El Presupuesto 2027 constituye el primer test real de la política fiscal de la actual administración. Y no es un desafío menor considerando cuál fue el punto de partida. En efecto, el gobierno enfrenta aun una pesada herencia fiscal, marcada por tres años consecutivos de incumplimiento de las metas, un deterioro de las holguras y una deuda que se aproxima a su nivel prudente. En ese escenario, la pregunta es si el proyecto logra iniciar una trayectoria creíble de recomposición de las finanzas públicas y en este examen inicial, al menos en su diseño, el Presupuesto 2027 supera la primera evaluación.
La primera señal positiva es su consistencia con la meta fiscal. El proyecto contempla un déficit estructural de 1,8% del PIB, en línea con el compromiso fijado por el Ejecutivo. Esto es especialmente relevante después de años en que las metas terminaron transformándose en referencias más que en compromisos efectivos. Recuperar la credibilidad de nuestra institucionalidad fiscal exige precisamente volver a cumplirlas.
En segundo lugar, el crecimiento del gasto es acotado y razonable frente a la situación de las finanzas públicas. El aumento de 1,5% real respecto de la ejecución proyectada de 2026 permite compatibilizar la consolidación fiscal con un margen limitado para atender prioridades. Aunque el crecimiento alcanza 2,7% al compararlo con la Ley de Presupuestos 2026, esta diferencia responde, en parte, al sinceramiento de obligaciones y compromisos que no fueron adecuadamente financiados en su diseño original. El ajuste realizado durante este año permitió contener un deterioro fiscal que, de otro modo, habría sido mayor.
Un tercer aspecto favorable es la composición del gasto. Mientras el gasto en personal se mantiene sin crecimiento real y bienes y servicios disminuye 2,4%, la inversión pública aumenta 8,8%. Esta priorización es una señal correcta en un contexto de estrechez fiscal y deterioro del mercado laboral. Sin embargo, su impacto dependerá de la capacidad efectiva de ejecución. No basta con asignar más recursos, por ello, es de suma relevancia que se trate de financiamiento para proyectos maduros, de rápida materialización y con efectos concretos sobre la actividad y el empleo.
Con todo, aprobar el test del diseño no significa que el desafío fiscal esté resuelto. El presupuesto sigue siendo deficitario y las proyecciones muestran holguras negativas desde 2028, que alcanzan 1,3% del PIB hacia 2030 y una deuda proyectada de 42,5% del PIB en 2027. La regla fiscal dual exige mirar ambas dimensiones: balance y deuda.
Por eso, el verdadero desafío será transformar el ajuste iniciado en 2026 en una consolidación permanente. Ello requiere ingresos estimados con prudencia, reconocimiento íntegro de los compromisos de gasto, evaluación de programas, reasignaciones que permitan contener las presiones estructurales, y recuperar gradualmente nuestros debilitados ahorros fiscales.
El Presupuesto 2027 va en la dirección correcta porque reconoce que la sostenibilidad fiscal no es incompatible con priorizar necesidades urgentes. Pero su éxito no se medirá únicamente por la aprobación de la ley ni por el cumplimiento de una meta anual. Se medirá por la capacidad de ejecutar lo comprometido y sostener una trayectoria que permita recuperar la credibilidad fiscal, reconstruir holguras y devolver al Estado capacidad de respuesta frente a los desafíos del país, lo que constituirá el punto de partida de un legado fiscal.
