La palabra injerencia comienza a ocupar un lugar central en el discurso político mexicano. Este fin de semana, desde Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum fue particularmente enfática: “la injerencia no resuelve los problemas, la injerencia provoca violencia”. Añadió que México exige soberanía y cooperación y que “Sinaloa lo deciden las y los sinaloenses”. No es una expresión aislada. La defensa de la soberanía y la fórmula “cooperación sin subordinación” se han convertido en principios recurrentes de su relación con Estados Unidos.
El principio es perfectamente defendible. México es un Estado soberano y ningún gobierno extranjero debe sustituir a sus instituciones. El problema comienza cuando injerencia se convierte en una categoría tan amplia que la presión, la crítica o el interés político estadounidense respecto de México pueden ser presentados como intromisión, mientras la creciente actividad política mexicana dentro de Estados Unidos se explica exclusivamente como defensa de migrantes, organización comunitaria o ejercicio de derechos.
Ahí aparece una zona gris que México debería examinar con cuidado.
La propia administración Sheinbaum ha establecido el parámetro para hacerlo. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha negado categóricamente que los consulados mexicanos realicen actividades partidistas o participen directa o indirectamente en movilizaciones políticas estadounidenses. Según la Cancillería, su actuación se apega a la legislación de Estados Unidos y al principio de no intervención.
Ésa debería ser la regla: protección consular, sí; defensa de mexicanos, por supuesto; relaciones con alcaldes, gobernadores, legisladores y organizaciones sociales, naturalmente. Pero no utilización de recursos, funcionarios o instalaciones del Estado mexicano para influir sobre la política interna estadounidense.
El asunto se complica porque, paralelamente, Morena desarrolla una estructura política explícita entre mexicanos residentes fuera del país. Su Secretaría de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior se define como un espacio de “organización, vinculación y participación política”; dispone de mecanismos de registro y referidos, y reporta asambleas con militantes y simpatizantes en California. El 31 de agosto anunció además, el inicio de la entrega de credenciales de afiliación a militantes en el exterior.
Nada de esto constituye por sí mismo injerencia en Estados Unidos. Un partido mexicano puede organizar a ciudadanos mexicanos para participar en la política mexicana. La cuestión relevante comienza cuando preguntamos dónde termina la política de México entre mexicanos que viven en Estados Unidos y dónde comenzaría la influencia sobre la política de Estados Unidos.
Nueva York proporciona un laboratorio interesante. El alcalde Zohran Mamdani ha desarrollado una relación visible con la comunidad mexicana y, el pasado fin de semana, su gobierno reunió en el Urban 20 a autoridades de distintas ciudades, incluida Ciudad de México. Vivienda, migración y cambio climático formaron parte de la agenda. El propio Mamdani habló de la necesidad de que las ciudades coordinen respuestas políticas y confirmó públicamente la participación mexicana. Todo eso constituye diplomacia urbana perfectamente normal.
Pero simultáneamente aparece otra dimensión. Claire Valdez, política neoyorquina y candidata al Congreso, hizo pública una reunión con integrantes de Morena y vinculó aquella experiencia con la lucha política que pretende llevar al Congreso estadounidense. El episodio fue inmediatamente recogido por medios conservadores estadounidenses, que comenzaron a formular preguntas sobre influencia política extranjera. Que esos medios lo interpreten así no prueba ninguna irregularidad; demuestra algo distinto y políticamente importante: una parte del sistema estadounidense ya está comenzando a mirar estas conexiones bajo ese prisma.
El riesgo no consiste únicamente en lo que México haga. Consiste también en cómo Washington llegue a interpretar lo que México hace. Y es aquí donde la discusión adquiere una dimensión mucho más profunda con la iniciativa presidencial sobre doble nacionalidad.
El Ejecutivo propuso reformar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para que quien aspire a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no tenga otra nacionalidad o renuncie a ella antes de solicitar su registro. La propuesta establece además que, durante el ejercicio del cargo, no podrán utilizarse documentos de identidad extranjeros, ejercerse derechos políticos inherentes a otra ciudadanía ni solicitarse protección diplomática de otro Estado. La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria el 1 de septiembre.
La argumentación presidencial es todavía más importante que el texto. Sheinbaum ha explicado que quien gobierne debe responder a una sola nación porque, ante una diferencia entre dos países, no debería existir duda sobre dónde reside su lealtad. El 8 de septiembre conectó expresamente esa argumentación con una época de “mayor injerencismo” y sostuvo que un presidente o gobernador “solo tiene una patria”. Al día siguiente volvió sobre el punto: quien represente al Estado mexicano no puede “jurar a dos banderas”.
La reforma no pretende eliminar en general la doble nacionalidad ni privar de sus derechos políticos a todos los binacionales. Su alcance se concentra en las titularidades de los Ejecutivos federal y locales. Esa precisión es importante. Pero también lo es la paradoja.
