“Los gobiernos tienen responsabilidad en la salud de sus pueblos […]”.
Constitución de la Organización Mundial de la Salud
“Es difícil conseguir que un hombre entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda”.
Upton Sinclair
Yo quisiera saber por qué el gobierno necesita que una enfermera salga a la calle para reconocer lo que falta en su hospital, mientras una empresa puede conseguir un contrato precisamente porque falta. La diferencia importa: para quien atiende, el desabasto significa trabajar en condiciones insuficientes; para quien enferma, gastar lo que no tiene o esperar lo que no puede. Para ciertos proveedores, en cambio, la urgencia abre una oportunidad de cobrar más. Mucho más.
Ahí empieza esta rebelión, pero precisamente por ahí debería de empezar la investigación.
Y no estoy hablando de una posibilidad o de una conexión de factores en lo abstracto. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentó que, en agosto de 2024, el IMSS en Nayarit adjudicó nueve pedidos por 149 millones de pesos a Poyago, empresa cuyo accionista mayoritario era Juan Carlos de la Cruz Murillo, contador de Amílcar Olán. La compañía pasó de vender artículos de ferretería a vender medicamentos. El Instituto pagó 745 pesos por envase de sitagliptina-metformina, frente a los 210 que se pagaban en el esquema de compra consolidada. Más de tres veces el precio. ¿Qué lo justificó? Las compras emergentes generadas por el desabasto…
Esto obliga a mirar la escasez también como mecanismo para los contratos extemporáneos que permite firmar. Si comprar tarde cuesta más, alguien debe explicar por qué se compró tarde, quién autorizó ese precio y qué recibió finalmente el hospital. No doy por probado que se haya provocado deliberadamente el faltante (aunque sospechas sí tengo); sostengo que un gobierno que se presenta como enemigo de la corrupción TIENE que investigar quién obtiene una ventaja económica de sus fallas. La urgencia del enfermo no puede dispensar al funcionario de justificar el gasto. Punto.
Romedic ofrece otro antecedente. MCCI documentó que más de 490 millones de pesos provenientes del extinto Insabi terminaron, entre 2020 y 2022, en contratos con esa empresa de Amílcar Olán, amigo de Andrés Manuel López Beltrán, por intermediación de los gobiernos de Tabasco y Quintana Roo. Antes de un contrato quintanarroense, Cofepris la había incluido entre los distribuidores que incumplían la regulación sanitaria: no había podido localizar su establecimiento para verificar las condiciones. Cuesta aceptar que hubiera tanta facilidad para contratar a quien la autoridad sanitaria ni siquiera pudo encontrar. ¿No creen?
Los contratos pertenecen a instituciones distintas y cada responsabilidad debe acreditarse donde corresponde. Precisamente por eso hacen falta investigaciones, no una defensa política en bloque de todo lo que lleve el apellido Bienestar. La cercanía con Andy no sustituye una prueba de corrupción, pero tampoco exenta los requisitos sanitarios ni responde por los precios. A quienes prometieron acabar con los negocios al amparo del poder les corresponde explicar los negocios documentados alrededor de sus allegados.
Del otro lado están los trabajadores que siguen atendiendo con lo disponible. El gobierno cuenta consultas, cirugías y recetas, y ofrece esos números como respuesta a quienes denuncian carencias. Yo veo, en cambio, una administración aprovechándose del esfuerzo que debería reconocer: cuanto más logra el personal compensar las deficiencias, más puede la autoridad presentar esa compensación como éxito propio. La vocación se vuelve el recurso que permite disimular lo que no se resolvió. No puedo pensar en cosa más miserable que esa.
Mancur Olson explicó en La lógica de la acción colectiva por qué compartir un perjuicio no basta para organizarse contra él y por qué los grupos pequeños pueden tener ventajas para defender sus intereses. Esa lectura ayuda a entender el desequilibrio: el beneficio de un contrato tiene destinatarios concretos; el costo del desabasto se reparte entre enfermos, familias y trabajadores agotados. Los primeros saben cuánto tienen en juego. A los segundos les cuesta incluso encontrar tiempo para reclamar. Una sociedad dispersa no es una sociedad satisfecha. Un gobierno popular tampoco es un gobierno honesto y eficiente.
