Detenciones por el color de piel o el acento, familias encerradas por miedo y niños que dejaron de asistir a clases forman parte de los efectos de los operativos migratorios en Estados Unidos documentados por Amnistía Internacional en una investigación que incluyó a integrantes de la comunidad mexicana.
En su informe “Teníamos silbatos, ellos tenían armas”, la organización pidió disolver el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras identificar detenciones arbitrarias, uso ilegítimo de la fuerza y condiciones de reclusión que podrían constituir tortura.
La investigación abarca cuatro operaciones federales en Washington, Chicago, Nueva Orleans y Mineápolis-Saint Paul. Amnistía entrevistó a 154 personas entre marzo y junio de 2026, incluidos miembros de las comunidades mexicana, guatemalteca y hondureña afectados directamente y sus familiares. El documento no precisa cuántas víctimas eran mexicanas.
Los agentes decidían a quién detener a partir de características como el color de piel, el origen étnico, el idioma y el acento, señaló la organización. También dirigían sus acciones hacia restaurantes, obras de construcción y estacionamientos donde se reunían jornaleros.
De acuerdo con los hallazgos, en ocasiones verificaban la situación migratoria después de detener a las personas. En otros casos ignoraban los documentos o explicaciones con los que éstas intentaban acreditar su estancia regular.
Las detenciones también alcanzaron a ciudadanos estadounidenses, personas indígenas, refugiadas y solicitantes de asilo.
“No se trataba de hechos aislados ni excepcionales, sino que eran característicos de la manera en que se llevaban a cabo las operaciones”, sostiene Amnistía.
El terror de ser detenido o atacado por el ICE
El informe describe a agentes con el rostro cubierto, fuertemente armados, sin identificación visible y a bordo de vehículos sin distintivos. Documentó entradas a viviendas sin orden judicial, vidrios de automóviles rotos sin justificación y personas arrojadas al suelo pese a no oponer resistencia.
La violencia también alcanzó a quienes vigilaban o grababan los operativos. La organización registró amenazas con armas de fuego, empujones y detenciones de observadores, además del uso de gas lacrimógeno y otras sustancias irritantes contra manifestantes pacíficos.
Entre los casos examinados figuran los disparos contra Silverio Villegas González y Marimar Martínez, en Chicago. Amnistía consideró que el homicidio de Villegas González, así como los de Renee Good y Alex Pretti, en Mineápolis, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.
La organización advierte que videos, testimonios e investigaciones posteriores contradijeron algunas versiones oficiales con las que se intentó justificar los tiroteos.
El miedo a las detenciones modificó la vida de comunidades enteras. Familias permanecieron en sus casas durante semanas o meses, incluso cuando algunos de sus integrantes contaban con estancia regular. Dejaron de acudir al trabajo, a consultas médicas, a servicios religiosos y a citas judiciales.
Los niños estuvieron entre los más afectados. Además de perder clases, algunos presenciaron el arresto de sus padres o cuidadores, fueron separados de sus familiares o quedaron en los asientos traseros de vehículos tras las detenciones.
Otros tuvieron que asumir tareas de cuidado, mientras sus hogares enfrentaban dificultades para conseguir alimentos y pagar la vivienda por la pérdida de quienes aportaban el sustento.
“Las escuelas, los centros de salud, los lugares de culto y de trabajo y los vecindarios dejaron de funcionar como sitios seguros”, señala el informe.
En los centros de detención analizados, Amnistía encontró hacinamiento, falta de atención médica y obstáculos para contactar a abogados y familiares. También documentó casos en los que el ICE se negó a confirmar una detención o revelar el paradero de una persona, lo que consideró posibles actos de desaparición forzada.
Ante los operativos, las comunidades organizaron alertas con silbatos, líneas telefónicas de emergencia, entrega de alimentos, apoyo para pagar rentas y redes de asistencia legal. Sus grabaciones, destacó la organización, fueron decisivas para reconstruir algunos hechos y cuestionar las versiones oficiales.
Amnistía sostiene que los abusos no pueden corregirse únicamente con más capacitación o sanciones individuales, pues identificó fallas en la dirección, contratación, supervisión y rendición de cuentas del ICE.
Además de exigir su disolución, pide restablecer la protección de escuelas, centros de salud y lugares de culto frente a las acciones migratorias, y destinar recursos a servicios para las comunidades.
La organización reclama “garantizar que ninguna persona, independientemente de su situación, sea devuelta a un lugar donde su vida o su seguridad corran peligro”.
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