El 15 de septiembre pasado, el Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un nuevo estado de excepción durante 60 días y el tercer toque de queda del año en zonas golpeadas por el crimen organizado. La medida se basa, según el mandatario, en la existencia de una “grave conmoción interna” ocasionada por la actividad de las estructuras de crimen organizado, que obligó a la declaración de un estado de “conflicto armado interno” en enero de 2024 y que sigue vigente, con tropas movilizadas donde operan bandas ligadas al narcotráfico internacional.
El caso ecuatoriano no es aislado. El Salvador -bajo la mano dura de Nayib Bukele- acumula más de cuatro años bajo un régimen de excepción que ya suma 52 prórrogas de 30 días, todas votadas por su Asamblea Legislativa. Perú, por su parte, ha decretado estados de emergencia en Lima y el Callao ante el alza de extorsiones. Los tres países comparten la misma herramienta: el estado de excepción constitucional con participación militar.
En ese escenario regional se inserta la reforma que el gobierno de José Antonio Kast ingresó al Senado en agosto. El proyecto crea un estado de excepción constitucional de Seguridad Pública, parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), que permitiría al presidente decretarlo por 120 días y renovarlo otros 120, sin acuerdo legislativo.
Figura sin comparación regional
Recién al noveno mes debería pronunciarse el Congreso. Ningún país de la región ha adoptado una herramienta limitante de las garantías fundamentales con ese nivel de autonomía, sostienen los expertos.
“Si quieres un marco más amplio y más fuerte para combatir a los narcocriminales, necesitas una afectación de derechos relevante y que se extienda por mucho tiempo, y sin control real, porque 240 días en realidad es sin control. Esa es la tensión de base que no tiene sentido”, explicó la analista en seguridad y defensa Karen Meier.
La Constitución de 1980 contempla cuatro estados de excepción, todos con mayor control parlamentario que la propuesta. El de Asamblea, por guerra externa, rige mientras dure el conflicto y requiere acuerdo del Congreso. Los de Sitio y Emergencia duran 15 días y también necesitan aval legislativo. El de Catástrofe dura un año, aunque el Congreso puede dejarlo sin efecto a los 180 días.
El quinto estado que propone el Ejecutivo, el de Seguridad Pública, rompe ese patrón. Se activaría ante una amenaza grave e inminente a la seguridad pública, o cuando esta ya haya sido gravemente afectada, y facultaría al presidente para suspender la libertad de locomoción, limitar la reunión y asociación e interceptar comunicaciones. Las zonas quedarían a cargo de un oficial general designado por el presidente, sin que el proyecto especifique si debe ser militar o policial.
La discusión ya generó ajustes. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, aceptó reducir ese período inicial a solo 30 días y que tenga autorización del Congreso. La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), rechazó la iniciativa, porque su partido no la respaldará, ya que un quinto estado de excepción “no tenía posibilidad”. Una encuesta de Cadem mostró que el 58% rechaza que la medida pueda ser decretada por el presidente sin autorización parlamentaria.
A la fecha, El Salvador, Ecuador y Perú son los únicos países que mantienen vigente un estado de excepción constitucional con apoyo militar. Otros países de la región, como Honduras y Colombia, tienen esta figura legal. Sin embargo, “existen, pero no están siendo aplicadas”, precisó Meier.
El régimen salvadoreño, vigente desde marzo de 2022, redujo de forma sostenida los homicidios -resultado que el gobierno de Nayib Bukele exhibe públicamente-, aunque hay organismos que han documentado detenciones arbitrarias y faltas al debido proceso judicial.
Meier comparó la escala de esos casos con el chileno. “Si tú analizas el nivel de amenazas que tenían El Salvador, Ecuador y Perú cuando se activaron esos estados de excepción, no tiene nada que ver con la situación de Chile”, sostuvo. “Ahí ya entramos en una cuestión más política, de narrativa”, agregó.
La ruta legal
Un segundo grupo de países amplió las facultades ordinarias de las Fuerzas Armadas por la vía legal, sin declarar un estado de excepción ni suspender derechos. Argentina es el caso más reciente. En diciembre de 2024, el gobierno de Javier Milei derogó, mediante decreto, las normas que limitaban a las Fuerzas Armadas a la defensa externa. Con esto, el Ministerio de Seguridad transandino quedó habilitado para activar apoyo militar ante terrorismo y crimen organizado transnacional, medida diseñada por la entonces ministra Patricia Bullrich.
México siguió un camino similar, pero con mayor militarización. Una reforma constitucional de 2024 transformó a la Guardia Nacional en fuerza permanente dependiente de Defensa, y en 2025 el Congreso aprobó una ley que fijó esa estructura castrense. Organizaciones de derechos humanos advirtieron que la reforma “profundiza la militarización” sin controles claros.
