El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, celebró el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que mantiene la prohibición de comida chatarra en universidades.
Resaltó que la resolución refuerza la construcción de entornos saludables y permite avanzar en el fortalecimiento del derecho a la salud de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Cabe destacar que en su resolución, el pleno de la SCJN estableció que la prohibición de comida chatarra en universidades, no excede las facultades de la SEP, como acusaban algunos particulares.
Mario Delgado reconoce a la SCJN por ratificar prohibición de comida chatarra en universidades
En su sesión del martes 13 de octubre , el Pleno de la SCJN avaló de manera definitiva la prohibición de vender alimentos con bajo valor nutricional en todas las instituciones educativas del país.
El fallo implica que desde nivel preescolar hasta universidades que formen parte del Sistema Educativo Nacional, tienen prohibido vender comida chatarra, lo cual fue celebrado por Mario Delgado.
Así lo hizo al señalar que el fallo fortalece los entornos escolares saludables y refrenda el compromiso de Claudia Sheinbaum de garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada.
De la misma forma, Mario Delgado sostuvo que permitirá un avance en la consolidación de espacios educativos que favorezcan el bienestar de las comunidades escolares.
Además, aseveró que el fallo es congruente con el compromiso del gobierno federal de garantizar el derecho a la educación en condiciones que protejan integralmente la salud.
Finalmente, aseguró que la SEP continuará impulsando acciones que contribuyan a proteger la salud de niñas, niños y adolescentes, así como a garantizar entornos escolares saludables en todo el país.
SCJN ratificó prohibición de comida chatarra en universidades
Tras una votación unánime de 11 votos a favor, el Pleno de la SCJN avaló ratificar la prohibición de vender alimentos con bajo valor nutricional en todo el sistema educativo nacional.
La resolución declaró constitucional la normativa emitida por las autoridades federales, extendiendo la restricción comercial desde planteles de educación básica hasta instituciones de nivel universitario.
El máximo tribunal desechó los amparos promovidos por empresas distribuidoras, priorizando la protección a la salud y a la alimentación adecuada por encima de los intereses comerciales.
Los ministros precisaron que la medida regula únicamente la venta al interior de los centros escolares, garantizando la libertad de decisión para el consumo de productos en espacios externos.
