En un nuevo giro de la teleserie, y en uso de sus atribuciones, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), puso en tabla para la tarde de este miércoles la reforma para promover “la gobernabilidad y la representatividad del sistema político”.

Si bien la decisión la adoptó Núñez el martes en la noche, esta mañana, en una tensa reunión, los jefes de comité de la Cámara terminaron de abonar a esa determinación, al rechazar mayoritariamente una solicitud de las bancadas del Senado para dar una nueva revisión al único y último punto pendiente de esta reforma política.

El lunes pasado, esta iniciativa, presentada en junio de 2025 por el exministro Álvaro Elizalde (PS) y que está prácticamente lista, fue retrasada por los reparos de los senadores Claudia Pascual (PC) e Ignacio Urrutia (Republicano), quienes pidieron corregir la norma que obliga a los partidos políticos a hacer una condena a regímenes dictatoriales en sus respectivas declaraciones de principios.

Se trataba solo de una frase pendiente de esta reforma política, cuyo texto base ya fue aprobado por la Cámara y el Senado.

Lo curioso es que este punto —que no era parte del proyecto original y no afectaba su objetivo central— ya había generado dudas sobre su redacción y había sido derivado semanas atrás a una comisión mixta, integrada por senadores y diputados.

Esa instancia, presidida por la senadora Danisa Astudillo (PS), acordó en forma unánime, con votos desde el Frente Amplio (el diputado Gonzalo Winter) hasta el Partido Republicano (el senador Renzo Trissoti y el diputado Felipe Ross), ajustar la redacción. “Del mismo modo, deberá expresar su condena al establecimiento de un sistema totalitario; al uso de la violencia, propugnarla o incitarla como método de acción política. Asimismo, deberá afirmar su compromiso con la probidad y transparencia de la actividad política”, dice el texto acordado por 9 votos a favor y ninguno en contra.

Pese a ello, a ojos de Pascual y Urrutia, la norma seguía siendo insatisfactoria, ya que podía tener otras implicancias internacionales —al obligar, por ejemplo, a rechazar gobiernos de otros países como Cuba o el de El Salvador, encabezado por Nayib Bukele—, por lo que recomendaron suavizar el tono y el alcance de esa condena.

Sorpresivamente, los otros senadores participantes de la reunión del lunes acogieron este reparo del PC y del senador Urrutia, quien actuó, incluso, a contrapelo de lo que opinaba su partido.

El procedimiento para reabrir la comisión mixta, sin embargo, no era sencillo, al ser algo completamente inusual. De partida, la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso no contemplan expresamente la posibilidad de revertir votaciones, aunque haya habido precedentes en el pasado.

Para hacer el ajuste, Núñez pidió el acuerdo de los comités del Senado, que luego oficiaron a la Cámara para solicitar reabrir el debate en la comisión mixta.

La respuesta fue casi inmediata. En la reunión de esta mañana, los jefes de comité de la Cámara, a instancias de la bancada de la UDI, rechazaron la posibilidad de reabrir el debate.

“No estamos de acuerdo en modificar el acuerdo de la comisión mixta para suavizar el texto acordado para salvar de la declaración de principios, avalando dictaduras del PC, por ejemplo, respecto de Cuba. Es un avance para nuestra democracia que no se avalen dictaduras de cualquier ideología y nos vamos a oponer a que se reabra el debate. Y si se hubiese llegado a citar nuevamente a la mixta, no íbamos a dar la unanimidad y que cada partido asuma su responsabilidad política”, dijo la jefa de bancada de los diputados UDI, Flor Weisse.

“Creemos que es un muy mal precedente el reabrir el debate en una comisión mixta que había llegado a un acuerdo unánime solo porque una senadora comunista y un senador republicano tienen dudas respecto de la redacción. La primera por proteger a Cuba y el segundo por razones poco entendibles”, señaló el diputado Mario Olavarría (UDI), quien fue el representante del gremialismo en esa instancia mixta.

Con esa decisión tomada y sin posibilidad de revertirla, la reforma política se votará esta tarde en el Senado, cuyo texto pasaría a su fase final con la votación del próximo lunes en la Cámara.

En lo medular, la propuesta presentada por Elizalde fortalece a los comités parlamentarios y aumenta las restricciones para la conformación y el financiamiento de partidos; además, eleva los requisitos para las candidaturas independientes.

No obstante, el efecto más apremiante para las tiendas políticas, incluso las grandes, no solo las pequeñas, es que tendrán un plazo de 18 meses para actualizar sus cifras de militantes, una tarea que históricamente ha sido tortuosa.