La adhesión de Chile al denominado “Escudo de las Américas” abrió un nuevo debate político luego de que los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric cuestionaran la decisión del Gobierno de José Antonio Kast y solicitaran reconsiderar la permanencia del país en la instancia.
En una declaración conjunta, ambos exmandatarios reconocieron la importancia de la cooperación internacional para enfrentar el crimen organizado transnacional, pero advirtieron que esta debe resguardar la soberanía y autonomía de las decisiones de Chile.
El Gobierno, en tanto, ha defendido que el mecanismo busca fortalecer la coordinación entre países frente al crimen organizado mediante intercambio de información, cooperación policial y otras herramientas, siempre de acuerdo con las legislaciones nacionales.
“Lo primero es la cautela”
En ese contexto, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, abordó las críticas y pidió cautela frente a los alcances que se le atribuyen a la incorporación chilena.
“Yo soy muy respetuoso de la institucionalidad, del Presidente, de los expresidentes, respeto su opinión, pero lo primero es la cautela, la calma”, señaló.
En ese sentido, el titular de Seguridad sostuvo que el crimen organizado “es una realidad presente en Chile” y que se trata de un fenómeno que “no respeta fronteras”, por lo que consideró necesario profundizar la cooperación entre países.
“Hoy día tenemos que hacernos cargo de un crimen organizado. La manera correcta de hacerlo es organizándonos, sobre todo entre países que a veces conversaban poco”, afirmó el secretario de Estado.
“Bienvenidos sean”
El ministro Arrau destacó que Chile ya mantiene mecanismos de cooperación internacional, pero planteó que la incorporación a nuevas instancias multilaterales puede ampliar el intercambio de información y la coordinación frente a delitos transnacionales.
“Todas estas instancias multilaterales que nos permitan compartir información, coordinar operaciones, por ejemplo, intercambio de personas privadas de libertad, ¿cómo lo hacemos? Bienvenidos sean”, sostuvo.
Respecto de las críticas por una eventual afectación de la soberanía, la autoridad de Gobierno aseguró que el documento establece el respeto a las legislaciones de cada país.
“Lo que se ha firmado o lo que se ha adscrito es la intención de avanzar”, explicó, agregando que cualquier eventual tratado posterior debería seguir los procedimientos correspondientes.
Finalmente, insistió en que el debate debe abordarse con prudencia. “Hay que leer los antecedentes”, afirmó, calificando la adhesión como “un primer paso de un largo camino” cuyo desarrollo deberá conocerse progresivamente.
