En la Asamblea General de la ONU, Donald Trump volvió a demostrar que la presidencia de Estados Unidos puede parecer por momentos menos el cargo constitucional más poderoso del mundo que un programa de telerrealidad con un presupuesto extraordinario.

Durante su discurso del 22 de septiembre, Trump formuló una serie de declaraciones insólitas. Planteó que Estados Unidos podría “aniquilar a la República Islámica” si Irán no llegaba a un acuerdo, pronosticó la caída del régimen cubano, arremetió contra diversas instituciones internacionales y propuso rebautizar la inteligencia artificial como “superinteligencia”.

Las delegaciones de Irán y Cuba abandonaron la sala durante los pasajes dedicados a sus respectivos países. El resto del auditorio ofreció una recepción bastante más fría de la que Trump acostumbra recibir en sus mítines.

El discurso estuvo marcado por algunas pausas incómodas en las que el presidente parecía esperar una reacción. Cuando declaró que “Estados Unidos está de regreso” y que el país era «más fuerte que nunca», la ovación no llegó. La Asamblea General no es exactamente un mitin de MAGA, aunque a Trump por momentos pareció olvidársele.

El espectáculo plantea una pregunta bastante más incómoda: ¿en qué momento la excentricidad, la impulsividad o una conducta pública cada vez más errática dejan de ser una cuestión de estilo y se convierten en un problema institucional para un presidente?

Esa pregunta no debe confundirse con un diagnóstico sobre Donald Trump. Ni una aparición televisiva ni un discurso extraño permiten determinar la existencia de una afección médica o psiquiátrica. La cuestión pertinente no es clínica, sino constitucional: ¿qué sucede si el comportamiento de un presidente se vuelve tan preocupante que quienes trabajan a su lado comienzan a cuestionar su capacidad para ejercer las funciones del cargo?

Estados Unidos cuenta con un mecanismo para enfrentar precisamente una incapacidad presidencial.

La Sección 4 de la Vigésima Quinta Enmienda permite que el vicepresidente, junto con la mayoría de los titulares de los principales departamentos ejecutivos —o de otro órgano que el Congreso establezca por ley—, declare por escrito que el presidente no puede ejercer los poderes y deberes de su cargo. El vicepresidente asume entonces esas funciones como presidente en ejercicio.

Si el presidente declara que no existe tal incapacidad, recupera sus atribuciones, salvo que el vicepresidente y la mayoría correspondiente reiteren su objeción dentro del plazo constitucional. En ese caso, el Congreso decide. Para mantener al vicepresidente como presidente en ejercicio se requieren dos tercios de los votos de cada cámara.

El presidente no es destituido ni deja de ser formalmente presidente. Se le retira el ejercicio de sus poderes mientras persista la incapacidad. La remoción por delitos, abusos o faltas políticas graves corresponde a otro procedimiento: el juicio político.

La Sección 4 nunca ha sido aplicada. Es una extraordinaria válvula constitucional de emergencia y ofrece un contraste interesante con la antigua Roma.

El Imperio romano no tenía un procedimiento institucional para retirar temporalmente del poder a un emperador incapaz, políticamente intolerable o demasiado peligroso. Ese vacío fue ocupado en ocasiones por una organización creada para protegerlo: la Guardia Pretoriana.

Formalizada bajo Augusto como una fuerza de élite al servicio del emperador y concentrada posteriormente en Roma, la Guardia se transformó poco a poco en un actor político capaz de influir en la sucesión imperial. La institución encargada de proteger al emperador terminó adquiriendo el poder práctico de acabar con él y decidir quién lo reemplazaría.

Calígula proporciona quizá el ejemplo más famoso. En el año 41, fue asesinado por una conspiración en la que participaron oficiales pretorianos, senadores y miembros de la corte. En el caos posterior, soldados de la Guardia encontraron a Claudio dentro del palacio, lo llevaron a su campamento y lo proclamaron emperador. El Senado terminó aceptando una decisión que no había tomado.

Más de siglo y medio después, el problema reapareció de manera todavía más grotesca. En el año 193, Pertinax llevaba solamente 87 días como emperador cuando cientos de pretorianos irrumpieron en el palacio y lo asesinaron.

Las razones fueron políticas, disciplinarias y financieras. Pertinax intentó restaurar la disciplina, reducir privilegios y sanear unas finanzas arruinadas por Cómodo. Los soldados esperaban recompensas mayores y no apreciaron especialmente la reforma administrativa.

A su muerte siguió uno de los episodios más extraordinarios de la historia romana: la Guardia Pretoriana subastó su apoyo al mejor postor. El vencedor fue el senador Didio Juliano, quien prometió a cada soldado más dinero que su competidor y recibió a cambio el Imperio.

Roma había creado una guardia personal que terminó convertida en fabricante de emperadores. Estados Unidos creó deliberadamente algo muy distinto.

La Vigésima Quinta Enmienda no es una Guardia Pretoriana. Pretende impedir precisamente las crisis de sucesión personalizadas que atormentaron a Roma. Ningún soldado irrumpe en la residencia presidencial. Ningún general designa al sustituto. Ninguna guardia palaciega decide que el gobernante ya ha cumplido su ciclo.

La decisión debe recorrer las instituciones constitucionales. Y esa diferencia resulta esencial si el debate sobre Trump pretende ser algo más que una expresión de rechazo político.

La pregunta no es si a alguien le desagradan sus políticas, considera ofensiva su retórica o encuentra extravagante su comportamiento. Esos son juicios políticos. Tampoco puede sustituirse la evidencia por especulaciones médicas o psiquiátricas.

La pregunta seria es si existe una incapacidad demostrable para ejercer los deberes constitucionales de la presidencia y si las personas facultadas para determinarlo consideran que se ha alcanzado ese umbral.

Ahí es donde la analogía romana cobra una relevancia inesperada.

La Guardia Pretoriana respondía mediante el poder personal: ¿el emperador todavía sirve a nuestros intereses y podemos reemplazarlo?

El sistema constitucional estadounidense plantea una pregunta diferente: ¿sigue el presidente en condiciones de ejercer el cargo y puede transferirse temporalmente la autoridad presidencial sin destruir el orden que la sostiene?

Es la diferencia entre un golpe y un procedimiento. Pero el problema subyacente resulta notablemente similar.

Todo sistema político debe enfrentar tarde o temprano la posibilidad de que la persona situada en el centro del poder se vuelva más importante —o más peligrosa— que la institución que encabeza.

Roma nunca resolvió ese problema. Cuando un emperador se volvía inaceptable, las alternativas podían ser el asesinato, la rebelión militar o la intriga palaciega. La Guardia Pretoriana, creada para proteger la autoridad imperial, terminó convirtiéndose en uno de los principales mecanismos para derribarla.

Estados Unidos posee algo que Roma nunca tuvo: un procedimiento constitucional escrito para transferir el ejercicio del poder presidencial en caso de incapacidad.

Eso no disminuye la gravedad del asunto.

La aumenta.

Porque si los estadounidenses llegan al punto en que la Vigésima Quinta Enmienda se convierta en un verdadero tema de debate constitucional, la cuestión ya no será solamente la personalidad de Donald Trump, sus discursos o incluso su salud.

Será si las instituciones estadounidenses son lo suficientemente fuertes para hacer algo que el Imperio romano nunca consiguió: Apartar a un gobernante del ejercicio del poder sin derribar el sistema que lo llevó hasta allí.