En agosto de 2025, la Corte Suprema ordenó una investigación de cinco años hacia atrás para determinar cuántos funcionarios del Poder Judicial asistieron a casinos de juego mientras cobraban licencia médica. Se identificó a 500. No fue un caso aislado: la Contraloría había detectado que 13.286 funcionarios públicos, con 14.599 licencias médicas vigentes, ingresaron a casinos entre 2023 y 2024, y 1.486 de ellos incluso viajaron al extranjero estando “en reposo”. Codelco, la Subsecretaría de Salud, Junji y decenas de reparticiones más quedaron salpicadas. El episodio le costó indebidamente el cargo a la superintendenta de Seguridad Social. El fraude en licencias médicas le cuesta a Chile cerca de US$240 millones al año, y el gasto total en licencias irregulares supera los US$800 millones. Es un gigantesco derroche de recursos de salud.
El proyecto de reforma que tramita el Senado ataca una parte del problema. Propone unificar en dos días la carencia para todos los trabajadores, terminando con la actual asimetría entre licencias cortas y largas; elimina el privilegio que permite a funcionarios públicos cobrar el sueldo completo durante la licencia, reemplazándolo por el pago de una treceava parte del sueldo bruto por día; dar a las Compin facultades de control preventivo para licencias que acumulen más de 180 días al año; y obligar a organismos del Estado y a empleadores privados a entregar información cuando se les requiera. A esto se suma la Ley 21.746, ya vigente, que introdujo penas de cárcel para quien emita licencias fraudulentas. El Colegio Médico, en tanto, rechaza la carencia unificada y propone eliminarla derechamente, argumentando que castiga al paciente real en vez de al defraudador. Ese desacuerdo sigue sin resolverse en el Congreso.
Este proyecto es un paso necesario, pero insuficiente. Faltan al menos cuatro cambios que no contempla. Primero, un cruce de datos permanente y automático —no reactivo— entre el registro de licencias médicas y los sistemas de acceso a casinos, aeropuertos y aduanas; el escándalo del Poder Judicial se destapó porque la Contraloría hizo un cruce puntual, no porque exista un sistema que lo haga todos los días. Segundo, unificar la fiscalización del Compin, Isapres, Mutuales y Fonasa bajo un solo organismo con tope de gasto: hoy cada uno audita con criterios distintos y sin compartir alertas, lo que explica que el 1% de los médicos concentre el 20% de las licencias sin que nadie lo haya visto venir. Tercero, corresponsabilidad real: que el empleador pueda recuperar el subsidio mal pagado y que el paciente, no solo el médico, enfrente sanción cuando la licencia es fraudulenta. Cuarto, un registro público y trazable de emisión anómala por médico e institución, que active alertas antes de que el caso llegue a la prensa. Ya se sabe qué corregir; lo que falta es voluntad política para hacerlo antes del próximo escándalo, no después.
Por Jaime Mañalich, exministro y Clapes UC
