San José Iturbide.— Unos 10 “gigantes blancos” asentados en la Terminal de Almacenamiento y Suministro de Hidrocarburos de San José Iturbide perturban la tranquilidad en la comunidad de La Fragua, ubicada a 14 kilómetros de la cabecera municipal.
“Son un peligro, una explosión y ¡puff! se acaba este pueblo y todos los que están alrededor”, comenta Salvador, uno de los 400 habitantes de esta localidad.
La puerta de su casa, ubicada en la calle Insurgentes, está a menos de seis metros de la barda perimetral de la planta.
Salvador desconfía del dicho de la empresa propietaria del complejo, Gas Natural del Noroeste (GNN), perteneciente al Grupo SIMSA, que en lonas asegura que cumple con todos los lineamientos de seguridad.
La noticia sobre el ingreso de agentes federales y estatales a la terminal puso la mira en La Fragua. Para los pobladores esta es la oportunidad de mostrar un pueblo que vive con miedo y de pedir que apliquen medidas de seguridad.
María menciona que la comunidad normalizó el vivir junto a tanques que guardan más de 100 millones de litros de combustible, pero la preocupación existe.
“A veces no nos animamos a denunciar, pero queremos que el gobierno nos vea. Si llegara a pasar algo, no sabemos ni para dónde correr”, plantea la mujer.
El operativo
La Fiscalía General de la República (FGR) intervino la Terminal de Almacenamiento de GNN el 17 de septiembre pasado con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato y de la Guardia Nacional. Con una orden de cateo autorizada por un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el estado se aseguraron 10 tanques, tres pipas y contenedores que, en suma, almacenaban 59 millones 36 mil 870 litros de hidrocarburo que se reportó como presunto huachicol.
La planta entró en operación hace más de ocho años y medio, con el aval del gobierno federal. Desde entonces está pendiente una ruta de evacuación para la población.
La empresa GNN maniobró sin interrupciones hasta la fecha del cateo, y días después reabrió sus puertas, presuntamente por probar la licitud del combustible, aunque la FGR ha dicho que siguen las investigaciones.
En dos lonas colocadas en la barda frontal y otra en la entrada principal, la compañía asegura que todo está en orden en cuanto a su operatividad.
En ellas, hace mención del permiso de almacenamiento de petrolíferos otorgado por la Comisión Reguladora de Energía número PL/19344/ALM/2016, así como la resolución que otorga el permiso de almacenamiento número RES/885/2016.
También describe que tiene la autorización en materia de impacto ambiental otorgada por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la licencia de la autoridad municipal para uso de suelo, además del visto bueno de Protección Civil y de medio ambiente municipales.
Poca actividad
La puerta principal de la planta está abierta, aunque sólo para trabajadores y guardias de seguridad privada que controlan el acceso del personal, que por momentos salen a platicar o prender un cigarrillo, pese a que a unos pasos hay señalética que prohíbe fumar.
EL UNIVERSAL recorrió el exterior de la terminal el 29 y 30 de septiembre, no hubo tráfico de pipas al interior, ni ingresaron ni salieron, sólo un tráiler-pipa con doble tanque con el logotipo de Mobil se aproximó a 50 metros de la entrada de la planta, ahí permaneció por más de media hora y se fue.
El Gran Diario de México pidió autorización para recorrer las instalaciones; guardias privados entablaron comunicación vía radio portátil con directivos de la empresa, quienes en la misma línea la negaron.
“No hay acceso a la planta. No hay personal administrativo, sólo operativo, lo que pueda ver desde afuera”, dijo un vigilante.
Dos pares de vías de ferrocarril circundan por el interior el terreno para el tráfico de los ferrotanques con combustible que alimentan los depósitos.
Unos 10 enormes tanques de almacenamiento con capacidades de 120 mil, 150 mil y 185 mil barriles de hidrocarburos, distribuidos en grupos de tres, tres y cuatro, reposan a lo largo de la planta, todos identificados y señalados con el tipo de líquido que contienen: gasolina regular, magna y diesel.
Desde la incursión de la FGR, la actividad es mínima, pero personal de seguridad afirmó que los trabajadores laboran las 24 horas.
Los pobladores de La Fragua son testigos de que no hay el mismo movimiento. Ellos saben en qué momento llegan los tanques por ferrocarril y cuándo entran o salen las pipas.
“Nada más basta con asomarse y ver la fila de tráileres formados para entrar a la planta, y eso no sucede desde el día en que la FGR hizo el cateo”, señala Julio Mejía, delegado electo de la comunidad.
Comenta que “a los pocos días [de la intervención de la FGR] se llevaron todas las pipas y nomás dejaron tres, que siguen ahí”.
También cesó el ruido cotidiano del ferrocarril.
El delegado comunitario agregó que, como autoridad, su real preocupación es que la terminal está muy pegada al rancho, y es del interés general saber si seguirá o no en operaciones.
Señala que una vez que la planta confirme que sigue activa, se le pedirá a la empresa que aporte para obras de mejoramiento de la comunidad, y para la seguridad, en beneficio de todos.
“Estamos a 900 metros de la planta desde donde está el punto de reunión [en caso de evacuación], y de acuerdo con el reglamento del gobierno federal, debe de estar a no menos de un kilómetro de cualquier habitación”, explica.
El delegado alertó que si se provoca algo ahí “todos vamos a salir quebrados, aunque en la empresa aseguran que tienen muchos mecanismos de seguridad, como válvulas y todo eso”.
Señala que los encargados hablan de que tienen, “para el último de los casos, un material que es espuma, que esa es la más fuerte. Pero eso ya es para grandes cantidades, es porque ya el incendio ya está muy grande (…) cuando se active la espuma, ya vamos a tener tiempo de retirarnos”.
El proyecto de Julio Mejía, como delegado, es trabajar una ruta de evacuación con señalamientos, que se espera sean aportados por la empresa GNN. Según su plan, Protección Civil va a capacitar con bomberos a todos los habitantes, incluso a los maestros, en qué hacer en caso de emergencia.
Los habitantes comparten que la empresa ha aportado poco a la comunidad, y que si el gobierno decide que esa planta permanezca en La Fragua, ellos exigen más garantías para su protección y más beneficios para la comunidad.
El único apoyo que reciben es durante las fiestas en honor al Señor de la Ermita, con el propósito de que los comuneros no prendan castillos ni la pirotecnia.
“Creo que van dos o tres años que [la empresa] ha cooperado para las fiestas de aquí. Pero nos cooperan con la intención de que no tengamos castillos, no tengamos cohetes, que no tengamos nada de pirotecnia aquí”. A la escuela le dieron el techo de la cancha, y creo que hicieron un aula para la telesecundaria y otro salón aquí para la primaria”, y eso ha sido todo.
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