El gobierno federal planea tijeretear el presupuesto destinado a combatir las prácticas desleales de comercio internacional, cuya mayoría provienen de China.
La Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI), perteneciente a la Secretaría de Economía, recibirá 62 millones de pesos el próximo año, de los cuales 55 millones irán a salarios y gastos de operación, y el resto para inversión física.
Así lo detalla el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que el secretario de Hacienda, Édgar Amador, entregó al Congreso el 8 de septiembre.
De avalarse la propuesta, significa una disminución de 39% frente a los 102 millones aprobados para la UPCI en 2026 y será el tercer año consecutivo de recortes.
Especialistas consideran que este ajuste va contra el capítulo 10 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La UPCI se encarga de tramitar y resolver las investigaciones en materia de prácticas desleales de comercio internacional, en sus modalidades de dumping y subvención, así como salvaguardas.
También interviene en la defensa de resoluciones dictadas por la dependencia que encabeza Marcelo Ebrard ante mecanismos alternativos de solución de diferencias, en el ámbito bilateral y multilateral, entre otras actividades.
Al 31 de julio, la UPCI tenía 59 investigaciones en curso y otras 10 con fallo preliminar. De estos 69 procedimientos, 40% corresponden a productos chinos y 16% a estadounidenses.
La unidad comenzó 14 investigaciones tan sólo en el primer semestre, después de empezar 21 casos en 2025 y 12 en 2024.
Por ejemplo, se llevan casos contra chinos por prácticas desleales en importación de bicicletas, acero, cintas de papel autoadhesivas, lámina acrílica, tornillos, vidrio de espejo, vajillas, cierres de metal, gatos hidráulicos y tuberías.
Contra estadounidenses hay indagaciones por comercio de manzanas, pierna y espaldilla de cerdo, así como de perfiles huecos de aluminio y acero laminado en frío.
Al 31 de julio, la UPCI reportó la vigencia de 97 cuotas compensatorias contra 63 productos originarios de 22 países, 46% de los cuales corresponden a China.
“Una autoridad con menos recursos tiene dos efectos negativos: menos apoyo a los productores nacionales que sufren por las prácticas desleales cometidas por otros países y menos recursos para el gobierno por la falta de imposición de cuotas compensatorias”, explicó el expresidente del Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio, Ricardo Ramírez Hernández.
Revisión de acuerdo
“En plena revisión del T-MEC, debilitar a la autoridad investigadora es exactamente la señal contraria que México necesita mandar”, comentó a EL UNIVERSAL.
Expuso que la atención a las prácticas desleales que se señalan en el capítulo 10 del T-MEC no son sólo declaraciones de buena voluntad, sino obligaciones exigibles y con fecha.
“La transparencia del expediente electrónico, el aviso previo de verificación, el informe de la visita y la revelación replicable del cálculo son justamente los elementos que un panel binacional va a revisar, y son los que sostienen una resolución cuando la impugnan”, dijo el experto.
“La UPCI ha hecho un trabajo notable y profesional, incluso diría que ha hecho un milagro con medios muy limitados. El propio T-MEC reconoce que montar estos sistemas cuesta dinero”, señaló Ramírez.
El socio de Vázquez Tercero & Zepeda, Emilio Arteaga Vázquez, aseguró que “un recorte de esta naturaleza y trascendencia pone en peligro la operatividad de la UPCI” encargada de imponer o mantener cuotas compensatorias para proteger la producción nacional.
“Pone en riesgo la calidad de las resoluciones y análisis de la autoridad, que podrían ser cuestionadas por otros países como Estados Unidos, o la misma Organización Mundial del Comercio... sobre todo ahorita que está rebasada la UPCI por el número histórico de casos que lleva”, dijo Arteaga.
Indicó que también se pone en peligro la posibilidad de recaudar contribuciones a través de estas cuotas contra las prácticas desleales.
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