Las madres buscadoras Margarita López Pérez y Brenda María Valenzuela Gil, presentaron una demandan colectiva en contra de Ernestina Godoy y de los 32 fiscales estatales por fallas en datos forenses.
Puntualmente, la controversia gira en torno a la omisión de garantizar que el Banco Nacional de Datos Forenses opere interconectado en tiempo real con las bases estatales.
Madres buscadoras acusan fallas operativas en datos forenses; señalan daño a familias de desaparecidos
Ante un Juzgado de Distrito en Materia Penal del Primer Circuito, madres buscadoras demandaron a la titular de al FGR, Ernestina Godoy, así como a sus pares de las 32 entidades federativas del país.
López Pérez y Valenzuela Gil cuestionaron que hasta este 7 de octubre de 2026 no existe información pública sobre el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Forenses y su portal digital está inactivo.
Ello a pesar de que en diciembre de 2022 se acordó su colaboración con los 32 estados, y en mayo de 2023 se publicó el programa correspondiente en el Diario Oficial de la Federación.
Como consecuencia de este fallo, las fiscalías locales especializadas deben efectuar las confrontas genéticas manualmente mediante solicitudes y oficios en papel.
Este trámite burocrático retrasa la búsqueda e identificación de personas, provocando que restos hallados permanezcan en fosas comunes o anfiteatros periciales mientras las víctimas continúan catalogadas como desaparecidas.
Frente a esta situación, madres buscadoras solicitaron la suspensión correspondiente para obligar al acoplamiento tecnológico inmediato con el sistema centralizado.
Asimismo, López Pérez y Valenzuela Gil enfatizaron que cada día de omisión institucional prolonga una aflicción constante que equiparan con actos de tortura hacia las familias de las víctimas.
