En medio de un operativo militar y policial sin precedentes, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, anunció la reconstrucción total de la policía municipal de Juchitán de Zaragoza, argumentando que la ciudadanía perdió la confianza en la corporación tras la detención del expresidente municipal Miguel Ángel Sánchez Altamirano, procesado por nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Durante una reunión con el comisionado municipal interino, Francisco Vásquez Jiménez, el mandatario estatal confirmó que las Fuerzas Federales y estatales tomaron el control absoluto de la seguridad pública en el municipio del Istmo de Tehuantepec, considerado actualmente como el quinto más violento de México.
"Yo quiero plantearles que reconstruyamos una nueva policía municipal en Juchitán; no podemos tener esa policía, ya no hay confianza de la población. Vamos a instalar más cámaras y arcos de seguridad con el C5, ya no podemos dejar a Juchitán en el abandono", sentenció Salomón Jara.
A la par del anuncio, el secretario de Seguridad Pública de Oaxaca, Félix Quiroz Javier, informó que el armamento de la policía local fue desarmado y retirado de manera preventiva. El equipo permanecerá bajo resguardo estatal mientras se liquida el expediente administrativo que firmó el exalcalde Sánchez Altamirano —imputado por homicidio y extorsión— y se actualiza el acta con la nueva autoridad designada.
En tanto, el comisionado Francisco Vásquez precisó que la presencia de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y las fuerzas especiales estatales se mantendrá en las calles de la ciudad zapoteca "el tiempo que sea necesario".
Ejes de la intervención de seguridad en Juchitán:
La intervención directa del Gobierno de Oaxaca en la policía de Juchitán expone la vulnerabilidad de los mandos municipales frente a la penetración de cárteles de la droga en el Istmo de Tehuantepec.
La captura de Miguel Ángel Sánchez Altamirano —señalado por la fiscalía federal de servir como enlace operativo del CJNG en una ruta estratégica para el tráfico de migrantes, armas y drogas— obligó a la aplicación de la Ley de Sistema Estatal de Seguridad Pública para desarmar a la policía local, mecanismo recurrente cuando se presumen compromisos operativos entre agentes municipales y células delictivas.
Al clasificarse entre los cinco municipios con mayor índice de letalidad en el país, el rescate institucional de Juchitán busca estabilizar la zona para proteger la infraestructura y el flujo logístico del Corredor Interoceánico.
