Repudiable convertir el reclamo por agua limpia en pretexto para la violencia porril

Una manifestación ciudadana puede ser multitudinaria, cerrar calles, concentrarse frente a edificios públicos y expresar con toda energía el descontento que supone su motivación. Lo que no puede permitirse es que se convierta en una batalla campal al ser secuestrada por quienes perversamente manipulan la protesta genuina y la convierten en acciones radicales que buscan prohijar la desestabilización y el caos.

Guadalajara vivió este domingo una jornada que debería obligarnos a reflexionar seriamente sobre los límites de la confrontación y las responsabilidades de todos. Una movilización que tenía razones suficientes para exigir soluciones a la crisis de calidad del agua terminó en ataques violentos contra instituciones y afectaciones a personas que quedaron atrapadas ante las acciones criminales de provocadores radicales.

Lo anterior derivó en la lógica intervención policial para sofocar la violencia generada por quienes buscan lucrar políticamente con reclamos ciudadanos sustentados en una causa legítima, sin medir el severo riesgo que provocan a la integridad de los propios manifestantes, que no acuden preparados para enfrentar la violencia de porros agitadores, incluso posiblemente contratados para ello, algunos presumiblemente provenientes de distintos lugares del país.

El derecho a manifestarse debe ser respetado y protegido por las autoridades, pero nadie puede invocarlo para justificar actos violentos. Se trata de una libertad democrática que no depende de que el gobierno comparta las exigencias o apruebe las consignas. Cuando miles de personas recorren las calles para exigir algo tan elemental como agua de calidad, las autoridades tienen la obligación de escuchar.

Pero esa libertad tiene una condición inseparable de su legitimidad democrática: debe ejercerse pacíficamente. Una cosa es levantar la voz y otra levantar la mano para golpear. Una cosa es cuestionar a la autoridad y otra intentar resolver mediante la fuerza aquello que corresponde discutir y exigir mediante procedimientos institucionales. La indignación puede explicar la intensidad de una protesta, pero no convierte cualquier conducta en legítima.

Lo ocurrido frente a Casa Jalisco muestra precisamente el peligro de perder esa distinción. La movilización había avanzado desde La Minerva con una participación numerosa y diversa. Entre los asistentes había familias con niños, adultos mayores, estudiantes y ciudadanos preocupados por la calidad del agua que reciben. Sin embargo, al llegar a las inmediaciones de la residencia oficial del gobernador Pablo Lemus, un grupo comenzó a derribar las vallas de protección del inmueble, a pesar de que otros participantes intentaron evitar la confrontación. Posteriormente se registraron agresiones, lanzamiento de objetos y enfrentamientos con elementos policiales que respondieron mediante equipos antimotines, chorros de agua y agentes irritantes. Las circunstancias de cada episodio y la proporcionalidad de la respuesta oficial deben esclarecerse mediante las investigaciones correspondientes.

Es importante subrayar que la participación de estudiantes de la Universidad de Guadalajara, del ITESO y de otras instituciones educativas no debe confundirse con las acciones de quienes protagonizaron episodios violentos. La juventud tiene derecho a organizarse y manifestar su inconformidad. Tampoco la presencia de colectivos que defienden otras causas, incluida la situación de Palestina, constituye por sí misma una conducta reprochable. Lo que debe examinarse son las acciones de quienes pudieron haber cometido agresiones, independientemente de su procedencia o filiación.

Sería profundamente injusto atribuir a todos los manifestantes las conductas de un grupo determinado. Si algunos participantes intentaron impedir que se derribaran las barreras o pidieron a quienes actuaban violentamente que se retiraran, esa circunstancia merece especial atención. Revelaría que dentro de la propia movilización existía conciencia de que la confrontación no formaba parte de sus objetivos. No puede permitirse que las acciones de unos cuantos terminen anulando el derecho de miles a expresar pacíficamente sus demandas.

También corresponde investigar si las acciones violentas fueron espontáneas, si existió coordinación previa o si participaron personas interesadas en provocar deliberadamente un enfrentamiento. Pero conviene actuar con rigor antes de hablar de infiltraciones o provocaciones organizadas. La presencia de encapuchados y los intentos de derribar barreras son hechos que pueden documentarse; atribuirlos a determinados partidos, instituciones o grupos de interés exige pruebas adicionales. Una sociedad que reclama transparencia no puede aceptar que las sospechas sustituyan a las pruebas.

