Aun con el aumento del presupuesto federal destinado a becas educativas, que pasa de 122 mil 38 millones de pesos en 2025 a 185 mil millones de pesos en 2026, casi 63 mil millones más en un año, 19% de los jóvenes de 18 a 24 años en México no estudian ni trabajan.
La cifra coloca al país entre las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con mayor proporción de jóvenes en esta condición, de acuerdo con el informe Education at a glance 2026.
El documento señala que la brecha entre mujeres y hombres es todavía más marcada. Mientras 10% de los varones de 18 a 24 años no estudia ni trabaja, entre las mujeres la proporción alcanza 29%, casi tres de cada 10.
Horacio Martínez, académico del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos, considera que el dato obliga a revisar si el crecimiento de becas consigue que los jóvenes permanezcan en la escuela y después encuentren una ruta laboral.
“Se presume que los apoyos y las becas son la respuesta al abandono escolar y a la inactividad juvenil, pero si el país sigue entre los peores de la OCDE, presentando una brecha de género récord, hay que preguntarse si la transferencia económica, por sí sola, está garantizando permanencia, aprendizaje y una ruta laboral”, comenta.
Menciona que 19% representa aproximadamente 3 millones de jóvenes a quienes, afirma, el Estado mexicano no logra garantizar plenamente el acceso a la educación, a un trabajo digno y a un proyecto de vida.
La OCDE reporta que el porcentaje de jóvenes mexicanos que no estudian ni trabajan disminuye de 23% en 2015 a 19% en 2025. Con todo, México se mantiene seis puntos porcentuales por encima del promedio de 13% entre los países de la organización con datos disponibles para ambos años.
Para Martínez, la reducción es real, pero insuficiente. “Bajar de 23% en 2015 a 19% en 2025 es un avance, pero cuatro puntos en una década no justifican festejo cuando seguimos muy por encima del promedio”, afirma.
El académico propone evaluar las becas no sólo por el número de beneficiarios, sino por sus resultados en permanencia escolar, conclusión de estudios e incorporación posterior al mercado laboral.
Jimena Hernández, académica del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, advierte que el dato más preocupante es la desigualdad entre mujeres y hombres.
Explica que el 29% registrado entre las mujeres no significa que casi tres de cada 10 permanezcan inactivas. Una proporción importante, señala, realiza trabajo doméstico y labores de cuidado sin remuneración, por lo que la expresión “no estudian ni trabajan” puede ocultar actividades indispensables que no forman parte del empleo remunerado.
Hernández agrega que tampoco debe interpretarse el fenómeno como falta de interés por estudiar. Cita un estudio de Fundación SM según el cual 79% de los jóvenes quiere continuar sus estudios, mientras que entre quienes los interrumpen predominan causas externas como la necesidad de trabajar y la falta de recursos.
Por ello, plantea que además de las políticas educativas y laborales se requieren medidas de cuidado que permitan en particular a las mujeres regresar a la escuela o incorporarse a un empleo remunerado.
Fernando Ruiz señala que el promedio nacional esconde diferencias profundas entre regiones. Explica que la distancia entre las zonas con mayor y menor proporción de jóvenes fuera de la educación y del empleo supera los 20 puntos porcentuales.
A su juicio, esas diferencias muestran que no existe un solo problema detrás de 19%. Las condiciones educativas, las oportunidades de trabajo y las barreras sociales cambian dependiendo del lugar donde viven los jóvenes.
Por ello, considera que las respuestas también deben ser distintas. Algunos necesitan condiciones para permanecer y concluir la educación media superior; otros requieren una primera oportunidad laboral y otros mecanismos más eficaces para pasar de la escuela al trabajo.
Ruiz sostiene que el debate no debe limitarse a preguntar cuántas becas o espacios de capacitación existen, sino identificar qué políticas funcionan, para qué jóvenes y en qué territorios.
Paulina Amozurrutia, fundadora y coordinadora nacional de Educación con Rumbo, enfoca el problema en la preparación académica con la que los jóvenes buscan incorporarse al mercado laboral.
Señala que las deficiencias en comprensión lectora, resolución de problemas lógico-matemáticos, síntesis, abstracción y pensamiento crítico limitan las posibilidades de obtener un empleo y construir una trayectoria laboral autónoma.
Amozurrutia sostiene que la política educativa debe fortalecer la formación académica, la evaluación diagnóstica y formativa, y el desarrollo de habilidades que permitan a los jóvenes responder a las exigencias de un mercado laboral cada vez más competitivo.
Israel Sánchez Martínez, presidente nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia, plantea que uno de los problemas de programas como Jóvenes Construyendo el Futuro es qué sucede con los beneficiarios una vez que concluye el apoyo. Considera que las políticas dirigidas a este sector requieren una ruta posterior que les permita mantenerse dentro del mercado laboral.
Advierte que si un joven llega al final de estos programas sin capacitación suficiente ni herramientas adquiridas durante su trayectoria por primaria, secundaria y bachillerato enfrenta mayores dificultades para conseguir un empleo estable. Por ello, señala que los apoyos deben acompañarse de una estrategia que prepare a los beneficiarios para el momento en que dejan de recibirlos.
Sánchez Martínez sostiene que la política social dirigida a los jóvenes debe estar vinculada con la agenda educativa y laboral. Afirma que no basta con aumentar los recursos destinados a los programas si al mismo tiempo no se desarrollan conocimientos, capacidades técnicas y habilidades básicas que permitan competir por un empleo.
El dirigente de la Unión Nacional de Padres de Familia considera que ese modelo no es sostenible si los apoyos terminan sin haber generado condiciones para que las personas puedan desarrollarse de manera autónoma. Por ello, señala que el Estado debe garantizar, especialmente desde las escuelas públicas, una educación que proporcione las herramientas necesarias para construir una trayectoria laboral una vez que concluyan los programas sociales.
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