Dieciséis años después de que su hija Mariana Lima Buendía fuera asesinada y su muerte fuera inicialmente presentada como un suicidio, Irinea Buendía Cortés consiguió que aquella lucha que comenzó en los tribunales se transformara en una reforma legal en el Estado de México.
El Congreso mexiquense aprobó la llamada Ley Mariana Lima Buendía, una reforma que fortalece la obligación de investigar las muertes violentas de mujeres y niñas con perspectiva de género y debida diligencia, además de establecer responsabilidades para las personas servidoras públicas que, en los casos previstos por la legislación, incurran en actos u omisiones que obstaculicen las investigaciones o la administración de justicia.
La historia que dio origen a esta reforma comenzó en 2010, cuando Mariana Lima Buendía fue encontrada sin vida. La primera explicación de las autoridades apuntó al suicidio, pero su madre cuestionó desde el inicio esa versión y emprendió una batalla legal para exigir que se investigara lo ocurrido.
Su caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en 2015 resolvió el amparo en revisión 554/2013 y ordenó que la muerte de Mariana fuera investigada nuevamente con perspectiva de género. El caso se convirtió en un precedente para las investigaciones de muertes violentas de mujeres.
La resolución de la Suprema Corte estableció que, ante la muerte violenta de una mujer, las autoridades deben considerar desde el inicio la posibilidad de que existan razones de género y agotar las líneas de investigación necesarias.
La Corte documentó, en el caso de Mariana, diversas irregularidades en la investigación inicial, entre ellas problemas en la preservación de la escena, deficiencias en el manejo de evidencias y omisiones en las diligencias que debían realizarse.
El precedente también estableció que las investigaciones deben realizarse con perspectiva de género y con debida diligencia, considerando el contexto de violencia en el que pudo encontrarse la víctima.
Para Irinea Buendía, sin embargo, el fallo de la Corte no significó el final de la lucha.
Durante años continuó exigiendo justicia para Mariana y señalando la responsabilidad institucional que, desde su perspectiva, existe cuando una investigación presenta omisiones, negligencia o actos que impiden esclarecer una muerte violenta.
Ahora, esa exigencia quedó incorporada en la legislación del Estado de México.
Sanciones para quienes obstaculicen las investigaciones
Durante un acto informativo realizado este jueves en Toluca, el abogado y defensor de derechos humanos Pablo Navarrete Gutiérrez, quien ha acompañado a Irinea Buendía durante este proceso, explicó que uno de los elementos centrales de la reforma es establecer consecuencias para las personas servidoras públicas que incurran en las conductas previstas por la legislación.
De acuerdo con la información presentada durante el evento, los supuestos contemplan actos relacionados con:
- Corrupción
- Omisiones
- Negligencia
- Obstaculización de investigaciones o de la administración de justicia
Las sanciones pueden incluir penas de cuatro a 10 años de prisión, multas, destitución e inhabilitación, dependiendo de la conducta y de las condiciones establecidas en la legislación.
La reforma fue aprobada por unanimidad por el Congreso del Estado de México, a partir de una iniciativa impulsada con la participación de la diputada Jennifer Nathalie González López, de Morena.
De una exigencia familiar a un cambio institucional
La historia de Irinea Buendía tiene una particularidad: su lucha no quedó únicamente en la exigencia de esclarecer la muerte de su hija.
El caso de Mariana llegó a la Suprema Corte y contribuyó a establecer estándares sobre la manera en que deben investigarse las muertes violentas de mujeres. La propia SCJN reconoce el caso como un precedente relevante en materia de perspectiva de género y debida diligencia.
Ahora, esos principios buscan reforzarse mediante una legislación estatal que también contempla responsabilidades para quienes tienen a su cargo investigar y procurar justicia.
En el acto de este jueves, familiares y defensoras de víctimas recordaron a Mariana con fotografías, carteles y una pintura con su rostro. Frente al Palacio de Justicia del Estado de México fueron colocadas cruces rosas con la palabra “feminicidio”, como parte de las actividades de reconocimiento a la lucha de Irinea.
La imagen de Mariana estuvo presente durante el encuentro, casi como una forma de recordar que detrás de la reforma existe un caso concreto y una familia que durante años buscó respuestas.
El reto ahora es que la ley se aplique
La aprobación de la reforma representa un nuevo capítulo, pero no el final de la exigencia de Irinea Buendía.
El siguiente paso será que las nuevas disposiciones se traduzcan en procedimientos efectivos dentro de las fiscalías y los órganos encargados de impartir justicia.
Durante el evento se planteó la necesidad de capacitar a ministerios públicos y personal del Poder Judicial sobre los alcances de la nueva legislación, para evitar que las disposiciones queden únicamente en el papel.
La propia experiencia del caso Mariana Lima muestra por qué ese punto resulta central: la Suprema Corte concluyó que la investigación original tuvo deficiencias y ordenó realizar nuevas diligencias bajo una perspectiva de género.
Así, la historia que comenzó con una madre cuestionando la versión oficial sobre la muerte de su hija pasó por los tribunales, llegó hasta la Suprema Corte y ahora quedó plasmada en una reforma legislativa.
Irinea Buendía tardó 16 años en convertir su exigencia de justicia para Mariana en una modificación a la ley. El desafío para el Estado de México será demostrar que esa ley puede convertirse en investigaciones más diligentes y en un acceso efectivo a la justicia para las familias de mujeres víctimas de muertes violentas.
