La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó la reincorporación de una funcionaria de La Moneda tras declarar como ilegal y arbitrario su despido. Beatriz Alejandra Ponce Farías, quien se desempeñaba como Jefa del Departamento de Repostero Presidencial y Casino General, había sido desvinculada en marzo de 2026 bajo el argumento de una supuesta pérdida de confianza y necesidades del servicio.
La profesional ingresó a prestar servicios el 1 de noviembre de 2018 y mantenía su contrata renovada hasta diciembre de este año. Sin embargo, la Dirección Administrativa de la Presidencia decidió adelantar el término de su designación. Frente a esta situación, la trabajadora presentó un recurso de protección, acusando la vulneración de sus garantías constitucionales.
Fallo judicial y protección de derechos
En su resolución dictada el 11 de septiembre de 2026, el tribunal de alzada determinó que la trabajadora estaba amparada por el principio de confianza legítima, al registrar más de siete años de servicios continuos. La justicia aclaró que el régimen de exclusiva confianza está reservado por ley a cargos de planta, por lo que no resulta aplicable a empleos a contrata sin una norma que lo habilite de forma expresa.
Además, la corte desestimó las justificaciones de reestructuración del Ejecutivo, argumentando que la medida carecía de una fundamentación objetiva y razonable. El fallo destacó que la funcionaria mantenía calificaciones ininterrumpidas en Lista 1 de Distinción y no registraba ninguna medida disciplinaria, por lo que la adecuación del perfil del cargo no era suficiente para justificar su separación anticipada.
Como resultado del dictamen unánime de la Séptima Sala, la Presidencia de la República deberá dejar sin efecto la resolución impugnada. La autoridad está obligada a reintegrar a la trabajadora a sus labores o a un cargo de igual jerarquía, debiendo además restituir todas las remuneraciones y cotizaciones previsionales correspondientes al período en que permaneció fuera del sistema.