Es, según Meier, el caso que exige mayor atención. “Ahí la línea divisoria entre acción policial y militar está completamente difuminada”, afirmó, como advertencia y no como ejemplo a seguir.
Colombia, sin embargo, combina ambas lógicas. El presidente concentra facultades permanentes sobre las Fuerzas Armadas, la negociación con grupos armados y la contratación reservada de Defensa, porque el país es muy descentralizado, “a diferencia de Chile, en donde Santiago pesa mucho”, explicó el abogado constitucionalista colombiano Rodrigo Pombo.
A eso se suma el estado de conmoción interior, la herramienta excepcional del artículo 212, que el entonces presidente Gustavo Petro activó a principios de 2025, con un máximo de 90 días prorrogables dos veces. Es decir, hasta 270 días. Además, la segunda prórroga exige “concepto previo y favorable del Senado”.
A pesar de su retórica de mano dura, el actual presidente Abelardo de la Espriella no ha vuelto a aplicarla. Pombo, además, descartó que el nuevo gobierno evalúe crear una figura más dura. “No se ha tocado, no lo ha propuesto. Eso no hace parte de la agenda de Colombia”, aseguró.
El caso aparte de Brasil
Brasil es un caso aparte. Según explicaron los analistas, no encaja en ninguna categoría comparable a la región. No tiene estado de excepción para el crimen organizado ni facultades permanentes para que sus militares lo combatan, y estos se concentrarían en la defensa externa. La única vía legal para integrarlos a la Policía Federal es la Ley de Garantía de la Ley y el Orden (GLO), de 1999, activada ante grandes eventos, crisis estaduales como el motín policial de Río Grande do Norte, o intervenciones directas como la operación contra el Comando Vermelho de Río de Janeiro.
La megaoperación de octubre de 2025 en Río, que dejó cerca de 120 muertos, se ejecutó solo con fuerzas estaduales y no requirió activar la GLO a nivel federal. La paradoja brasileña, explicó Meier, es que sus policías estaduales tienen un poder de fuego asimilable al militar, sin militarización constitucional.
Fuera de la región, la experta sugirió revisar los casos de Suecia y Países Bajos. Suecia autorizó la intervención militar contra bandas criminales además del terrorismo, hipótesis que sigue siendo la única en España, Francia e Italia. En Países Bajos, tras una crisis de criminalidad portuaria, se optó por el apoyo logístico de sus Fuerzas Armadas, sin combate directo, fórmula parecida a la que usó Argentina en Rosario.
La sombra del Escudo de las Américas
El debate chileno ocurre en paralelo a la discusión sobre el rol del país en el Escudo de las Américas, la coalición contra los carteles impulsada por Donald Trump. El ministro de Defensa, Fernando Barros, firmó en marzo una carta de intenciones que comprometía a Chile con la iniciativa, revelada en redes sociales por el embajador estadounidense Brandon Judd.
La cooperación entre EEUU y Chile para enfrentar al crimen organizado sigue avanzando 🇺🇸🇨🇱. Las realidades y retos son diferentes en cada país, pero el problema cruza nuestras fronteras. La firma de Chile, el 12 marzo, de la Declaración de la Americas Counter Cartel Coalition… pic.twitter.com/eXDnWcUzGt
— U.S. Ambassador to Chile (@USAmbCL) August 21, 2026
Finalmente, esta semana Chile decidió adherir a la iniciativa internacional Escudo de las Américas, en la que también participan Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, y Estados Unidos.
“Esto nos da certeza a todos de que tendremos normas similares para perseguir a estas organizaciones. Que sean 15 países habla de que esto es algo global, que uno de los flagelos más grandes que tenemos hoy en día es el crimen organizado y las migraciones”, dijo a periodistas en Nueva York el mandatario chileno, José Antonio Kast, quien participó en la 81° Asamblea General de Naciones Unidas.
Asimismo, Chile integra desde agosto el Grupo de Tarea Conjunto del Hemisferio Occidental, que lidera el Comando Sur junto a otras 17 naciones (JTF-WHEM), estructura que reemplazó a la Operación Lanza del Sur.
Washington, para lograr la adhesión de los países latinoamericanos al Escudo de las Américas, está invirtiendo. Estados Unidos confirmó que reasignará 52 millones de dólares -antes destinados a Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak- hacia Ecuador, Panamá, Perú y Colombia. El objetivo declarado es combatir el “narcoterrorismo” y garantizar la seguridad del Canal de Panamá, en momentos en que casi el 80% del financiamiento militar externo de la última década se concentró en Medio Oriente.
