La producción de cobre de Chile cae este año. Las causas son conocidas: leyes de mineral más bajas, problemas operacionales, expansiones atrasadas y falta de proyectos nuevos.

Para atraer inversión se proponen las recetas de siempre: certeza tributaria y permisos más rápidos. Aunque algunos consideren insuficientes los avances, Chile ha trabajado en ambos frentes. La reciente reforma tributaria creó una invariabilidad de hasta 20 años para grandes inversiones, y reformas en implementación buscan acortar los plazos de tramitación.

El problema es que los países con los que Chile compite por inversión minera están haciendo lo mismo. Argentina ofrece 30 años de estabilidad tributaria y avanza en una agenda de desregulación. En Perú se discute extender los contratos de estabilidad a 30 años, y el Estado desarrolla una ventanilla única para agilizar permisos.

Los países que compiten por inversión de largo plazo tienden a converger en las políticas más fáciles de copiar: una ley, un decreto, un esfuerzo administrativo. Las ventajas duraderas están en los atributos que toman años en construirse, como la estabilidad institucional y económica que logró Chile desde los 90.

Pero ese activo ya no basta por sí solo para diferenciarnos. Chile necesita sumar nuevos atributos, difíciles de imitar, para volver a ser el destino más atractivo para proyectos de largo plazo.

Una pista sobre atributos valiosos está en la encuesta del Instituto Fraser, que consulta a ejecutivos mineros de todo el mundo sobre el atractivo de cada país para invertir. Su ranking combina el potencial geológico con un índice de políticas que va más allá de impuestos y permisos: considera la infraestructura, la información, los acuerdos con comunidades, la estabilidad política y la seguridad, entre otros factores.

En la edición 2025, la preocupación por la incertidumbre tributaria y regulatoria en Chile cayó en torno a 20 puntos porcentuales. Lo que aumentó fue la preocupación por la estabilidad política (señal de que ese activo ya no está garantizado), la información geológica disponible y la infraestructura.

Reposicionar a Chile exige hacerse cargo de al menos tres brechas:

En infraestructura, la obra pública en Chile suele llegar cuando la demanda ya existe y la evaluación social la justifica. Según Acades, el 85% de la capacidad de desalación del país pertenece a la minería, construida para uso propio. Por ejemplo, Arica no tiene capacidad de desalación para habilitar nuevos proyectos mineros, y en Magallanes cada proyecto de hidrógeno verde debe contemplar su propia desaladora y puerto. Lo mismo ocurre con líneas de transmisión y ferrocarriles.

La misma lógica vale para la exploración, la etapa de mayor riesgo del negocio. El Estado ha avanzado en cartografía geológica básica, pero la información que más reduce el riesgo de explorar depende casi por completo de los privados. El Estado podría financiar estudios y publicarlos, como hacen los países líderes en minería.

El tercer desafío es la relación entre proyectos y comunidades. El modelo actual, de compensaciones negociadas caso a caso, genera desconfianza y, salvo excepciones, no se traduce en desarrollo local. Debemos ser creativos para mejorar los procesos de participación y diseño de proyectos para que efectivamente las inversiones sean una buena noticia en cada localidad.

Cerrar brechas de infraestructura, generar información geológica y mejorar la convivencia con las comunidades no son medidas que se resuelvan con una ley o un decreto. Exigen planificación, creatividad, inversión pública con riesgo y años de trabajo en el territorio. Por eso mismo son difíciles de copiar.

La agilización de permisos y la certeza tributaria siguen siendo necesarias, pero no serán lo que nos distinga. Si queremos que la producción minera vuelva a crecer, estos son los horizontes que nos deberían movilizar.

*El autor de la columna es socio en Marshall | Johnson