Ginebra.- El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este martes una resolución que condena la represión transnacional "sistemática e institucionalizada" de las autoridades rusas contra activistas políticos, opositores, periodistas, abogados y otras personalidades en el exterior.
Acusadas a menudo de "terroristas", "extremistas" o "agentes extranjeros", estas personas suelen sufrir amenazas de muerte, ataques digitales, represalias contra sus familiares, son vigiladas o se emplean contra ellas medidas que restringen el acceso a la propiedad y a servicios financieros o consulares, denunció el texto.
En su persecución a la disidencia más allá de sus fronteras, Rusia también hace un uso indebido de mecanismos internacionales de cooperación, incluidos los establecidos por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), indicó la resolución, patrocinada entre otros por los 27 países de la Unión Europea.
El texto aprobado en la penúltima jornada del Consejo insta a Moscú a eliminar "las restricciones impuestas a la diversidad de ideas, la crítica y la disidencia", y prorroga durante un año el mandato de la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en Rusia (actualmente la experta búlgara Mariana Katzarova).
En el interior de Rusia, subraya la resolución, se siguen denunciando ejecuciones extrajudiciales de personas críticas con el Gobierno, así como graves restricciones a las libertades de opinión, expresión, reunión pacífica y asociación.
También se advierte un hostigamiento a quienes protestan por ese deterioro de los derechos humanos o por la invasión rusa de Ucrania, "dando lugar a una criminalización de la disidencia pacífica".
El texto expresa preocupación por el uso generalizado de la tortura, en la que en ocasiones participa personal médico o se utilizan tratamientos psiquiátricos coercitivos como herramienta de represión.
La resolución del Consejo señala que estos malos tratos ponen en peligro, entre otros, a los más de dos mil presos políticos, y recuerda que las autoridades rusas siguen sin investigar de forma imparcial la muerte del líder de la oposición Alexéi Navalni en 2024, con sospechas de que "pudo ser envenenado con una toxina letal".
El texto recuerda el cese por la fuerza de la actividad de organizaciones de la sociedad civil como Memorial, el Grupo Helsinki de Moscú o el Centro Sajarov, y expresa preocupación por "la creciente politización y militarización de las escuelas".
La resolución se aprobó con 21 votos a favor, 21 abstenciones y cinco votos en contra (los de China, Cuba, Vietnam, Etiopía y Burundi).
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