En el pleno del comité central del Frente Amplio, realizado el 12 de septiembre, la directiva saliente, encabezada por Constanza Martínez, presentó su cuenta pública para iniciar formalmente el periodo de la diputada Gael Yeomans, quien ganó las elecciones de agosto.
La exposición que ese día hizo por Zoom el tesorero saliente de la colectividad, Yerko Cortés, ratificó una verdad incómoda para el partido que integra el expresidente Gabriel Boric: las cuentas están en rojo y las deudas crecen.
El Servicio Electoral aún no aprueba el balance 2024 y tras las observaciones a la rendición 2023 el organismo autónomo determinó que el FA debía reintegrar $ 170 millones para liberar los aportes del Estado. De esos, solo se han logrado pagar $ 70 millones.
La crisis financiera se siente de manera muy concreta en el partido de calle Esmeralda, al punto que los miembros de la directiva no han recibido sueldo en los últimos cinco meses.
Carrera por la sobrevivencia
El caso del FA no es aislado. Además de este, actualmente el Partido Republicano, el Partido Comunista, el Partido Radical y el Partido de la Gente no están recibiendo aportes estatales por el rechazo a sus balances contables, y al final del camino, si persisten en esta línea, están bajo el riesgo de disolución.
Son las colectividades rezagadas, pues inicialmente, en enero de este año, la entidad electoral rebotó el balance de 14 de los 24 partidos formalmente constituidos. Hoy, según confirma el Servel, hay cinco colectividades que lograron regularizar su situación este año y ahora están habilitados para recibir fondos del Estado: la Democracia Cristiana (DC), Evolución Política (Evópoli), el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Liberal y la Federación Regionalista Verde Social (FREVS).
Frente a la crisis, cada uno de los partidos en problemas ha desplegado intensas gestiones para salir a flote. En Desde la Redacción de La Tercera, el timonel del PC, Lautaro Carmona, lo graficó claramente al sintetizar que los partidos están en una “batalla de sobrevivencia”.
A todos les urge resolver sus cuentas, sobre todo porque el 2027 está a la vuelta de la esquina y es clave contar con recursos para enfrentar las elecciones municipales y de gobernadores del 2028.
Las platas políticas
Los partidos reciben recursos del Estado a través de la Ley 18.603 Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, la cual establece que cada colectividad obtendrá montos de acuerdo a la última votación obtenida en la elección a la Cámara de Diputadas y Diputados.
A modo de ejemplo, para este ciclo de cuatro años el Estado -a través del Servicio Electoral (Servel)- repartirá $ 14.877.496.046 entre las colectividades, los que se usan para cubrir los costos administrativos, como arriendo de sedes, pago de funcionarios y realización de eventos políticos.
En vista de que aún no han saneado sus balances, el PC no está recibiendo el aporte trimestral que le habría correspondido de $ 228.819.103, ni el Frente Amplio el monto de $ 316.058.830.
El Partido Republicano -la colectividad que fundó el Presidente José Antonio Kast-, a su vez, tiene vedado su aporte trimestral de $ 516.237.767 y el Partido de la Gente, sus $ 471.028.737.
No todos enfrentan la crisis en igualdad de condiciones. El FA, por ejemplo, al ser un partido nuevo y sin patrimonio, depende exclusivamente de los fondos estatales. Se suma a eso un hecho no menor: que sus militantes dejaron los cargos del Estado que les permitían acceder a remuneraciones altas y, por ende, aportar más al partido.
El PC, en tanto, aún mantiene propiedades a las que echar mano, pese a que en 2016, con la entrada en vigencia de la nueva ley de partidos, vendió más de 200 inmuebles. Aun así su situación es crítica, pues todavía busca sanear su balance de 2023 y 2024.
Durante los últimos días todas las colectividades en problemas redoblaron sus contactos con el Servel para intentar regularizar su situación.
“Lo que se realiza son reuniones específicas, solicitadas por los partidos políticos, para tratar y analizar determinadas observaciones, las que se encuentran detalladas en los respectivos informes de revisión de balances”, dice el Servel.
Las colectividades recibieron un informe preliminar en el que se les indica el gasto específico que les fue rechazado.
