México no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas, pero está realizando esfuerzos significativos a fin de lograrlo, aseguró el Departamento de Estado de los Estados Unidos en su Informe anual sobre la trata de personas 2026.
El reporte entregado al Congreso norteamericano y hecho público este jueves, reconoce que el gobierno mexicano demostró un aumento general en sus medidas en comparación con el período del informe del año pasado, por lo que se mantuvo en el Nivel 2.
Entre los esfuerzos que reconoce la Administración Trump de las autoridades mexicanas en el tema son el inicio de más procesos penales, la condena de más traficantes y la identificación y asistencia de un mayor número de víctimas.
El gobierno promulgó enmiendas técnicas a las disposiciones de compensación de la ley de trata de personas que fortalecieron el derecho legal de las víctimas a recibir compensación a través de demandas civiles y realizó actualizaciones para mejorar el proceso de denuncias bajo su prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso”, se añade.
Sin embargo, el gobierno no cumplió con los estándares mínimos en varias áreas clave. El gobierno investigó menos casos de trata de personas. A diferencia del año pasado, las autoridades no procesaron ni condenaron a ningún funcionario gubernamental cómplice, y la corrupción y la complicidad en delitos de trata continuaron obstaculizando la acción policial”.
Se argumenta, además, que el gobierno no brindó capacitación sobre trata de personas a los jueces recién elegidos. En general, los servicios para las víctimas siguieron siendo insuficientes.
Reclutamiento forzado infantil
En dicho informe se acusa a los grupos delictivos y las designadas organizaciones terroristas extranjeras: Cártel de Sinaloa, Cartel Jalisco Nueva Generación y Tren de Aragua, como causantes de explotación a niños y adultos en la trata sexual, el trabajo forzoso y la delincuencia forzada mediante anuncios de empleo fraudulentos, manipulación económica o social, abuso físico, amenazas de asesinato, chantaje, intimidación o secuestro.
También explotan la drogadicción de las personas para coaccionarlas a participar en actividades delictivas o trabajo forzoso mediante la servidumbre por deudas. Los grupos delictivos han incrementado el reclutamiento de menores para actividades ilícitas. El CJNG opera estafas en línea desde centros de llamadas informales, utilizando a trabajadores potencialmente víctimas de trata en el estado de Jalisco para estafar a propietarios de tiempo compartido en Estados Unidos y Canadá”.
En el caso de los migrantes indocumentados suelen ser secuestrados por grupos delictivos organizados, principalmente en la región sur de nuestro país, por los cuales se exigen rescates por su liberación o los obligan a contactar a sus familias para que les transfieran dinero, lo que los expone a secuestros repetidos y servidumbre por deudas, generando mayores ganancias para las organizaciones criminales.
La violencia constante entre grupos delictivos organizados incrementa el reclutamiento forzoso y la explotación por parte de los cárteles que buscan expandir su control territorial”, advierte.
En cuanto a enjuiciamiento, el Departamento de Estado reconoce que el gobierno mexicano intensificó sus esfuerzos para hacer cumplir la ley; sin embargo, la recopilación de datos del gobierno sobre los esfuerzos contra la trata de personas no es fiable.
En el informe se asevera que la ley general sobre la prevención, el castigo y la erradicación de los delitos relacionados con la trata de personas penalizó la trata sexual y la trata laboral, estableciendo penas de prisión de cinco a treinta años y multas para los delitos de trata sexual y de cinco a veinte años y multas para la trata laboral.
Estas penas eran suficientemente severas y, con respecto a la trata sexual, proporcionales a las establecidas para otros delitos graves, como la violación. Las enmiendas a la ley contra la trata de personas en 2024 aumentaron las penas para los casos que involucran la trata de personas con vulnerabilidades específicas enumeradas, como el embarazo, la discapacidad y la edad.
La ley definió la trata de manera amplia para incluir la adopción ilegal sin el propósito de explotación. Los funcionarios federales podían ejercer jurisdicción sobre todos los casos de trata internacional, todos los casos que tuvieron lugar en territorio administrado federalmente que involucraban crimen organizado y todos los casos que involucraban acusaciones contra funcionarios gubernamentales”.
El documento refiere que, durante 2025, las autoridades informaron haber investigado 489 casos a nivel estatal y federal, haber iniciado procesos judiciales contra 268 sospechosos (177 por trata sexual, 37 por trata laboral y 54 por otras formas de trata no especificadas) y haber condenado a 124 traficantes (85 por trata sexual y 39 por trata laboral).
En comparación, en 2024, se investigaron 661 casos, iniciaron procesos judiciales contra 162 sospechosos y condenaron a 98 traficantes. El gobierno continuó los procesos judiciales iniciados en años anteriores contra 245 sospechosos.
En cuanto a víctimas, en 2025, se identificaron mil 743, incluidas mil 291 reportadas por agencias federales y 452 por gobiernos estatales.
En comparación, el gobierno informó haber identificado a 860 víctimas en 2024 (795 por funcionarios federales y 65 por funcionarios estatales), incluidas 343 víctimas de trata sexual, 75 víctimas de trabajo forzoso y 442 víctimas de formas no especificadas de trata.
Algunas víctimas contabilizadas en estas estadísticas pudieron haber sido víctimas de delitos que no constituían trata según la definición del derecho internacional. El gobierno reportó 548 víctimas de trata sexual, 139 víctimas de trata laboral y mil 056 víctimas de formas no especificadas de trata; 122 víctimas eran extranjeros de otros países latinoamericanos, el Caribe, Estados Unidos y Asia. Una ONG que operaba la línea directa nacional de trata de personas de México identificó a 417 víctimas.
El Informe sobre trata de personas 2026, elaborado por el Departamento de Estado utiliza información fidedigna, recopilada de embajadas estadounidenses, funcionarios gubernamentales, organizaciones no gubernamentales e internacionales, informes publicados, artículos de prensa, estudios académicos, consultas con autoridades y organizaciones de todas las regiones del mundo.
