Las imágenes del arresto de Samuel Morales Navarro, un joven de 24 años que trabaja como repartidor de Rappi para ayudar a su madre a solventar su tratamiento oncológico, muestran cómo durante la manifestación del domingo en Guadalajara para exigir agua limpia, un grupo de antimotines lo acorralan a un par de cuadras de donde ocurría la protesta, lo bajan de su moto para someterlo, lo golpean y se lo lleva por la fuerza mientras un policía levanta el vehículo y se va en él.
“A todos (los detenidos) los hicieron firmar desistimiento en contra de las autoridades, y mi hijo dijo que no, por eso es que lo están deteniendo, porque él no quiere firmar, porque él dice ‘No, yo sí voy a tomar acción legal’, ese es el problema que mi hijo no quiere firmarles nada”, relata Claudia Morales Navarro, madre de Samuel.
El domingo ambos acudieron a la protesta, pero al ver la cantidad de gente que se aglutinaba en las calles, Claudia tuvo miedo de salir lastimada porque recientemente le hicieron una operación por el cáncer que padece.
“Hace poco me hicieron una mastectomía y no puedo exponerme a que me den un codazo o un golpe, entonces le dije, ‘No, mejor me salgo y me voy’, fue la última vez que lo vi y que hablé con él, porque ya después en la tarde yo le mandaba mensajes y le mandaba mensajes y ya no me contestaba, llamadas y llamadas y el teléfono marcaba ocupado”, relata.
Otro video muestra a Samuel antes de su arresto, acercándose en su moto al lugar de la manifestación, donde da un par de vueltas en círculo y luego se va.
Cuando Claudia supo que estaba detenido, se presentó en la Fiscalía del estado para preguntar por él, pero al igual que ocurrió con las familias de las otras 38 personas que fueron detenidas, el domingo no se le permitió verlo ni nombrar abogado para representarlo.
“Miré, lo vi cinco minutos el día lunes, hay una abogada que lo está representando y a la abogada no le permitieron verlo para nada, a la abogada ni siquiera le permitieron saber el número de carpeta, luego me dijeron que él ya no estaba ahí en la Fiscalía, que ya lo habían remitido a Puente Grande”, recordó.
Hace siete meses Samuel decidió meterse a trabajar para ayudar con los gastos del tratamiento de Claudia; su moto, su teléfono y su mochila de repartidor son sus herramientas de trabajo, pero de ellas nadie da cuenta en la Fiscalía.
“No me saben decir dónde está su moto, dónde está su casco, dónde está su celular ni su mochila, dicen que él este no tiene ningunas pertenencias que haya registrado ahí en la Fiscalía; por lo del tratamiento del cáncer él dijo, ‘No, pues ya yo me voy a meter a trabajar para mis gastos y en lo que pueda ayudarte a ti, mamá’ y compró con muchos sacrificios su moto, su impermeable, su mochila, su casco, su celular”, señaló Claudia.
Samuel fue imputado por presuntas lesiones dolosas contra policías, pero salió libre provisionalmente la tarde de este martes y bajo medidas cautelares porque su defensa solicitó extender el plazo para que la audiencia de vinculación continúe el próximo viernes.
“Me parece muy mal, me parece injusto, mi hijo no estaba en la marcha, cometió el error de acercarse ahí a esos límites de esas calles, pero no era para que lo detuvieran en la forma de que lo detuvieron, que lo golpearan y que le quitaran sus pertenencias cuando tanto trabajo le ha costado conseguirlas”, dijo Claudia.
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