Tijuana, Baja California.- La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda (Morena) instruyó una revisión exhaustiva de empresas o personas, señaladas en la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y, mientras aclaren su situación jurídica, no podrán participar en nuevas licitaciones estatales.
"No vamos a encubrir a nadie ni a prejuzgar; vamos a esclarecer los hechos con documentos y con absoluta disposición frente a las autoridades competentes”, enfatizó la mandataria.
Ávila Olmeda explicó que, a partir del señalamiento emitido por la agencia estadounidense a empresas, la instrucción al interior de su gabinete es clara y puntual: revisar minuciosamente cualquier antecedente contractual.
La gobernadora aclaró que las instituciones públicas adjudican contratos con base estricta en la información, los registros del padrón de proveedores y las restricciones jurídicas vigentes al momento de celebrar los procesos administrativos.
“El principio es muy claro: cuando se contrató, se hizo conforme a la información y la situación jurídica entonces disponibles. En ese momento no existía inhabilitación, sanción previa ni impedimento legal alguno para celebrar dichos actos. Hoy existe información nueva y, a partir de ella, actuamos en consecuencia: revisando a fondo, descartando cualquier riesgo y dando vista a los órganos de control”, informó.
Respecto a los contratos, precisó que corresponden a equipamiento, suministros e infraestructura técnica para el fortalecimiento operativo.
Por otra parte, la administración estatal puntualizó que organismos como la Fiscalía General del Estado (FGE) cuentan con autonomía constitucional, presupuestal y de gestión administrativa para ejecutar sus propios procesos de compra y resguardo documental.
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