Emanuel Ibarra, actual jefe de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), registra un reciente historial de lobby en el sector privado. Antes de asumir el cargo titular en agosto pasado, el abogado representó a seis empresas que mantienen procesos sancionatorios abiertos por faltas catalogadas como “gravísimas” ante la misma entidad que hoy encabeza, revela una nueva publicación de Ciper.
Entre 2023 y 2026, el profesional participó en ocho reuniones ante organismos del Estado para defender a firmas como Andex Minerals, Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi e Interchile. La nómina de clientes también incluyó a la forestal Tulsa, Agrícola Tarapacá y la productora Cal Austral. Las infracciones de estas compañías abarcan desde sondajes ilegales en reservas nacionales hasta riesgos sanitarios por malos olores y vectores.
Frente a los cuestionamientos, el titular del organismo fiscalizador confirmó que se inhabilitará de los procesos que involucran a sus exclientes. “Se ejercerá el deber de abstención en cada caso”, aseguró mediante un escrito. Además, detalló que ya informó formalmente de esta decisión al área jurídica para dar trazabilidad al mecanismo de subrogancia.
El historial de Emanuel Ibarra antes de retornar a la SMA
El medio de investigación explica que la trayectoria del abogado está marcada por un tránsito bidireccional entre el Estado y el mundo privado. Trabajó durante diez años en la institución ambiental e incluso ejerció como superintendente subrogante en 2022. Tras su salida en 2023, se integró al estudio jurídico Moreno, Sáez y Avilés, asumiendo la representación de firmas que él mismo había fiscalizado.
Durante su etapa previa como funcionario público, participó activamente en los expedientes sancionatorios contra Collahuasi e Interchile. Luego, ya instalado en el ámbito privado, concurrió ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y otras entidades para gestionar soluciones ligadas a los mismos proyectos infractores, abordando los planes de cumplimiento exigidos.
Su regreso al ente regulador se materializó mediante un concurso de Alta Dirección Pública, integrando la nómina final de la cual fue seleccionado y nombrado en agosto pasado. Sin embargo, su designación obliga a la entidad a tomar resguardos administrativos inéditos para la resolución de las carpetas vigentes que involucran a sus antiguos representados.
Actualmente, los procedimientos sancionatorios de las seis compañías asesoradas siguen su curso legal o se encuentran con medidas de mitigación en plena ejecución. Frente a eventuales incumplimientos, la normativa exige reabrir las investigaciones, diligencias que ahora quedarán exclusivamente en manos de las jefaturas subrogantes del servicio para evitar conflictos de interés.
