El Juzgado de Garantía de Los Ángeles decretó este jueves la prisión preventiva de Mauricio Humberto Cerda Albornoz, imputado por el homicidio del sargento segundo de Carabineros Jaime Ariel Urrea Burgos, ocurrido el pasado domingo 4 de octubre en la comuna de Quilleco, Región del Biobío.

Durante la audiencia, dirigida por la magistrada Claudia Aguilera, el Ministerio Público formalizó al acusado por el delito de homicidio de carabinero en servicio, con la calificante de alevosía. Tanto la Fiscalía como el Ministerio de Seguridad, que actúa como querellante en la causa, solicitaron la medida cautelar más gravosa, argumentando que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por el ente persecutor, los hechos ocurrieron alrededor de las 23.10 horas del domingo, cuando funcionarios policiales concurrieron a un domicilio de Quilleco tras recibir una denuncia por violencia psicológica en el contexto de un episodio de violencia intrafamiliar (VIF).

Según un audio presentado en la audiencia, correspondiente a uno de los hijos del imputado, relata parte de lo sucedido en un segundo llamado: “Estaba mi hermana aquí, mi hermana se fue por lo mismo, y empezó a dar más peleas, más peleas, más peleas. Sí, me gustaría que la verdad se lo lleven porque está amenazando todo el rato que su vida se acabó, que su vida se acabó”.

Tras ello, Carabineros asiste al lugar. Una vez en el inmueble, los uniformados tomaron contacto con Cerda Albornoz, quien se encontraba encerrado en uno de los dormitorios. Sin embargo, según la versión de la Fiscalía, el imputado abrió repentinamente la puerta, salió de la habitación y disparó con una escopeta contra el sargento segundo Urrea Burgos.

Producto del ataque, el funcionario sufrió una herida penetrante torácica que le provocó la muerte momentos después, pese a recibir atención médica.

La víctima, de 40 años y con 18 años de servicio en Carabineros, pertenecía al Retén Canteras, dependiente de la Primera Comisaría de Los Ángeles.

Tras escuchar los antecedentes presentados durante la formalización, el tribunal acogió la solicitud de prisión preventiva y estableció un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación, período en el que el Ministerio Público deberá continuar las diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias del crimen.