Una nueva controversia se abrió en Argentina luego de que la Corte Suprema dejara vigente la derogación de la Ley de Tierras Rurales, eliminando en la práctica las restricciones que limitaban la adquisición de terrenos rurales por parte de extranjeros.
La decisión se adoptó tras rechazar una demanda presentada contra el decreto impulsado por el Gobierno de Javier Milei.
La normativa aprobada en 2011 establecía que las personas o empresas extranjeras no podían controlar más del 15% de las tierras rurales del país, con límites adicionales a nivel provincial y municipal. En diciembre de 2023, Milei derogó estas restricciones mediante el artículo 154 del DNU 70/2023, pero la medida había sido frenada judicialmente tras una acción presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM).
¿Qué resolvió la Corte Suprema?
El máximo tribunal argentino revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo del decreto. Sin embargo, la Corte no resolvió el fondo de la discusión sobre la constitucionalidad de la derogación: determinó que el CECIM no contaba con la legitimación necesaria para presentar esa demanda y que no existía una controversia judicial concreta que habilitara su intervención.
En consecuencia, la derogación de la Ley de Tierras vuelve a tener vigencia y desaparecen las restricciones que establecía esa normativa para la propiedad rural extranjera.
El alcance de esta resolución fue abordado por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien advirtió que “cualquier persona física o jurídica extranjera o cualquier Estado extranjero pueden comprar toda la tierra rural a donde quieran -incluida las zonas de frontera- sin límite alguno”.
El CECIM, organización que había impulsado el reclamo judicial, cuestionó duramente la resolución. En un comunicado, sostuvo: “La Corte resolvió el problema político de Milei. Acaba de poner, este 29 de septiembre, a la República de Argentina en venta”.
La discusión también había llegado al Congreso durante este año. El Gobierno intentó incorporar cambios sobre la adquisición de tierras por extranjeros dentro de un proyecto más amplio sobre propiedad privada, pero retiró ese capítulo en agosto debido a la falta de respaldo suficiente y a la resistencia generada entre distintos sectores políticos y sociales.
