La Fiscalía General de la República (FGR) reservó por otros cinco años el atentado explosivo que sufrió en mayo de 2019 la entonces senadora de Morena Citlalli Hernández, pues justificó que las indagatorias están dentro de una carpeta de investigación y que hacerlas públicas afectaría la seguridad nacional.
En respuesta a una solicitud de información hecha por EL UNIVERSAL, la FGR justificó la reserva al afirmar que la información solicitada se encuentra dentro de una carpeta de investigación en trámite ante el agente del Ministerio Público de la Federación, por lo que hacerla pública puede alertar o poner sobre aviso a los involucrados, “en este caso aquellos que forman parte de la delincuencia organizada”.
En junio de 2019, tras el atentado, la FGR reservó por cinco años la información sobre este hecho; sin embargo, en agosto pasado de nueva cuenta la fiscalía blindó la información por cinco años más, por lo que será hasta 2031 que se abra de forma pública este caso.
“La información solicitada se encuentra inmersa en una carpeta de investigación, la cual se encuentra en trámite; por ende, se clasifica como reservada.
“Derivado de lo anterior, se considera que el revelar la información solicitada respecto a datos que se encuentran inmersos en una carpeta de investigación que se encuentra en trámite ante el agente del Ministerio Público de la Federación hace vulnerable la debida integración de ésta, toda vez que dicha información puede alertar o poner sobre aviso a los involucrados, en este caso aquellos que forman parte de la delincuencia organizada”, justiificó.
La noche del 29 de mayo de 2019 un artefacto explosivo de hechura casera en forma de libro estalló en la oficina de la entonces senadora Citlalli Hernández, ubicada en el piso tres de la torre de oficinas del Senado.
La legisladora salió inmediatamente de su oficina hacia el servicio médico, que se ubica un piso abajo, alterada, con la vestimenta llena de polvo blanco y con leves quemaduras.
El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador calificó el artefacto como una “bomba casera de poco impacto” y aseguró que su movimiento siempre se ha conducido por la vía pacífica, y pidió a la población rechazar cualquier forma de violencia.
“Riesgo a la seguridad nacional”
En la página 3 del oficio FGR/UETAG/004019/2026 la FGR aseguró que la divulgación de la información sobre este atentado a la exsecretaria de las Mujeres representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional.
Se afirma que entregar esta información representa un riesgo real, toda vez que se expondrían las líneas investigación llevadas a cabo por el Ministerio Público de la Federación, en las cuales, se indica, se reúnen las evidencias para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los medios de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal y la probable responsabilidad del inculpado ante el órgano jurisdiccional competente.
También se afirma que entregar la información representa “un riesgo demostrable”, ya que al otorgar la información solicitada se expondría la eficacia de esta fiscalía.
“Es un riesgo identificable, derivado de que la información solicitada se encuentra relacionada con indagatorias en trámite y de ser difundida dejaría expuesta información sobre la capacidad para llevar a cabo las diligencias pertinentes y útiles para demostrar la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión”.
Advierte de sanciones penales si dan información
En la página 7 de la resolución la FGR advirtió que con base en artículo 225 del Código Penal Federal es un delito a la administración de justicia por parte de servidores públicos dar a conocer a quien no tenga derecho documentos que obren en una carpeta de investigación o un proceso penal que sean reservados o confidenciales.
Se indica que el funcionario que entregue información sobre este caso se haría acreedor a sanciones penales y administrativas.
“Bajo este contexto, la persona servidora pública que quebrante la reserva de la información, al dar a conocer datos inmersos en expedientes de investigación a quien no tiene derecho, incumpliría lo estipulado en los numerales antes citados, por lo que estaría cometiendo el delito contra la administración de justicia.
Monreal: nunca supe de las indagatorias
Ricardo Monreal, diputado federal y coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, lamentó que, a varios años del ataque contra la actual secretaria general de su partido, Citlalli Hernández, los pormenores y conclusiones de la investigación sigan reservados.
El legislador, quien coordinaba la bancada de Morena en el Senado al momento del atentado, recordó el acompañamiento que brindó a Hernández Mora en aquel entonces.
En entrevista con EL UNIVERSAL, sostuvo que sobre las investigaciones nunca conoció los avances debido a la secrecía de la indagatoria que impuso la autoridad ministerial desde el inicio del caso.
“La verdad es que nunca supe sobre los avances de las investigaciones. Yo fui al hospital con ella como un gesto de solidaridad por ese atentado, pero era la Fiscalía General la que tenía la investigación, nosotros no le dimos seguimiento, seguramente ella lo sabe”, expuso.
El atentado contra Citlalli Hernández ocurrió la noche del 29 de mayo de 2019 y fue calificado como uno de los episodios de violencia política más graves dentro del recinto legislativo. La entonces senadora estaba en sus oficinas del tercer piso de la Cámara Alta cuando abrió un paquete que simulaba ser un libro enviado como obsequio. Al levantar la tapa el artefacto casero detonó y provocó una llamarada y una nube de humo.
Según las declaraciones de la propia Citlalli, su rápida reacción le permitió arrojar el objeto antes de la explosión, con lo que evitó heridas de gravedad, aunque resultó con quemaduras leves en manos y rostro.
En su momento el suceso encendió las alarmas de seguridad nacional y obligó al Senado a reformar por completo sus protocolos de revisión de paquetería e introdujo inspecciones más minuciosas con equipo especial.
Tras el incidente, la FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero, atrajo la investigación tras una llamada directa del propio Monreal. No obstante, el caso entró rápidamente en una fase de absoluto hermetismo.
En 2020 el Comité de Transparencia de la fiscalía determinó clasificar el expediente como reservado hasta por cinco años, con el argumento de que revelar la información pondría en riesgo las líneas de investigación activas en contra de los presuntos responsables.
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