Como ocurre con otras dependencias federales, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reservó por cinco años y con la posibilidad de prorrogar hasta 10, los nombres de sus funcionarios y, por lo tanto, sus declaraciones patrimoniales, para evitar que sean sobornados o extorsionados por personas que son investigadas por movimientos financieros irregulares.
En mayo de 2024 un particular solicitó a la UIF el nombre de los funcionarios que integraban esa institución, pero en respuesta la dependencia argumentó que dar a conocer el nombre de estos funcionarios podrían ser objeto de atentados o amenazas por parte de personas investigadas.
“Cualquier dato que pueda hacer identificable al personal adscrito a la UIF se considera información reservada, toda vez que el dar a conocer dicha información pondría en riesgo la seguridad, incluso la vida de una persona física.
“Al hacerse públicos los datos señalados se tendría como consecuencia que los servidores públicos de la UIF puedan ser objeto de extorsiones, sobornos, atentados o amenazas por parte de los sujetos respecto de los cuales se realizan análisis de conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo y los relacionados con estos”.
También destaca que personal de la UIF —entre ellos, directivos de alto nivel— que responde solicitudes de información vía Ley de Transparencia no incluyen sus nombres ni apellidos y quienes elaboraron y autorizaron las respuestas sólo aparecen con sus siglas.
Con base en esta resolución, la Unidad de Inteligencia Financiera señala que esta reserva de información culminará hasta el 31 de mayo de 2029, pero advierte que podrá prorrogarse hasta 10 años.
EL UNIVERSAL ha documentado que dependencias del gobierno federal han reservado información de funcionarios públicos, como la Secretaría de Marina (Semar), Infonavit, el Centro Nacional de Información (CNI), entre otras.
“Pueden obtener información privilegiada”
En la solicitud 33026324001611 se argumenta que otra de las justificaciones para no entregar el listado de los funcionarios de la UIF es evitar que personas que están siendo investigadas busquen a estos servidores públicos y obtener información privilegiada de las indagatorias que se realizan.
En este sentido, también se justifica que al dar a conocer el nombre de los funcionarios de la UIF se podrían afectar las acciones de prevención de delitos que lleva a cabo la institución, y quienes podrían ser “forzados” a revelar información sobre estas.
“Con la difusión de la información solicitada se pondría en riesgo la seguridad, la salud e, incluso, la vida de los servidores públicos que laboran en la Unidad de Inteligencia Financiera, y al ser reconocidos podrían afectar las acciones de prevención de delitos que lleva a cabo la unidad, además de que podrían ser forzados a revelar información sobre las mismas, pudiendo conocer la capacidad de acción, métodos y procedimientos del sujeto obligado”.
Otro de los argumentos que se presentaron para reservar información es que la UIF desarrolla funciones de seguridad nacional ligadas a funciones de prevención y detención de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo realizadas a través del sistema financiero en detrimento de la economía nacional.
“En ese sentido, el personal adscrito a la UIF requiere de la mayor seguridad para el ejercicio de sus facultades al tener conocimiento de toda aquella información que pudiera estar relacionada con estos ilícitos”.
Reserva puede ampliarse a 10 años
En la justificación de mantener cinco años reservada esta información, la UIF recordó que en la Ley Federal de Transparencia se indica que podrá clasificarse como información reservada aquella que pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de personas.
Además, se destaca que el plazo de cinco años es el que se considera como “adecuado” para salvaguardar la integridad de los servidores públicos de la UIF.
“Esta unidad administrativa se encuentra jurídicamente imposibilitada para proporcionar el nombre y datos de contacto del personal adscrito a la misma debido a que cualquier dato que pueda hacer identificable al personal adscrito a la UIF se considera información reservada.
“En consecuencia, derivado de los argumentos antes expuestos, esta UIF clasifica dicha información como reservada por un periodo de cinco años (…) Este plazo se considera adecuado para salvaguardar la integridad de los servidores públicos que realizan actividades de prevención de delitos”.
Se indica que esta reserva de clasificación culminará el 31 de mayo de 2029, pero advierte que podría prorrogarse por cinco años más.
Dicha clasificación culminará el 31 de mayo de 2029, pudiéndose prorrogar por un plazo igual atendiendo a las circunstancias del caso”.
Sólo siglas y nombres de funcionarios
Con base en esta clasificación hecha en mayo de 2024, al día de hoy permanecen como reservados también los nombres de trabajadores de la Unidad de Inteligencia Financiera que responden solicitudes de información que se hacen.
Por ejemplo, en junio pasado, en la solicitud de información 340026300168826 un particular solicitó el número de renuncias, bajas o separación de funcionarios adscritos a la UIF entre el 1 y 18 de mayo de este año relacionadas con la elaboración de dictámenes vinculados con funcionarios de Sinaloa investigados públicamente, como el exgobernador Rubén Rocha Moya.
En respuesta, el director general de Asuntos Normativos e Internacionales de la UIF contestó que no había localizado esa información, pero evitó dar su nombre justificando la declaración de reserva hecha en mayo de 2024.
Además, destaca que sólo aparecen las siglas de nombres y apellidos de los funcionarios que elaboraron, revisaron y autorizaron la respuesta de esa solicitud.
“El nombre del servidor público adscrito a la UIF se encuentra reservado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al contenido del oficio D.E-UIF-140/2024, de fecha 31 de mayo de 2024”.
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