La captura de Miguel Sánchez Altamirano, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, se concretó durante un operativo conjunto entre la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
De acuerdo con la información brindada por la SSPC, al funcionario se le aprehendió junto a un presunto colaborador por los delitos de extorsión, presuntos nexos con la delincuencia organizada y atentar contra la seguridad.
Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) procedió al bloqueo de las cuentas bancarias vinculadas a los implicados dentro de la investigación.
¿Quién es el político involucrado en la investigación federal?
Miguel Sánchez Altamirano, conocido popularmente como "Quetu", es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).
Tras desempeñarse como secretario particular en el ayuntamiento, asumió el cargo de presidente municipal para el periodo 2022-2024 y posteriormente obtuvo la reelección para el trienio 2025-2027 tras contender por la coalición conformada por Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Fuerza por México.
Luego de ejecutarse su detención en el municipio de Ciudad Ixtepec por parte de la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá, las autoridades procedieron a su traslado hacia un centro penitenciario de carácter federal.
¿Qué irregularidades financieras detectó la Auditoría Superior de la Federación?
Según datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la administración municipal encabezada por Sánchez Altamirano registró anomalías por un monto superior a los 100 millones de pesos provenientes de fondos federales entre los ejercicios de 2022 y 2024.
Los informes del organismo fiscalizador señalan la ausencia de comprobantes fiscales, falta de expedientes contables de obra pública y la falta de transparencia en la nómina del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. Asimismo, la revisión financiera identificó la participación de empresas vinculadas entre sí dentro de los procedimientos de adjudicación de contratos.
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