En el caso del Partido Republicano hubo una gran cantidad de documentos contables que faltaron, además de pasajes cuestionados; para el caso del PC hubo observaciones sobre un gasto de un proveedor que, a su vez, es trabajador del partido, y al PDG se le reclamó por documentación faltante.
El Artículo 33 de la Ley Orgánica establece que los aportes solamente pueden ser retenidos por tres trimestres, y si la colectividad no aprueba su balance no serán distribuidos.
Pero, además, hay un problema adicional para algunas colectividades: la ley determina que “si al término del año calendario el partido no justificare los gastos para los cuales destinó los recursos obtenidos”, vencido el plazo “obligará al partido a restituir los fondos no justificados”.
El Servel dice que al Frente Amplio le corresponde reintegrar $103.590.306, mientras que al PC le toca devolver $31.561.822.
El FA
La escasez de recursos obligó a la nueva mesa del FA a desplegar una estrategia de emergencia para cubrir los gastos operativos del partido.
Así, lo primero que se definió fue reforzar el cobro de cotizaciones de sus militantes. Antes de que terminara el gobierno de Boric la tesorería del partido advirtió que incluso las autoridades con altos sueldos en cargos del Estado estaban siendo esquivas para pagar.
El proceso derivó en 150 militantes sancionados. En el lote se contaron hasta algunos seremis.
Luego de eso, la mesa directiva activó un intenso plan para pedirle a la militancia con más recursos que adelanten sus cotizaciones para poder avanzar en los pagos de la deuda con el Servel. En ese grupo se considera a los senadores, diputados, alcaldes y otras figuras, como exautoridades del gobierno de Boric.
EL PC refuerza equipo
En el PC, Lautaro Carmona optó por reformular por completo su equipo a cargo de las finanzas. Le confirió al ingeniero civil Alejandro Urquiza la responsabilidad de ordenar las cuentas.
Se trata del exjefe de la División de Crimen Organizado, Terrorismo y Seguridad Fronteriza del gobierno de Gabriel Boric, quien, para enfrentar el problema, fichó a abogados y contadores especializados en el tema.
Las gestiones
El Partido Republicano, a su vez, está intentando responder las observaciones que el Servel le hizo a su balance 2024.
“En nuestra contestación, probamos que toda la información -observada como no presentada- se encontraba debidamente en la plataforma de rendición a disposición del fiscalizador, e indicamos su ubicación exacta en el sistema como las operaciones en las cartolas bancarias”, señalan desde el partido.
En la colectividad de Kast recalcan que no comparten el criterio del Servel respecto de algunas exigencias que ellos consideran “no están normadas” o que contienen normas “contrarias” a la ley.
A eso se suma, además, que tienen una reclamación pendiente en el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). Dentro de presuntas inconsistencias que acusan del Servel mencionan observaciones duplicadas, dudas del administrador electoral que se convierten en observaciones de gastos y excesiva burocracia. De todas maneras, republicanos ya está en contacto con el Servel para justamente ir subsanando las faltas.
El caso judicializado
Una colectividad que se encuentra en una situación aún más compleja es el PDG, del excandidato presidencial Franco Parisi, dado que el Servel acudió al Ministerio Público para que investigue presuntas irregularidades de su balance contable.
La presidenta de la colectividad, Denisse Catalán, abordó la situación de la tienda, afirmando que se encuentran en revisión de las observaciones presentadas por el Servel, así como reintegrando dinero en caso de que corresponda.
“Recordemos que este balance que está retrasado viene de la directiva anterior. Y hay puntos de control que nosotros ya pusimos, que es muy difícil que vuelvan a ocurrir estas mismas observaciones”, dijo Catalán, recordando la situación que llevó a que el Servel denunciara ante la Fiscalía por gastos no acreditados.
Catalán añadió que “tenemos que conversar con el servicio cuáles son los puntos que ellos quizás no están viendo de lo que se está entregando. Porque también es mucha información (...). Sí nos comprometimos a hacer algunos reintegros que son necesarios del balance”. Ahí el PDG está haciendo gestiones para tratar de hacer ver al Servel que discrepa de algunas observaciones.
En el PDG han estado en funcionamiento aun por medio del cobro de una cuota de $3.000 mensual a sus militantes. Según los últimos registros del Servel, cuentan con 42.628 militantes a julio de este año, lo que en el mejor de los casos, si todos pagaran, les daría una cuota mensual de casi $128 millones.
