo a los antecedentes policiales, el grupo operaba así: captación de sujetos con un respectivo perfil criminal y reclutamiento mediante un pago de $700 mil mensuales aproximadamente como membresía para el PCC. Con esos dineros el grupo podía proporcionar armas, vehículos y casas de seguridad. Y junto a ello, aumentar el patrimonio del grupo.
Uno de los primeros delitos que identificó el OS7 fue una quitada de droga en la Región Metropolitana, conocida como “la mexicana”, en la que participó el Cocha. El sujeto se movió por Lampa, Cerro Navia y Estación Central. Esas quitadas de droga son parte de los delitos iniciales con los que las bandas criminales van ganando espacio, sostienen quienes conocen de estos temas.
Junto a eso, el informe dice que lo que hacían era movilizarse fuertemente armados, con pistolas, revólveres y escopetas, buscando “potenciales objetivos criminales”. Un punto que llamó la atención de los investigadores fue que la banda no se manejaba de manera jerarquizada sino más bien horizontal. Al menos en territorio local lo hacían para coordinarse, comunicarse y ejecutar delitos. Esto para los policías fue “un modo criminal innovador”.
Allí apareció otra figura llamativa en el informe: la de la “subcontratación” de sujetos que proporcionen labores de coordinación entre chilenos y brasileños, y así dificultar los procesos investigativos. Ahí es donde aparecía el PCC, especialmente para trabajos de resguardo de imputados.
En esa investigación de 2022 se incautaron varias armas, como una escopeta, una pistola, un rifle y varios cartuchos, un vehículo y dólares.
El informe concluyó que los imputados chilenos mencionados en la investigación ya se estaban vinculando con el PCC. “Chile podrían ser un país de interés criminal organizado y violento para una facción o ‘sintonía’ del PCC, considerando la externalización o subcontratación para la ejecución de delitos violentos urbanos (robo con intimidación), pero de igual modo, búsqueda de nuevas rutas tanto para el tráfico de drogas, de armas de fuego y el contrabando”, dice el documento.
“Los hallazgos de los resultados operativos de esta Repartición Especializada, a partir de los antecedentes desarrollados precedentemente, demostrarían que miembros del ‘Primer Comando de la Capital’, brindarían ‘servicios criminales’ a otras organizaciones criminales nacionales mediante el pago de una cuota mensual o membresía ($700 mil)”, se agrega en las conclusiones.
Justamente estos “servicios criminales” podrían ser los que buscaba Francisco Javier Rivera Galaz y así evadir a la policía por el crimen del carabinero.
