El secretario general de Gobierno de Nuevo León, Miguel Ángel Flores Serna, llamó a preservar el respeto a las instituciones durante la conmemoración del cuarto aniversario de la Nueva Constitución del Estado, realizada en el Antiguo Congreso del Estado, en Palacio de Gobierno, al destacar que el ordenamiento establece los derechos de la ciudadanía, los límites del poder y las obligaciones de quienes ejercen responsabilidades públicas.
Mediante un comunicado, Flores Serna sostuvo que la actualización de la Carta Magna respondió a los cambios que ha experimentado Nuevo León en las últimas décadas y planteó que su contenido debe mantenerse vigente más allá de los periodos de gobierno, al señalar que los cargos y los nombres cambian, pero las instituciones deben permanecer.
El secretario general de Gobierno señaló que el nuevo ordenamiento fue resultado del diálogo entre el Congreso, especialistas y distintos sectores de la sociedad con el objetivo de construir un marco constitucional acorde con las nuevas necesidades de la entidad.
Flores Serna destacó además que la Constitución fortaleció las facultades de la nueva Fuerza Civil y enfatizó que la seguridad requiere instituciones sólidas, policías profesionales, inteligencia y coordinación.
Añadió que el documento constitucional debe traducirse en acciones concretas y en instituciones que funcionen al servicio de la ciudadanía.
“Por eso, a cuatro años de distancia nuestra responsabilidad no es solamente celebrarla, es cumplirla, porque los gobiernos pasan, los cargos terminan, los nombres cambian, pero las instituciones deben permanecer”, afirmó.
Por su parte, la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, señaló que la Constitución representa el acuerdo fundamental de la sociedad y que su importancia trasciende los ámbitos jurídico e institucional, al establecer derechos que impactan directamente en la vida cotidiana de las personas.
“Una Constitución es, en pocas palabras, el acuerdo más importante que tenemos como sociedad”, afirmó.
Rodríguez Cantú destacó que la nueva Carta Magna reconoce derechos relacionados con la salud física y mental, primera infancia, educación, movilidad, desarrollo económico, agua, seguridad, reducción de desigualdades, cultura y medio ambiente.
Subrayó que los cambios que transforman a una sociedad requieren visión de largo plazo y voluntad para construir desde el presente el futuro de las nuevas generaciones, además de que los derechos establecidos deben permanecer más allá de los cambios de administración.
“Lo más poderoso de estar hoy aquí, es saber que nosotros somos solamente una parte de una historia mucho más grande, que ha comenzado a construir lo nuevo, lo que sí da resultados. Estoy segura de que en unos años más, cuando nuestras hijas e hijos volteen hacia atrás, se sentirán orgullosas y orgullosos de poder decir que a nuestra generación no le dio miedo pensar en grande”, expresó.
La ceremonia se llevó a cabo en el Antiguo Congreso del Estado, en Palacio de Gobierno, con la presencia de funcionarios estatales y municipales, historiadores, cronistas y ciudadanos.
La renovación constitucional, propuesta por el Gobernador Samuel García Sepúlveda, comenzó a impulsarse el 16 de diciembre de 2021, con el anuncio de la creación de un Grupo de Acompañamiento integrado por 13 abogados y especialistas que participaron en la revisión y construcción del nuevo texto constitucional.
Como parte del proceso se realizaron cuatro conversatorios sobre Derechos Humanos; División de Poderes; Órganos con Autonomía Constitucional; y Municipios y Coordinación Metropolitana. Las aportaciones fueron posteriormente entregadas al Congreso del Estado para su análisis y discusión.
Durante la conmemoración se entregaron cuatro ejemplares de la Nueva Constitución a integrantes del presídium y posteriormente se realizó una visita guiada por el Museo de las Constituciones, a cargo de personal especializado del recinto.
A cuatro años de su entrada en vigor, las autoridades destacaron que el reto consiste no solamente en preservar el texto constitucional, sino en garantizar que los derechos y principios establecidos se traduzcan en instituciones que funcionen y estén al servicio de la ciudadanía.
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