Dependiendo de cuál sea la vara de comparación, duda que por estos días se ha hecho frecuente incluso dentro del gobierno, el Presupuesto 2027 del Ministerio de Medio Ambiente cae 0,95% en términos reales al proyectar una inflación del 3,1% si se le compara con el presupuesto aprobado el año pasado. En la cartera que comanda Francisca Toledo, eso sí, tienen otra mirada: sus $ 98.631.633.000 son 0,3% más que la Ley Vigente 2026 y 0,7% menos que la Ley Inicial 2026.

Como sea, el proyecto contiene cambios sustantivos en la distribución de los recursos y dónde se alojarán diversas iniciativas. Todo ello, con dos máximas como eje: abordar la subejecución, que según los cálculos de la actual administración registró un 6,7% de recursos no ejecutados y devueltos a Dipres en los últimos cuatro años, y por otro lado asegurar la continuidad de las funciones ambientales y regulatorias.

En los papeles se aprecian recortes en algunas líneas: 60,32% en la asignación de Cambio Climático y NDC (planes y compromisos que cada país presenta en el Acuerdo de París para luchar contra el cambio climático); 54,47% en Calefacción Sustentable; y 19,40% en Programas de Fiscalización Ambiental. También que la glosa que financia estudios mantiene una vía para algunas materias de conservación, aunque no asegura cuánto ni qué actividades se mantendrán.

Al mismo tiempo, no hay que perder de vista que el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), la nueva institucionalidad a cargo de la conservación de la biodiversidad, la administración de áreas protegidas y su fiscalización, aumenta 24,38% real, lo que supone una redistribución de recursos del ministerio, en línea con los cambios administrativos aparejados al SBAP.

La subsecretaría

El programa 01 de la partida de Medio Ambiente agrupa el financiamiento de personal y funcionamiento de la subsecretaría, además de fondos y asignaciones para proyectos ambientales, conservación y certificación. Ese presupuesto baja 5,57% real. La baja se concentra en las asignaciones ambientales: las transferencias caen 67,93% y aquí es donde estaban individualizados el Fondo de Protección Ambiental, conservación de especies, humedales, áreas marinas y certificación ambiental.

Hay tres movimientos particulares que podrían explicar lo anterior: $1.098 millones correspondientes a seis asignaciones que ya no aparecen, y $255 millones de menos en las dos asignaciones del Fondo de Protección Ambiental (FPA), que cae de modo general casi 30%. También desaparece la transferencia a la Fundación Fondo Naturaleza Chile, que en 2026 tenía una transferencia de $200 millones.

Al mismo tiempo, bienes y servicios aumenta $654 millones y es allí donde ahora se incorpora la autorización para financiar estudios ambientales que abarcan, precisamente, la conservación de especies, humedales, áreas marinas y certificación ambiental.

¿Qué cambia? La capacidad de identificar el destino del dinero, toda vez que en 2026 había montos separados para diversas materias. En 2027 quedan mencionadas dentro de una autorización general, sin monto propio.

“Los programas que aparecen en $0 en el presupuesto 2027 no significa su eliminación, sino que serán financiados por otros subtítulos”, señalan desde el ministerio, donde detallan que dejan de aparecer como programas de transferencia separados, “pero continúan con asignación presupuestaria y ejecución dentro de la gestión regular” de la cartera. Asegura, de hecho, que seguirá existiendo financiamiento para la Certificación Ambiental Municipal, Certificación de Establecimientos Educacionales, Gestión y Conservación de Humedales, Áreas Protegidas y Conservación de Especies, entre otros.

Escazú y cambio climático

El Proyecto de Ley de Presupuestos 2027 no contempla una referencia al Acuerdo de Escazú en una glosa, como sí ocurría hasta el año pasado. En otras palabras, desaparece su identificación presupuestaria y, por consiguiente, también el informe sobre el gasto.

Desde la cartera, en todo caso, señalan que “esto no significa que los compromisos asociados al acuerdo se eliminen o suspendan. Su implementación continuará el 2027 disponiéndose los recursos necesarios para una adecuada operación de la gobernanza, tanto a nivel nacional como regional”.

Vale recordar que Escazú es un tratado internacional ratificado por Chile que busca garantizar que las personas tengan acceso a información ambiental y puedan participar en decisiones que afectan al medioambiente.

Por otro lado, la asignación de Cambio Climático cae en 21,76% real y en particular NDC se reduce en 60,32%, que son los recursos para el compromiso climático que presenta Chile ante la Convención de Naciones Unidas.

Pero en el MMA explican que el presupuesto destinado a Cambio Climático se orienta prioritariamente al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Marco de Cambio Climático -reglamentos e instrumentos ambientales ya elaborados- y al fortalecimiento de la implementación de los Planes de Acción Regionales de Cambio Climático (PARCC), “asegurando el avance efectivo de los compromisos climáticos asumidos”.

“La estrategia presupuestaria de cambio climático considera una focalización de iniciativas en aquellas de mayor impacto institucional y carácter obligatorio, fortaleciendo la eficacia del gasto mediante la concentración de recursos en acciones prioritarias y de cumplimiento normativo”, agregan, sumando que adicionalmente “una parte relevante” de las acciones cuenta con financiamiento complementario proveniente de organismos internacionales y fondos climáticos, “lo que permite ampliar el alcance de las medidas implementadas sin generar presiones adicionales sobre el presupuesto fiscal”.

Eso sí, hay un reconocimiento desde la cartera a que el presupuesto bajó ya que el programa presentó una baja progresiva en la ejecución en los últimos cuatro años “y gran parte de los recursos asociados se vinculaban a actividades que no presentaban un impacto en materia ambiental directa, como talleres, seminarios y catering”.

Otro aspecto llamativo del presupuesto del ministerio es que el proyecto reduce los recursos para la calefacción sustentable, que básicamente busca reducir la contaminación por combustión residencial a leña mediante la entrega de un equipo nuevo contra entrega de su calefactor o cocina antigua.

¿La explicación de la cartera? El recambio durante 2027 estará concentrado en instalar la totalidad de los 10.072 calefactores disponibles en stock. “Actualmente se encuentran en bodegas, generando costos administrativos de almacenamiento que no se traducen en beneficios para las personas. Este ajuste responde a una estrategia de optimización de recursos, orientada a reducir los costos operacionales y de almacenamiento asociados a un importante stock de calefactores”, se extienden.

Finalmente, en la partida del MMA es posible ver que la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) también ve bajar sus programas de fiscalización, así como su dotación máxima en 14 cupos. El dinero cae 2,44% real, mientras que los programas lo hacen en 19,4%. La explicación de la cartera es que el ente fiscalizador resguardará las áreas operativas e inspectivas, y que la fiscalización se potenciará mediante inteligencia ambiental, monitoreo remoto y fiscalización estratégica regional.