La detención de un alcalde no debería ser la primera señal de que un municipio estaba en problemas: Nallely Gutiérrez, presidenta ejecutiva de la Asociación de Municipios de México, A. C.

La desaparición de poderes en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, a causa de su alcalde involucrado en distintos delitos asociados al crimen organizado y presuntos actos graves de corrupción, jala la atención hacia la capacidad institucional de los municipios para gobernar, rendir buenas cuentas y acompañar genuinamente el proceso de transformación política y social que vive el país.

Unidad básica de gobierno constitucional, bajo la noción de municipio libre, en varias unidades territoriales donde se supone debe comenzar la óptima organización de la administración pública se han presentado situaciones que apuntan a malos manejos, deficientes prácticas administrativas y, lo que es más lastimoso para la población, ediles coludidos con el crimen al que debieran combatir.

Ganar y asociarse para sus propios fines

Son casi dos mil 480 municipios en México que conforman la base de la división territorial y de la organización de la vida política y administrativa.

El ayuntamiento es la figura responsable de dirigir el municipio y, a través de sus integrantes, asume también la vigilancia del desempeño del presidente municipal, lo que queda corto cuando las personas que lo integran forman parte de un “grupo político” o de poder que se asocia para sus propios fines, como en el sonado caso de Juchitán, contrapuestos con la ética que demanda el servicio público.

En retrospectiva, son varios los hechos de alta exposición pública en los que se vincula a alcaldes abiertamente del lado de quienes se dedican a delinquir, surgidos por igual de las coaliciones PRI-PAN-PRD, Morena-PT-PVEM y de MC.

“Operación Enjambre”: Puebla, Morelos, Estado de México, Jalisco…

Para el 8 de septiembre, la Operación Enjambre, puesta en marcha en los primeros meses de la presente administración federal, orientada a evitar la infiltración del crimen organizado en las administraciones locales, reporta la detención y vinculación a proceso de 14 presidentes y expresidentes municipales por diversos delitos.

La gravedad es notoria: narcotráfico, secuestro, homicidio, desaparición forzada y extorsión, adicional al robo de combustible, asalto en carreteras, peculado y enriquecimiento ilícito. Hay más registros, solo que corresponden al fuero común o local, competencia de los gobiernos estatales.

Los estados de México, Puebla y Morelos comparten el número de cuatro ediles o exediles detenidos bajo la “Operación Enjambre”, y los dos restantes corresponden a Jalisco. Uno de ellos, el alcalde de Tequila, Diego “N”, vivió en febrero pasado su detención y la de su equipo cercano con una de las mayores coberturas mediáticas, debido a la extorsión a destilerías de renombre y su presunta participación en delincuencia organizada y secuestro.

El otro jalisciense es José Ascensión “N”, de Teuchitlán, arrestado en mayo de 2025 por delincuencia organizada y desaparición forzada.

Hermanos, esposos, grupos de poder

Tan solo entre agosto y septiembre de este año se registraron detenciones seguidas de alcaldes en Puebla: José Isaac “N”, del municipio Esperanza; Said de Jesús “N”, de Tepeyahualco, y Juan “N”, de San Juan Tianguismanalco (este último por el delito de violación).

En febrero de 2026 fue detenido y procesado el presidente municipal de Cuautempan, Gerardo “N”; en cateos previos se descubrieron armas largas, cartuchos y sustancias ilícitas en inmuebles a él referidos.

Como antecedente, está el escandaloso caso de la tripleta de los hermanos Uruviel “N”, Giovanni “N” y Ramiro “N”, capturados inicialmente en 2025. Bajo las siglas de MC, gobernaban al mismo tiempo Ciudad Serdán, Tlachichuca y San Nicolás Buenos Aires.

Respecto a Morelos, para finales de mayo, una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que en al menos ocho municipios de esa entidad hubo financiamiento de campañas por parte del Cártel de Sinaloa, por lo que fueron aprehendidos presidentes y expresidentes municipales, así como otros políticos locales.

Aplicar controles desde el municipio y detectar con oportunidad riesgos

De acuerdo con la presidenta ejecutiva de la Asociación de Municipios de México, A. C. (AMMAC), Nallely Gutiérrez, el municipio cuenta con controles políticos, administrativos, financieros y penales.

Esto, bien aplicado, y asociado a una escrupulosa selección de candidatos, debiera evitar lo que hoy vemos en varios territorios.

“El cabildo debe revisar las decisiones del gobierno municipal; los órganos internos de control investigan posibles faltas administrativas; las cuentas públicas son objeto de fiscalización; y, cuando existen indicios de delito, corresponde actuar a las fiscalías. Las declaraciones patrimoniales y de intereses, las reglas de contratación y las denuncias ciudadanas también permiten detectar riesgos”, aseguró.

Apuntó que la Constitución, en sus artículos 109, 113, 115 y 134, y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, establecen bases para exigir responsabilidades, coordinar el combate a la corrupción y vigilar el uso de recursos públicos. “Sin embargo, una regla escrita no sustituye una investigación oportuna”, destacó.

Hacia una agenda de integridad municipal

“La gobernabilidad de México empieza donde la ciudadanía vive las decisiones públicas: en sus municipios”, afirma Nallely Gutiérrez y, por ello, la AMMAC propone una agenda de integridad municipal con cinco acciones concretas:

Fortalecer técnicamente los órganos internos de control; publicar información comprensible sobre contratos, proveedores, obras y gasto; atender y proteger las denuncias; revisar riesgos en seguridad, obra pública, catastro, mercados y permisos; y establecer protocolos para remitir oportunamente posibles delitos a las fiscalías.

“Recomiendo crear protocolos de atención temprana entre municipios, estados y Federación, con responsabilidades claras y seguimiento verificable. Cuando haya indicios de delito, las fiscalías deben investigar; cuando existan fallas administrativas, deben intervenir las instancias de control correspondientes. En todos los casos debe respetarse la presunción de inocencia y el debido proceso”, anotó.

La presidenta ejecutiva de la AMMAC —instancia apartidista sin fines de lucro— expresó que “la autonomía municipal no puede convertirse en aislamiento ante una amenaza criminal. Tampoco puede usarse una investigación para estigmatizar a todos los ayuntamientos. Debemos respaldar a los gobiernos locales que cumplen la ley y asegurar que los servicios a la población continúen aun durante una crisis institucional”.

Subrayó que una detención no debería ser la primera señal de que un municipio estaba en problemas. “Las denuncias persistentes de extorsión, las irregularidades en contratos y las advertencias sobre funcionarios deben examinarse con oportunidad, proteger a quienes denuncian y documentar la respuesta institucional”.

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