Un intenso y subterráneo intercambio de opiniones jurídicas se dio el fin de semana entre parlamentarios, asesores legislativos, funcionarios del Congreso y representantes del gobierno.

El sorpresivo rechazo, por falta de un solo voto, de la Cámara de Diputados a la reforma constitucional del Presidente José Antonio Kast, que amplía el plazo de detención de inmigrantes en situación irregular, reabrió un antiguo conflicto entre la derecha y la disuelta Concertación.

Este nuevo intercambio de opiniones culminó este martes con una decisión de la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), que le ayudaría al Ejecutivo a ahorrarse un puñado de votos y no tener que aspirar a una mayoría casi imposible para reflotar su reforma.

Si bien la Constitución permite a La Moneda “insistir” con un proyecto rechazado -según el artículo 68-, hasta el fin de semana había dudas de cuántos votos se iban a requerir para que el gobierno repusiera su rechazada iniciativa migratoria.

El artículo 68 señala que para que una “insistencia” sea aprobada, el procedimiento se realiza en la otra rama del Congreso, que debe brindar el respaldo de dos tercios de los parlamentarios “presentes”. En este caso, ello equivale a 33 senadores (pueden ser menos dependiendo de las ausencias).

El problema es que, a diferencia de las leyes simples, las reformas constitucionales tienen un tratamiento especial, según el artículo 127 de la Carta Fundamental, y se aprueban con cuatro séptimos de legisladores en ejercicio, es decir, 29 votos de la Cámara Alta.

El tema se analizó incluso en la reunión de comité político, realizada el domingo en el departamento del ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot (RN), quien, según algunos asistentes, admitió que estaban revisando antecedentes, pues era una materia en la que había opiniones distintas.

Núñez adopta decisión

La decisión, sin embargo, recaía en la presidenta del Senado, quien tras un informe jurídico elaborado por el secretario general de la corporación, Luis Rojas, con la participación de otros abogados de la institución, resolvió que se aplicaría el quórum de 29 votos, según consta en el artículo 127.

Con ello, Paulina Núñez le brindó un alivio al Ejecutivo, que tendría que conseguir cuatro votos menos para revivir su rechazada reforma migratoria.

La determinación de la presidenta de la Cámara Alta, en uso de facultades y en base a una profusa jurisprudencia previa, fue comunicada esta tarde a los distintos comités.

“Respecto del proyecto de reforma constitucional que modifica la Constitución Política en materia de detención para la ejecución de expulsiones administrativas, la decisión de la Presidencia recogiendo la opinión de la Secretaría General es la siguiente: tratándose de un proyecto de reforma constitucional, la aplicación del mecanismo previsto en el artículo 68 de la Constitución debe realizarse respetando el quórum establecido en el artículo 127 de la Carta Fundamental”, dice la resolución.

“De dicha interpretación conjunta, se sigue que la aprobación del proyecto, tanto en la cámara revisora (Senado), como posteriormente en la cámara de origen (los diputados), debe sujetarse al quórum propio de las normas, de las reformas constitucionales. Esto es, actualmente, al voto favorable de las cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio”, añade el documento.

Si bien en su escrito Núñez menciona que el artículo 68 indica “una regla general” para las insistencias, “el artículo 127 establece una regla excepcional de tramitación, al señalar que, cuando se apliquen las reformas constitucionales, las normas sobre formación de la ley deberán respetarse siempre los quórum propios de la reforma constitucional, es decir, los cuatro séptimos de los senadores en ejercicio”.

“Ambas normas deben interpretarse armónicamente”, remarca la presidenta del Senado, quien cita, además, el fallo del 31 de enero de 2006 del Tribunal Constitucional (rol 464), que ya había resuelto esta contienda de interpretaciones.

Precedentes

Aunque la resolución de Núñez no lo menciona, en 2008, el Senado, bajo la presidencia de Andrés Zaldívar (DC), se ciñó a la misma doctrina para tratar de revivir una reforma constitucional rechazada que había sido impulsada por la entonces Presidenta Michelle Bachelet en materia electoral. Esto se tradujo en que el piso de votos bajara. A pesar de ello, la insistencia igualmente fue rechazada.

En esos años, el quórum de reforma constitucional era de tres quintos (antes había menos senadores, pero hoy ello equivaldría a 30 senadores).

A favor de La Moneda juega, además, otro hecho fortuito. El actual quórum constitucional fue rebajado en 2022 a cuatro séptimos —hoy, 29 senadores—, como parte de una estrategia impulsada por un grupo de legisladores para abrir camino a un nuevo proceso constituyente ante el riesgo de que fracasara la propuesta de la Convención Constitucional.

El origen

El fallo del Tribunal Constitucional aludido por Núñez surgió en 2006 a raíz de una reforma constitucional impulsada por el Presidente Ricardo Lagos, que buscaba eliminar el amarre al antiguo sistema electoral binominal que permanecía en la Constitución. Tras ser rechazada por la Cámara de Diputados, Lagos insistió ante el Senado, entonces presidido por Sergio Romero (RN), invocando el artículo 68.

Romero, sin embargo, declaró inadmisible la acción, con el aval de la Comisión de Constitución, lo que obligó a los partidos de la Concertación a recurrir al TC.

En su fallo, el tribunal sostuvo que la Carta Fundamental debía mantener un criterio de “armonía” entre todas sus disposiciones. Por ello, optó por una salida salomónica. Por un lado, reconoció que las reformas constitucionales podían ser objeto de insistencia, conforme al artículo 68. Pero, al mismo tiempo, señaló que tampoco podía omitirse lo establecido en el artículo 127, que regula el quórum para modificar la propia Constitución. Así, estableció que la “insistencia” debía aprobarse con tres quintos de los senadores de la época, es decir, con el quórum constitucional de ese año.

Entre los ministros del TC que firmaron esa sentencia estaba el fallecido jurista Hernán Vodanovic, padre de la actual senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic.

Luego del episodio de 2008 con la fallida iniciativa electoral de Bachelet, en 2013, el entonces presidente del Senado, Camilo Escalona (PS), intentó reactivar la reforma de Lagos, que en realidad nunca llegó a votarse. La conclusión a la que llegaron la mesa y la Comisión de Constitución fue que debía respetarse el quórum constitucional.