En los pasillos del Mineduc aún se aprecian los afiches que convocaban a los trabajadores de la cartera a adherirse a la primera gran manifestación que el 1 de octubre debió enfrentar María Paz Arzola desde que es ministra. La movilización fue convocada a propósito de la presentación del Presupuesto 2027, el que desde este lunes deberá defender en el Congreso la secretaria de Estado y cuyos detalles ya le empezaron a provocar dolores de cabeza una vez dados a conocer por La Tercera.
¿Bajo qué lógica se concibió el presupuesto del Mineduc?
Es un presupuesto que busca proteger los beneficios, los soportes que entrega el Mineduc y que son clave para el funcionamiento del sistema educativo. Más del 80% del presupuesto responde a gastos permanentes. Todo eso está resguardado. Pero, además, hemos querido poner nuestras prioridades, principalmente el financiamiento de la educación parvularia, porque llevamos 10 años en que el foco ha estado en otro lado. Estamos poniendo recursos donde ha estado nuestro discurso. Pese al estrés fiscal no hemos querido renunciar a nuestras prioridades, que es la educación parvularia. Con este presupuesto damos inicio para tratar de avanzar en saldar esa deuda que hay con la primera infancia.
Eso implica un detrimento a sectores no prioritarios.
Por definición, cuando uno hace un presupuesto tiene que priorizar. Esa priorización la hemos realizado a partir de cómo se ha dado la evolución histórica del gasto en educación y, segundo, el impacto de cada una de las iniciativas.
¿Cómo asegura que estas priorizaciones no afecten a los otros?
Lo que queremos es, dado el presupuesto que disponemos, poner cada peso donde el impacto sea mayor. Queremos responder a las urgencias y que los beneficios y soportes permitan avanzar en mejorar los aprendizajes y en reducir las brechas de aprendizaje.
Estaban mal puestas las prioridades, según esa lógica.
Llevamos 10 años en que el gasto público no se ha concentrado en los primeros años, que es donde al final genera un mayor impacto en aprendizajes, en reducir las desigualdades. Es a ellos a quienes queremos proteger especialmente con este presupuesto.
¿En qué medida las decisiones son de la ministra Arzola y en qué medida de Hacienda?
Somos un solo gobierno. Obviamente, cada cartera responde a sus propios desafíos y se tiene que hacer de una forma coherente, porque al final necesitamos que todos los beneficios que entregamos sean sostenibles.
Bajo esa óptica, ¿lo sostenible es lo que se prioriza?
Es una buena forma de verlo.
Tendrá que demostrar que no habrá deterioro de calidad, cobertura y equidad.
Es un presupuesto que obviamente hay que explicarlo, pero tenemos buenas razones.
¿Con qué resultados debemos cobrarle si fue un presupuesto bien pensado?
Una de las decisiones que estamos tomando, que es poner la prioridad en la educación parvularia, responde a que van a tener un impacto hacia futuro. Tenemos la tranquilidad de que estamos tomando la decisión de poner el foco ahí, aunque los resultados de corto plazo no sean inmediatos. Es una decisión que tomamos con convicción.
La discusión en educación tiende a ser cortoplacista. ¿Cómo convencer de lo contrario?
El país ha tenido esta discusión de lo importante que es priorizar a la primera infancia y espero que tengamos el apoyo para tomar esta decisión que implica no pensar en el corto plazo. Nuestra decisión, que también es lo que hemos dicho desde campaña, es poner los recursos ahí.
Ya hubo una marcha de la Confech y el oficialismo ha criticado algunas decisiones. ¿Está dispuesta a asumir esos costos?
Siempre va a haber críticas, pero tenemos la tranquilidad de que hemos tomado una decisión pensando en el bien de los niños y en mejorar la calidad.
¿Y está dispuesta a dar pelea por los Bicentenario o Becas TIC?
Yo decidí tomar esta responsabilidad y tengo que estar dispuesta a tomar decisiones y, obviamente, a cambiar las prioridades. Este es un gobierno distinto a los anteriores, que tiene sus prioridades, y como ministra tengo la convicción y estoy dispuesta a empujar esos cambios -aun cuando haya críticas- si es que apuntan a los objetivos que nos ha trazado el presidente.
Y en ese sentido, ¿cuáles son sus intransables?
Lo que nos importa es proteger los beneficios, los soportes y en paralelo sostener este foco en la educación parvularia y niños.
Todo lo demás no es prioritario.
Uno tiene que siempre dejar el espacio para una discusión democrática, es bien sano, pero el foco de este presupuesto es proteger esos beneficios, lo que implica cuidar su sostenibilidad y también resguardar nuestro foco.
La reducción para los Liceos Bicentenario (LB) ya le generó cuestionamientos. ¿Por qué decide no abrir más convocatorias?