México está elevando el estándar de exclusividad de lealtad nacional para algunos de sus ciudadanos precisamente cuando aumenta la organización política de mexicanos y binacionales dentro de Estados Unidos. Morena reivindica su participación desde el exterior, desarrolla mecanismos de afiliación y fortalece sus estructuras entre la diáspora, mientras el Estado mexicano posee una de las redes consulares más extensas del mundo y, legítimamente, utiliza esa infraestructura para proteger y organizar servicios para millones de connacionales.
Individualmente, cada una de estas cosas puede ser jurídicamente defendible. Observadas conjuntamente, exigen una explicación política mucho más sofisticada.
Si consideramos que la posesión de una segunda ciudadanía puede generar un conflicto potencial de lealtad suficientemente importante como para impedir que una persona gobierne México sin renunciar a ella, deberíamos ser extraordinariamente cuidadosos al definir los límites de la actividad política mexicana entre personas que participan simultáneamente de las sociedades mexicana y estadounidense.
Y si México utiliza una definición amplia de injerencia para juzgar la conducta de Washington, debe estar dispuesto a aplicar un criterio comparable cuando evalúe su propia actuación en Estados Unidos. Éste es el peligro del doble discurso.
No porque exista evidencia suficiente para afirmar que el gobierno mexicano esté ejecutando una operación de intervención política en Estados Unidos. No la hay. Hasta ahora tenemos organización partidista explícita; una extensa actividad consular cuya naturaleza institucional sostiene la SRE; contactos entre políticos mexicanos y estadounidenses; políticos estadounidenses que públicamente se relacionan con Morena; y un ecosistema conservador norteamericano que comienza a conectar estos fenómenos con el debate sobre influencia extranjera.
El salto cualitativo requeriría otras evidencias: utilización de recursos consulares con fines partidistas estadounidenses; coordinación entre funcionarios mexicanos y campañas electorales norteamericanas; financiamiento, instrucciones oficiales, transferencia de bases de datos o movilización dirigida deliberadamente a modificar procesos políticos internos de Estados Unidos. No hemos llegado ahí.
Pero ignorar el gradiente porque todavía no alcanzamos su extremo sería igualmente imprudente.
También debemos evitar el peligro contrario: el chauvinismo.
México tiene razones históricas profundas para ser sensible frente a Estados Unidos. Perdió territorio, sufrió intervenciones y atravesó buena parte del siglo XIX dentro de una relación profundamente asimétrica. Pero la memoria histórica deja de ser útil cuando sustituye el análisis del presente.
No toda presión es intervención. No toda crítica es injerencia. No toda investigación extranjera constituye una agresión a la soberanía. De la misma manera, no toda actividad mexicana en Estados Unidos constituye interferencia política. Precisamente por eso necesitamos conservar las categorías.
México y Estados Unidos conforman un espacio humano difícilmente comparable con cualquier otra relación bilateral. Millones de personas pertenecen familiar, económica, cultural e incluso jurídicamente a ambos países. Las cadenas productivas son binacionales. Las agencias de seguridad cooperan diariamente. Alcaldes, gobernadores, universidades, empresarios y organizaciones sociales mantienen relaciones transfronterizas permanentes.
Convertir todo ello en sospecha sería absurdo. Pero convertir soberanía en una consigna que sólo funciona en una dirección también sería peligroso.
Morena quizá esté subestimando además una variable que no controla: la política interna estadounidense. Cuando un partido gobernante mexicano desarrolla estructuras entre una diáspora enorme, políticos estadounidenses establecen vínculos públicos con ese partido y medios conservadores comienzan a describir esas relaciones como influencia extranjera, puede construirse una narrativa difícil de revertir, aun cuando muchas de las actividades originales sean perfectamente legales.
La paradoja sería considerable: la doctrina del injerencismo utilizada por México para limitar la presión de Washington podría terminar siendo utilizada por Washington para cuestionar determinadas actividades mexicanas dentro de Estados Unidos.
Por eso la respuesta no puede ser menos relación entre ambos países. Debe ser exactamente la contraria: más cooperación y fronteras institucionales más claras.
Los consulados deben proteger mexicanos sin convertirse en extensiones partidistas. Los partidos pueden organizar ciudadanos mexicanos en el exterior sin intervenir en elecciones estadounidenses. Los gobiernos locales pueden construir relaciones internacionales sin convertir afinidades ideológicas en operaciones políticas transnacionales. Y los ciudadanos binacionales deben poder ejercer sus derechos sin ser convertidos automáticamente en sospechosos de deslealtad. Sobre todo, si México pretende elevar constitucionalmente la exigencia de una sola nacionalidad para quienes gobiernen.
El principio de no intervención no puede significar simplemente: “ustedes no intervengan entre nosotros”. Para tener autoridad política y moral debe significar también: “nosotros conocemos nuestros límites cuando actuamos entre ustedes”.
La soberanía es mucho más poderosa cuando funciona como principio recíproco que cuando se utiliza como consigna. Y el patriotismo es mucho más útil cuando protege intereses nacionales que cuando deriva en chauvinismo.
En una relación tan compleja como la de México y Estados Unidos, distinguir esas fronteras no es debilidad. Es precisamente lo que permite defenderlas.
