La Argentina suele ser paradojal. Pero pocas veces lo ha sido tanto como en los tiempos que corren. El gobierno de Javier Milei reivindica el mérito, el orden y la legalidad, pero enfrenta un conflicto social que tensiona su discurso: el financiamiento de las universidades públicas. El Congreso aprobó una ley para garantizar esos recursos y la Justicia se pronunció sobre su aplicación. Sin embargo, la Casa Rosada persiste en incumplirla. Así, el debate ya no es sólo cuánto debe gastar el Estado, sino también cuáles son los límites del Poder Ejecutivo cuando sus prioridades entran en conflicto con la ley.

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