Nuestra decisión fue que tenemos que hacer un plan de consolidación de los que ya existen, porque necesitamos nivelarlos y que representen el sello bicentenario.
¿Es al mismo tiempo una oportunidad de ahorro? Hay diputados que ya anunciaron que quieren reponer los recursos.
Yo entiendo el anhelo, tiene que ver con un sector. Es indiscutible que es una política exitosa, pero por lo mismo tenemos que trabajar para que los LB que ya existen reflejen ese sello. También es importante ver la ejecución, porque uno también hace ajustes en función de la ejecución histórica.
No cierra la puerta a convocatorias durante el resto de la gestión.
Si es que vemos que es posible convocar nuevos LB no nos cerramos, pero hoy estamos enfocados en consolidar.
Cuando el gobierno anterior quiso terminarlos y después reducir el presupuesto las críticas fueron desde el hoy oficialismo.
Entiendo las dudas, por eso es bueno una vez que se inicie la discusión explicar esto, porque los LB son una política pública exitosa. La tranquilidad que queremos dar es que el presupuesto permite consolidar lo que tenemos.
¿Por qué terminar con la entrega de computadores?
No es primera vez que se está buscando avanzar así y esto responde principalmente a las evaluaciones, que muestran que es un programa que no ha tenido un impacto ni en aprendizaje ni en otras habilidades de estudiantes.
¿Y qué ocurre con esos niños que sí utilizan ese computador?
No es que tengamos algo en contra de los computadores, pero en un escenario en que estamos buscando poner el foco en los aprendizajes, tenemos que priorizar el impacto demostrado.
Pero ahí se cae la lógica de no quitar beneficios.
Acá no se está quitando un beneficio ya adquirido.
Pero no se seguirá entregando.
Este beneficio se entrega en la ley de presupuestos, no hay una ley permanente que lo sostenga.
Y para esa familia que tiene un hijo que ya lo recibió y aspiraba a que el hermano también, ¿no se rompe el no quitar beneficios?
Insisto, este es un beneficio que se define en la ley de presupuesto que no tiene un impacto en los aprendizajes. Hemos tomado la decisión de disponer de esos recursos para reasignarlos en otras iniciativas que sí.
Dipres consigna indicadores que van en ascenso. ¿Cuál es la evidencia que diga que esto definitivamente no funcionó?
Una cosa tiene que ver con el diseño del programa, como que no se está haciendo bien la entrega, que es subsanable. En este caso es una evaluación de impacto: el PC no está logrando impacto en los aprendizajes.
¿Cómo quedará su relación con los rectores después de este presupuesto? Hay molestia.
Cada uno cumple su rol y mi rol hoy día es poner los aprendizajes en el centro y poner los recursos públicos donde más puedan contribuir a su objetivo.
¿No cree que se da una señal de que la investigación o una universidad es menos importante?
En la última década los recursos para la educación superior se han duplicado, mientras que los otros niveles han crecido en torno a un tercio. Somos un gobierno que no necesariamente viene a seguir con la tendencia. Tenemos nuestra mirada y la legítima atribución -y las facultades- de escoger nuestras prioridades. Eso es lo que estamos haciendo y, la verdad, estamos tranquilos con eso.
¿Cómo un gobierno que defendió tanto las evaluaciones ahora las deja supeditadas a la disponibilidad presupuestaria?
Quiero ser muy clara: entendemos la importancia que tienen las evaluaciones, eso no está en duda. No lo veo que sea contradictorio.
Pero ¿y si el próximo año no hay plata, no habrá pruebas?
Dejarlo así responde más a situaciones extraordinarias, como en la pandemia. No es que haya una definición programática de debilitar las evaluaciones.
Otra preocupación que se ha instalado a partir del presupuesto es la reducción del límite de horas docentes, que implica despidos. ¿Sobran profesores?
Nos encontramos con que la educación pública tiene un déficit importante que se explica en gran medida por gestión insuficiente. Y justamente porque queremos poner el foco en los aprendizajes necesitamos que se gestione de forma ordenada y sostenible.
¿Hay profesores ociosos?
En el presupuesto que tomamos y el que estamos presentando hay cuantiosos recursos que van por fuera de la subvención para los SLEP para financiar estos déficits. Y lo que se ha visto es que eso requiere de ordenar la gestión. Siempre las leyes de presupuesto ponen dotaciones máximas, lo importante es avanzar al cumplimiento.
¿Y qué va a ocurrir con esos profesores que “sobran”?
La responsabilidad es hacer una buena gestión, garantizar la sostenibilidad financiera que hoy requiere ajustes. Este es un déficit del que nos tenemos que hacer cargo. Eso al final va en pro de las familias.
