El Presupuesto 2027 ya empieza a tomar forma en La Moneda bajo una premisa que se repite en las reuniones del gobierno: el margen para gastar es estrecho, pero la presión por mostrar resultados en empleo y actividad económica es cada vez mayor. En ese contexto se está construyendo la primera Ley de Presupuesto que deberá ejecutar íntegramente la administración de José Antonio Kast.

El punto de partida no es cómodo. El desempleo llegó a 9,5%, su mayor nivel en cinco años, y el propio presidente ha reconocido que si de gobernar se habla, otra cosa ha sido con guitarra.

El miércoles, después de la celebración de Fiestas Patrias con los funcionarios de La Moneda, Kast dio el vamos al “modo presupuesto”, con una reunión junto al biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado; el director de Presupuestos (Dipres), José Pablo Gómez, y el jefe de asesores y coordinador de Regulación Económica de Hacienda, Tomás Bunster.

La preparación, sin embargo, no comenzó esa jornada. Desde hace varias semanas Kast ha estado recibiendo en reuniones bilaterales a los ministros que llegan hasta su despacho con propuestas para incorporar en las cuentas de 2027. El denominador común de esas conversaciones es que, independiente del ministerio, cómo conseguir que cada propuesta tenga algún efecto sobre la actividad y, especialmente, sobre el mercado laboral.

La emergencia laboral terminó convirtiéndose así en uno de los principales criterios de la discusión presupuestaria. No es un asunto separado de las cuentas fiscales, sino una de las razones por las que el gobierno busca cambiar la composición del gasto.

En julio, La Moneda activó lo que denominaron el “modo empleo”, con un paquete de $ 50 mil millones que contempló subsidios, recursos para gobiernos regionales y programas de apoyo productivo. Ahora la discusión es cómo llevar esa lógica al presupuesto completo de 2027.

Y en ese diseño hay un elemento que ha ido adquiriendo importancia en paralelo: el tono político con que Kast pretende enfrentar la segunda parte de su primer año de gobierno.

El cambio se había visto, en parte, en su discurso ante el Foro Madrid, donde se distanció de la altisonancia que caracterizó al jefe de gobierno argentino, Javier Milei, en su paso por Chile. “Los chilenos no me eligieron para derrotar a la izquierda. Nos eligieron para enfrentar el crimen organizado, la pobreza, la corrupción y el desempleo”, aseveró en esa instancia.

Pero fue en el tedeum evangélico donde el giro quedó más explícito: “Chile es la patria común de todos, más allá de nuestras diferencias”, dijo el mandatario, agregando que había que seguir trabajando en acuerdos, corregir lo que fuera necesario y escuchar las recomendaciones de otros sectores políticos.

El jueves, en tanto, avanzó un paso más allá en su tono dialogante. “Más allá de nuestras diferencias, usted es socialista, yo no lo soy, pero podemos juntos trabajar por Chile, por la patria, por la seguridad y por el futuro de nuestros niños”, sostuvo, en el marco de una actividad en San Bernardo, apuntando al alcalde de la comuna, Christopher White, quien es socialista.

Entre los miembros del comité político del gobierno leen ese cambio como algo más que una decisión retórica. La explicación que se escucha en el Ejecutivo es que, después de un inicio de administración marcado por una agenda intensa y disputas políticas, el gobierno necesita mostrar que puede gobernar para un electorado más amplio. La conclusión interna es que la división permanente tiene un costo cuando las preocupaciones ciudadanas se concentran en el empleo, costo de vida y seguridad.

Fuera del relato que ha ido adoptando el gobierno para enfrentar la discusión presupuestaria en el Parlamento, la primera definición que se ha ido asentando es que el gasto no aumentará por encima del crecimiento de la economía. Entre un 0% y un 1%, según ratificó el presidente esta semana en Radio Agricultura.

En Hacienda y en La Moneda sostienen que, dado el margen acotado para expandir el gasto, el aumento del gasto público deberá ser menor que el crecimiento, con el objetivo de comenzar a ajustar de manera efectiva el flujo de caja.

El segundo criterio que explica buena parte del mapa que empieza a dibujarse es que habrá carteras “reactivadoras” que concentrarán una parte importante de los recursos adicionales. Obras Públicas aparece naturalmente entre ellas, por el volumen de inversión que puede ejecutar y por su impacto sobre empleo, construcción y actividad en las regiones. Vivienda es la otra gran cartera mencionada en las conversaciones internas, por el déficit habitacional y por la capacidad de movilizar construcción y contratación.

Esa cartera, liderada por Iván Poduje, es una de las más complejas para el presupuesto, pues el propio secretario de Estado pidió un alza de un 23,9%. El mismo Presidente Kast reveló que hablaría con el secretario de Estado por este tema, y fue así como el pasado miércoles el Minvu envió la propuesta formal a Hacienda. Ese mismo día, Poduje recalcó en un punto de prensa: “Espero que salga pronto el tema, pero ya está hecha nuestra propuesta”.

En esa misma lógica, algunos incorporan a Salud. No solamente de gasto corriente de la repartición, sino de la cartera de inversiones que concentra. Hospitales, infraestructura sanitaria y otros proyectos que requieren desembolsos de capital y que pueden activar cadenas de proveedores y empleos asociados a la construcción.

La seguridad, por su parte, mantendrá su condición de prioridad política. En Palacio descartan que el ajuste fiscal implique dejar ese sector congelado. La expectativa es que las instituciones vinculadas a la seguridad tengan recursos adicionales. Pero tampoco en este caso se habla de grandes aumentos.

El problema aparece en el otro extremo de la tabla. Si hay carteras que recibirán recursos adicionales y el gasto total no puede expandirse con fuerza, necesariamente habrá ministerios que deberán apretarse el cinturón. Entre los que aparecen en esa conversación están Mujer, Cultura y Deportes.

La señal que busca transmitir el Ejecutivo es que no se trata de quitarles relevancia política ni de desarmar programas por razones ideológicas. La lógica es revisar el gasto con una lupa más fina y recortar allí donde existan programas con evaluaciones deficientes, duplicidades o recursos cuyo uso no esté produciendo los resultados esperados. Las inspecciones y revisiones que ha realizado el gobierno en los primeros seis meses están siendo utilizadas como insumo para esa tarea.

En otras palabras, la apuesta es que la inversión pública funcione como puente mientras las reformas económicas y las señales proinversión buscan producir efectos de más largo plazo.

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, resume una de las preocupaciones que probablemente marcarán esa discusión. “La discusión de la Ley de Presupuesto es una discusión sobre las prioridades del país. Por eso, el enfoque debe ser el empleo”, señaló. A su juicio, está bien recortar, pero no en bienes de capital ni en aquello que genere directa o indirectamente nuevas fuentes de empleo.

Así, en el Congreso, el Ejecutivo tendrá que explicar por qué determinados recursos se mantienen, por qué otros aumentan y por qué algunos programas dejan de tener espacio. En especial, deberá demostrar que el ajuste no termina golpeando justamente aquello que el gobierno identifica como su principal urgencia.

Algunos definen en La Moneda que el erario nacional que comienza a diseñarse en La Moneda es un “presupuesto selectivo”, con más inversión donde el gobierno ve capacidad de generar actividad y empleo, más recursos para seguridad y una revisión más severa de aquellos programas que no logren justificar su permanencia.