Tras una jornada matutina en tribunales, el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve reiteró su inocencia y se refirió a uno de los puntos que, a su juicio, deberá ser discutido durante el eventual juicio oral, la pérdida de memoria que ambos involucrados han señalado respecto de lo ocurrido la noche del 22 de septiembre de 2024.
A la salida del Centro de Justicia, la exautoridad sostuvo que existe una diferencia en cómo se ha interpretado este antecedente y enfatizó que pérdida de memoria no equivale a inconsciencia.
“Es evidente que ninguna de las dos estaba inconsciente. Las dos personas relatan una pérdida de memoria, y la pérdida de memoria no es sinónimo de inconsciencia”, afirmó.
En esa línea, agregó: “Se da por hecho la pérdida de memoria de uno, se descarta por hecho la pérdida de memoria del otro. La pérdida de memoria no es un sinónimo de inconsciencia. Yo nunca he dicho que he estado inconsciente”.
Monsalve señaló que este punto deberá ser evaluado durante el juicio mediante los peritajes correspondientes. También abordó las versiones relacionadas con una eventual administración de drogas durante esa noche y aseguró que no fue él quien instaló esa hipótesis en la investigación.
Según explicó, la propia denunciante habría planteado en distintas oportunidades la posibilidad de que ambos hubieran sido objeto de administración de sustancias. El exsubsecretario sostuvo que su defensa solicitó diligencias para aclarar este aspecto, pero que estas fueron rechazadas inicialmente por la Fiscalía.
Durante sus declaraciones, Monsalve también calificó como un “error enorme” haber salido a comer con una persona que trabajaba en la Subsecretaría del Interior, asegurando que esa decisión lo expuso a una situación de vulnerabilidad.
La jornada estuvo marcada además por la suspensión de la audiencia de preparación de juicio oral, que quedó fijada para el 3 de marzo de 2027, y por la modificación de sus medidas cautelares: el tribunal rebajó su arresto domiciliario total a arresto domiciliario nocturno, manteniendo el arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con la denunciante.
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