Por eso el conflicto rebasa el aumento salarial. Los inconformes también exigen la salida de Rafael Olivos Hernández, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, y un congreso extraordinario. Cuando el trabajador tiene que protestar contra su empleador y contra quien cobra cuotas para representarlo, la crisis incluye al sindicato. Su dirigencia debe demostrar a quién defiende y con qué resultados; pedir unidad mientras las bases cuestionan la representación no resuelve esa ruptura. Por supuesto que no.
La convocatoria a integrantes de la CNTE, el ISSSTE, Pemex y el Metro amplía el alcance político. Hay reportes de una marcha adelantada mañana martes 13 desde Siglo XXI y llamados a movilizarse el miércoles 14, fecha de la consulta salarial. Lo relevante es si esa coincidencia consigue sostener algo más que una jornada de inconformidad. Si cada sector obtiene su arreglo y se retira, el gobierno podrá negociar por separado sin responder al problema sanitario que originó estas protestas. Divide y vencerás…
El IMSS presenta un aumento total de 6.8%: 2.9% al salario tabular y 3.9% en prestaciones. La consulta del 14, con acompañamiento del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, debe permitir que los trabajadores decidan sin presiones. Pero aceptar el incremento no significaría aprobar la gestión de Zoé Robledo. El salario puede mejorar y el medicamento seguir faltando; cerrar la negociación no cierra las preguntas sobre las compras.
Robledo ya reconoce saturación, tiempos de espera y dificultades de abasto, aunque las encuadre como desafíos de una institución que atiende a más personas. Esa explicación no cancela su responsabilidad: la demanda creciente también se administra, se prevé y se presupuesta. Reconocer el problema después de las protestas tiene valor únicamente si cambia la respuesta. De otro modo, la admisión solo permite al gobierno seguir igual con un discurso actualizado.
Por su parte, el que la presidenta recorra unidades de IMSS-Bienestar no resuelve por sí mismo el conflicto del IMSS ni explica sus contratos. Si ella tiene que ir personalmente a descubrir las carencias, también ella tiene que preguntar qué le reportaban quienes administran esos servicios. Las familias llevan tiempo denunciándolas. Su gira debiera producir entregas verificables, personal suficiente y responsables del cumplimiento. La atención presidencial no puede convertirse en sustituto de la atención médica.
También merece explicación la respuesta policial del viernes 9. N+ documentó en San Isidro, Azcapotzalco, el encapsulamiento y repliegue de trabajadores cuya protesta su reportero describió como pacífica. Cada operativo debe revisarse por sus circunstancias y por la fuerza utilizada. La autoridad tiene que proteger el tránsito y los accesos de urgencias, pero eso no vuelve adecuado cualquier procedimiento. El gobierno no puede presumir que escucha al personal sin responder por cómo lo trata cuando ese personal protesta.
El riesgo es que un paciente termine enfrentado con quien debería atenderlo porque no consigue cruzar una avenida bloqueada. Esa confrontación deja fuera de la discusión a quienes decidieron sobre los recursos. Mantener libres las urgencias es indispensable, pero también lo es reconocer que el trabajador y el usuario pueden estar padeciendo la misma falla. Desviar toda la indignación hacia el bloqueo facilita que los contratos y sus responsables dejen de examinarse.
Y la oposición debería ser capaz de sostener ese examen cuando se apaguen las cámaras. Seguir el dinero, verificar entregas y acompañar denuncias exige más trabajo que publicar otro video de policías frente a médicos. Tampoco la ciudadanía puede dar por atendido el problema cuando vuelva la circulación. Mientras unos pocos tengan organización para defender sus beneficios y los afectados solo encuentren fuerzas para resolver su emergencia familiar, la rendición de cuentas seguirá siendo una promesa.
¿Hay un punto de quiebre? Todavía no. Habrá que ver si las protestas obligan a revisar el servicio y los recursos, además del salario y la dirigencia sindical. La prueba será lo que cambie dentro de los hospitales cuando dejen de verse manifestantes afuera. Un gobierno capaz de recuperar el control de la calle puede seguir siendo incapaz de garantizar lo que el enfermo necesita. Me temo que en eso seguiremos…
Giro de la Perinola
Cuando termine la protesta, continuará pendiente lo esencial: cuánto se pagó, a quién, por qué precio y qué llegó al paciente. La 4T ofreció acabar con la corrupción para recuperar recursos destinados al bienestar. Que responda por los contratos y por las carencias. Quien espera tratamiento no puede seguir pagando con su salud el tiempo que el gobierno dedica a defenderse. ¿Así o más claro?
