El Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha estado trabajando desde el inicio de este gobierno en lograr una eventual rebaja en las tarifas del TAG para algunas autopistas, a través de un incremento en los plazos de concesión. El biministro Louis de Grange tomó la posta de estos esfuerzos en mayo de este año, y ha liderado las conversaciones con las concesionarias.
“Yo creo que vamos a partir por aquellas autopistas de la Región Metropolitana, que son las más antiguas, las que tienen más flujo, las que tienen más espacio para generar esta rebaja de tarifas a cambio de mayor plazo (de la concesión)”, dijo De Grange. Desde el MOP, esperan lograr el primer acuerdo durante este año.
Pero la iniciativa no ha estado exenta de críticas. Desde el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) han mostrado sus reparos, por distintos factores, como la deuda que implicaría para el Estado. Según las estimaciones iniciales del MOP, hay un espacio para una reducción de hasta 30% en las tarifas.
“El endeudamiento al cual el Estado se expone debe ser entre US$600 y US$800 millones de dólares al año, que es un poquito el porcentaje de recaudación que hoy día está significando el sistema concesional. Depende de cuánto le quede al contrato. Esto es un buen negocio para las concesiones que están terminando, es un mal negocio para las concesiones que vienen”, dijo el director ejecutivo del CPI, Carlos Cruz.
El exministro del MOP y de Transportes y Telecomunicaciones sostuvo que “la rebaja del TAG es una decisión muy compleja, porque pone en riesgo el sistema concesional de las autopistas urbanas y genera un reordenamiento del sistema de transporte de la ciudad de Santiago, que va a tener dos implicancias negativas”.
En esa línea, explicó que, “por una parte, va a aumentar necesariamente la congestión de las autopistas y la congestión de la ciudad, porque va a incentivar el uso del auto”.
Y por otro lado, puntuaizó, desincentivará el uso del transporte público. “Por tanto, va a ser al final una ciudad más ineficiente y va a ser una ciudad en la cual los habitantes lo van a pasar peor. A mi juicio, es justamente lo contrario de una política pública que debiera perseguir aumentar la eficiencia de la ciudad y mejorar la calidad de vida de los habitantes”.
Para poder evitar esta situación, Cruz indicó que es el gobierno el que tiene “la responsabilidad de la administración de las tarifas, por lo tanto es el que tiene que tomar la decisión si bajarla o no. Hay que buscar una forma de incorporar todos estos otros elementos que permitan una mejor percepción del servicio que se le está otorgando a los usuarios dentro del sistema concesionario”.
Por ejemplo, Cruz mencionó “tarifas dinámicas, cobro por uso efectivo, advertir debidamente a los usuarios del estado de congestión que tienen las carreteras, mejorar la accesibilidad a la autopista, mejorar los enlaces y la conexión entre una autopista y otra. Eso es inversión, a la cual perfectamente se podría invitar a los concesionarios a desarrollar proyectos que permitan resolver eso”.