El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de todas las personas involucradas, incluidos manifestantes, ciudadanos, servidores públicos y policías. Ninguna autoridad está obligada a permanecer inmóvil cuando existen agresiones concretas o riesgos inmediatos. La fuerza pública puede y debe intervenir cuando sea necesario para impedir actos violentos y restablecer condiciones de seguridad.

Sin embargo, esa facultad no autoriza a emplear cualquier método ni intensidad de fuerza. La intervención policial debe sustentarse en la ley y mantenerse dentro de parámetros de proporcionalidad. Su propósito no puede ser castigar la inconformidad ni dispersar indiscriminadamente a quienes ejercen pacíficamente sus derechos. La policía está para proteger a la sociedad, no para decidir cuáles opiniones pueden expresarse.

Ese es el equilibrio que debe preservarse. Una autoridad que tolerara indefinidamente agresiones concretas pondría en riesgo a los ciudadanos. Pero una que respondiera indiscriminadamente contra una multitud por las acciones de algunos participantes también incumpliría su deber. Los protocolos deben privilegiar la prevención, el diálogo y la identificación de conductas específicas, utilizando la fuerza solamente cuando resulte necesario.

La presencia de familias, menores de edad y personas mayores en una manifestación constituye una expresión legítima de participación ciudadana que merece pleno respeto y protección. Lo verdaderamente delicado es que grupos violentos provoquen enfrentamientos que ponen en riesgo la integridad de quienes acudieron pacíficamente a ejercer sus derechos. Nadie tiene derecho a utilizar una multitud como escudo para cometer agresiones ni a convertir una protesta legítima en un escenario de violencia que perjudique a los propios manifestantes.

Por lo mismo, la organización de cualquier manifestación exige responsabilidad. No se trata de imponer controles políticos ni de limitar la libertad de reunión, sino de reconocer que las convocatorias públicas requieren previsión y medidas razonables para disminuir riesgos. Quienes promueven movilizaciones pueden establecer mecanismos de coordinación y deslindarse expresamente de cualquier conducta violenta, sin que ello los convierta automáticamente en responsables de los actos individuales de terceros.

Las autoridades, por su parte, deben facilitar el ejercicio de ese derecho. Es indispensable mantener comunicación con organizadores cuando sea posible, prever rutas y disponer de personal capacitado. La presencia policial, bien organizada, puede constituir una garantía para quienes se manifiestan. El problema surge cuando la vigilancia se transforma en intimidación o cuando algunos participantes consideran que la sola presencia de policías justifica enfrentarlos.

En este caso, resulta indispensable esclarecer los hechos mediante una investigación objetiva. Debe conocerse quiénes comenzaron a retirar las vallas, qué agresiones ocurrieron, cuándo se ordenó la intervención policial y cuáles fueron sus consecuencias. También debe informarse sobre las personas detenidas y las razones de cada detención. Si existen lesiones, daños materiales o algún uso excesivo de la fuerza, deberán determinarse las responsabilidades correspondientes. Lo mismo debe ocurrir con quienes hayan cometido agresiones o daños ilícitos. No puede haber impunidad para unos ni protección automática para otros.

Hace apenas unas horas advertíamos sobre la inconveniencia de convertir la crisis del agua en botín electoral. Señalábamos que los representantes políticos deberían dedicar sus esfuerzos a conseguir recursos, exigir el cumplimiento de las atribuciones federales y locales y contribuir a identificar soluciones, en lugar de concentrarse en desgastar adversarios rumbo a 2027.

Los acontecimientos de este domingo refuerzan esa advertencia. Sería ingenuo desconocer que la confrontación puede ser aprovechada políticamente por actores de distintos signos. Unos podrían utilizar las imágenes de violencia para presentar a todos los inconformes como agitadores; otros podrían aprovechar cualquier actuación policial cuestionable para afirmar que toda intervención estatal constituye represión, sin distinguir entre manifestantes pacíficos y personas que realizaron agresiones.

La democracia necesita oposición, crítica, protesta y vigilancia del poder. No necesita que cada problema termine convertido en una batalla donde se pierda la capacidad de distinguir responsabilidades. Las autoridades deben aceptar el escrutinio público y los ciudadanos pueden organizarse para exigir resultados. Pero ninguna de esas libertades requiere recurrir a la violencia ni justifica tolerar agresiones deliberadas.

