SEÑOR DIRECTOR:
Preocupantes son las cifras publicadas por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), elaboradas a partir de datos de la Dirección General de Concesiones del MOP, las que muestran que el plazo promedio entre la adjudicación y el inicio de obras pasó de un año y dos meses entre 1992 y 2010, a dos años y siete meses desde 2011, esto es más del doble.
Desde una perspectiva económica, estos mayores plazos no son inocuos. Implican no solo que la construcción se atrasa, lo que tiene relevancia y efectos en lo económico y social, sino también mantener por más tiempo garantías y financiamiento, postergar flujos esperados y aumentar la exposición a variaciones de costos y condiciones de mercado. A ello se suma que el retraso de la puesta en servicio significa postergar los beneficios que esas obras entregan al país.
Revertir esta tendencia requiere también una mirada desde las políticas públicas, orientada a recuperar capacidad en el desarrollo, gestión y preparación de los proyectos. Al mismo tiempo, una adecuada asignación de riesgos, mayor madurez de ingeniería y evaluaciones económicas tempranas pueden reducir incertidumbre y evitar que esta termine traduciéndose en mayores costos, atrasos y controversias.
Karina Araya V.
Socia GEDD Consultores
