Las condiciones macroeconómicas en las cuales se discutirá la Ley de Presupuestos 2027 son particularmente exigentes. La economía ha continuado en una senda de debilitamiento -el Imacec de agosto cayó 1%- en tanto el desempleo escaló a 9,6%, la mayor cifra en cinco años. Además, el Ejecutivo ha reiterado el compromiso de llevar el balance estructural a -1,5% del PIB hacia 2030, como asimismo no exceder el 45% del PIB como límite prudencial de endeudamiento. En ese contexto, el erario del próximo año tendrá la difícil tarea de conjugar una serie de urgencias sociales -como es el caso de seguridad, empleo y mejorar el acceso a la salud-, con la debida contención del gasto para no generar nuevos desequilibrios fiscales.
La propuesta de Presupuesto de la Nación que el gobierno del Presidente José Antonio Kast ha presentado ante el Congreso responde en principio a estos lineamientos. El crecimiento del gasto será de 1,5% respecto de lo ejecutado este año, un aumento que ha sido estimado prudente por diversas voces técnicas y que en sí ya representa un esfuerzo para contener la expansión del gasto. El Mandatario ha explicado que el diseño original contemplaba una expansión de 1%, pero en atención a los planes de empleo y de reactivación que el país requiere se hizo el esfuerzo de considerar un 0,5% adicional.
En su propuesta el gobierno ha definido cuatro grandes prioridades presupuestarias: crecimiento y empleo; seguridad; protección a la infancia y el resguardo de los beneficios sociales, como es el caso de la PGU. Aun cuando todavía resta por conocer el detalle de cada una de las partidas, estos grandes lineamientos parecen bien orientados, concordantes con aquellas demandas más sentidas por la ciudadanía.
Para el caso de crecimiento, trabajo y reconstrucción, el Mandatario señaló que se destinarán $9,5 billones, lo que supone un aumento de 8% respecto de lo destinado para el presente año. Valioso resulta el anuncio de que se impulsarán 241 obras públicas en todas las regiones del país, las que reclutarán mano de obra local, lo que en todo caso no puede hacer perder de vista que para contener la emergencia laboral el solo esfuerzo fiscal no bastará, por lo que sigue siendo prioritario que el país aborde reformas estructurales.
Seguridad, en tanto, es la partida que experimentará el mayor aumento de recursos -sobre 9%-, donde parece acertado que se busquen reforzar las capacidades de las policías, el aumento de la dotación, así como recursos para financiar infraestructura carcelaria. El compromiso asumido por el jefe de Estado en orden a revisar 632 programas supone también un paso que apunta al buen uso de los recursos públicos y que se complementa con los recortes de gasto ya en marcha.
Ciertamente que el debate presupuestario se anticipa complejo, porque así como hay áreas que verán un aumento de su presupuesto, en otras este disminuirá en forma significativa. Siendo legítimo que en el marco del debate legislativo se busquen ciertos ajustes y compensaciones, es relevante no perder de vista que el mayor crecimiento proyectado en 2027 producto de la Ley de Reconstrucción es incierto, principalmente por el volátil escenario internacional, lo que exige que el erario sea discutido bajo la óptica de una necesaria contención del gasto y focalizar en aquellas áreas prioritarias.
