En 2009 el Estado sumó una nueva instancia judicial tras la puesta en marcha de los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA), los cuales -como su nombre lo dice- están enfocados en tramitar causas relacionadas a impuestos y asuntos de índole económico relacionado a las recaudaciones fiscales y aduaneras.
Si bien son instituciones independientes, la operación de los 18 TTA que existen a nivel nacional -uno por región y cuatro en la Región Metropolitana-, están bajo la supervigilancia del Poder Judicial a través de las respectivas cortes de apelaciones y de la propia Corte Suprema.
A 17 años de la puesta en marcha de los TTA, el Observatorio Judicial estudió la operación de dichas reparticiones, analizando los datos desprendidos del trabajo que han realizado estos organismos desde 2013 al 2025.
Del mismo análisis se desprenden hallazgos importantes en el funcionamiento de los tribunales, principalmente debido a diferencias estructurales en la operación de la instancia, lo que se traduce en una concentración de casos y de una eficiencia laboral y económica en las causas que se analizan.
El estudio
El análisis realizado por el Observatorio Judicial demuestra que desde 2013 hasta 2025 en promedio ingresan más de dos mil causas tributarias al año y se concluyen 1.285 causas. En esa línea, además se pudo determinar el tiempo que tardan las causas tributarias en concluir, destacándose que en años como 2021 los casos requirieron de 3,5 años adicionales desde el ingreso para poder llegar a un término. En 2021, ese promedio llegó a 1,4.
Pero las principales alertas se levantan cuando se revisa detalladamente el número de casos por cada tribunal. Los cuatro tribunales de la Región Metropolitana son los que concentran la mayoría de los casos con un contraste sustancial respecto a los otros del país.
Por ejemplo, entre 2013 y 2025, el 1º TTA de Santiago recibió en promedio anual 198 causas; el 4º TTA, 193, mientras que otros como el de Aysén tuvo 10 casos en un año. Lo anterior se traduce en que entre los TTA de la RM, Valparaíso, Ñuble y Biobío concentran el 70% del trabajo de todo el país, y agrupados los de Aysén, Atacama, Arica y Parinacota, Los Ríos, Magallanes y Antofagasta equivalen sólo al 9% del total de casos de los TTA.
Lo anterior, según consigna el informe, dificulta el resultado del trabajo de los propios tribunales: “Si miramos el año 2025, los seis tribunales con mayor ingreso al cierre de ese año acumulaban el 84% del total de causas pendientes, a saber, 2.111 de un total de 2.524″. Pero pese a eso, también se exponen datos respecto a la eficiencia, ya que -cita el ejemplo- el 1º TTA de Santiago, pese a ser el tribunal con más casos en todo el país, es el que el menos causas pendientes tiene, mientras que los que reciben menos causas, tienen más pendientes.
Esa misma eficiencia también se analiza respecto al número de funcionarios que tiene cada tribunal. El 1º TTA de Santiago, cuenta con 10,3 funcionarios para 198 causas, mientras que el de Aysén con 2,2 para las diez causas anuales. Lo anterior también se repite al nivel de jueces, los cuales son uno por cada tribunal. En este apartado, la cifra de diferencia entre número de casos es 19,8 mayor en promedio. Ya que mientras un magistrado del TTA de Santiago toma casi 200 causas al año, otro de la zona austral ve 10.
Respecto a las sentencias, el informe sostiene que las diferencias “son enormes: el juez del 4° TTA de la Región Metropolitana dicta 94 sentencias al año; el del 1°, 83, y el del 3°, 77; en el otro extremo, Atacama y Aysén dictan solo 4. La brecha es de 22 veces, incluso mayor que la de 20 veces que se observa en los ingresos por juez".
Lo dispar del trabajo y sus resultados también se da respecto a los recursos, agrega el estudio del Observatorio Judicial. El gasto anual de los TTA tiene en promedio un presupuesto de $ 10.475 millones, donde el 70% de los recursos se destina a gastos en personal. Analizado por el número de casos, el informe destaca que mientras los tribunales de Santiago incurren en un gasto de $ 3,4 millones por causa, uno de región como Atacama gastará $ 24,6 millones.
El director de estudios del Observatorio Judicial, Juan Francisco Cruz, sostiene que “la diferencia se explica por la regla de competencia del Código Tributario. Por regla general, cada contribuyente reclama ante el tribunal de la región donde tiene su domicilio, y las empresas están muy desigualmente distribuidas en el país”.
“La falencia de diseño es que la orgánica ignora esta realidad, que se puede anticipar. La ley asignó un juez por región con recursos casi idénticos, aunque un juez de Santiago tiene bajo su jurisdicción unas 13 veces más empresas que el de Aysén. Por eso uno recibe 198 causas al año y el otro, 10″.
La propuesta
El mismo informe del Observatorio Judicial plantea una propuesta para revertir esta compleja situación, la cual no genera un impacto presupuestario, sino que sólo de distribución. Esta redistribución considera la agrupación de cargas de trabajo y, consigo, de los magistrados de cada tribunal.
La propuesta contempla la agrupación de tribunales por un modelo de cinco macrozonas: Norte (Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama), Centro Norte (Coquimbo y Valparaíso), Metropolitana (RM), Centro Sur (O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío) y Sur Austral (La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes).
Lo anterior, según plantea el mismo informe, permitiría equiparar el número de causas por juez, las sentencias por cada magistrado, los costos y hasta el costo promedio por cada sentencia.
“La medida que proponemos es una orgánica similar al sistema de justicia ambiental (...) con este sistema la brecha de trabajo se reduce de una diferencia de 20 veces entre tribunales a un máximo de dos. Lo bueno de este cambio es que no requiere mayor presupuesto, sino que racionalizar el actual capital humano con que ya cuenta la justicia tributaria”, explica Cruz.