Las instituciones de seguridad pública deben contar con preparación específica para atender manifestaciones. No es lo mismo enfrentar una agresión armada que controlar una concentración numerosa donde coexisten ciudadanos pacíficos y personas que realizan actos violentos. Las técnicas de contención, mediación y aislamiento de agresores requieren entrenamiento adecuado. La autoridad debe actuar con firmeza, pero también con inteligencia, porque una respuesta indiscriminada puede incrementar la tensión.

Una intervención policial adecuada no puede calificarse de represión ilegítima. El Estado tiene obligaciones simultáneas: respetar la protesta pacífica, proteger a sus participantes, garantizar la seguridad pública y actuar legalmente frente a conductas violentas.

Lo ocurrido este domingo debería servir para fortalecer esa comprensión, no para profundizar enfrentamientos. Si existen personas que cometieron delitos, deben responder conforme a derecho, con respeto al debido proceso. Si alguna autoridad actuó fuera de los límites legales, debe investigarse y sancionarse. Y si la mayoría de los manifestantes acudió pacíficamente a exigir agua limpia, esa participación merece reconocimiento, no quedar reducida a las imágenes más violentas de la jornada.

Las organizaciones ciudadanas también tienen una responsabilidad importante: preservar el carácter pacífico de la causa y evitar que sea desplazada por agendas ajenas. Una movilización puede incorporar personas de distintas procedencias, universidades e ideologías sin perder su objetivo central. Lo que no puede permitir es que la imposición mediante la fuerza sustituya la participación ciudadana.

El reto consiste en regresar la discusión a lo verdaderamente importante. Guadalajara necesita agua de calidad, diagnósticos técnicos, vigilancia de las fuentes hídricas, recursos suficientes y soluciones inmediatas y estructurales. Necesita también que los ciudadanos participen en las decisiones y vigilen el cumplimiento de los compromisos públicos.

Quienes crean que una movilización adquiere mayor fuerza política mientras más violenta se vuelve deberían revisar esa idea. La violencia frecuentemente termina debilitando una exigencia, alejando a ciudadanos que comparten sus objetivos y proporcionando argumentos a quienes desean descalificarla. Una manifestación pacífica, numerosa y organizada puede ejercer una presión pública considerable sin poner en riesgo a sus participantes. Su autoridad proviene de la legitimidad de la causa, no de la capacidad de generar enfrentamientos.

Y quienes desde la política pretendan aprovechar lo sucedido para profundizar la confrontación también deberían medir las consecuencias. La cercanía electoral no puede justificar que se alienten ambientes de hostilidad ni que cada manifestación se convierta en una oportunidad para provocar una crisis mayor. La protesta ciudadana debe mantenerse libre de cualquier intento de apropiación partidista, especialmente cuando se trata de una demanda que afecta por igual a personas de todas las preferencias políticas.

Toda manifestación pública lícita debe poder realizarse pacíficamente y recibir protección efectiva de las autoridades. Pero proteger la protesta no significa tolerar agresiones ni permitir que grupos violentos impongan sus métodos a miles de ciudadanos. La fuerza pública tiene el deber de intervenir cuando sea necesario para proteger personas y restablecer la seguridad, siempre dentro de los límites de la legalidad y la proporcionalidad. Ni la indignación autoriza la violencia ni la violencia autoriza una respuesta indiscriminada.

La advertencia es igualmente clara para quienes pretendan radicalizar una causa ciudadana o utilizar los enfrentamientos como instrumento político: tengan cuidado. Guadalajara necesita recuperar la calidad del agua, no acostumbrarse a que cada protesta termine en confrontaciones. Quienes buscan soluciones deben poder marchar sin temor a ser agredidos, utilizados como escudo o confundidos con quienes recurren a la violencia. Y quienes tienen la obligación de preservar el orden deben hacerlo sin convertir la fuerza en sustituto del diálogo. Porque esa es la sentencia: una manifestación pacífica fortalece a la sociedad y obliga al poder a escucharla; una manifestación secuestrada por la violencia puede terminar perjudicando precisamente a quienes tenían toda la razón para salir a las calles. El agua sucia ya constituye un problema suficientemente grave. No permitamos que también termine contaminando la convivencia democrática de Jalisco.